La Central Obrera Boliviana, sectores campesinos y transportistas abrieron una nueva etapa de conflicto contra el gobierno. La protesta combina demandas laborales, rechazo a cambios en derechos adquiridos, crisis por combustibles y un pedido directo de salida del presidente.
Bolivia volvió a quedar atravesada por una crisis social de alto voltaje. Desde la madrugada de este viernes 8 de mayo, la Central Obrera Boliviana, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y distintos sectores del transporte impulsan un paro general indefinido con bloqueos en rutas y puntos estratégicos del país.
La medida no se limita a una protesta sectorial. El planteo central de las organizaciones movilizadas es la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien responsabilizan por la falta de respuestas ante el deterioro económico, los problemas de abastecimiento, el conflicto por los combustibles y la tensión acumulada con trabajadores, campesinos y transportistas.
Un paro que corta rutas y abre una crisis política
Los bloqueos comenzaron a sentirse desde las primeras horas del día. En el departamento de La Paz se reportaron interrupciones en zonas como Patacamaya, Villa Remedios, Cruce Luribay, Santiago de Machaca, Viacha, Caranavi y Santa Bárbara. En Beni también se registraron cortes en puntos clave, entre ellos el puente Yucumo y San Ignacio.
La protesta llega en un momento especialmente sensible para el gobierno boliviano. Rodrigo Paz cumple seis meses de gestión en medio de una economía golpeada, tensiones por el combustible, reclamos salariales y una creciente disputa con organizaciones sociales que ya no plantean solamente negociación, sino salida política.
La COB resolvió no asistir a las mesas convocadas por el gobierno y cuestionó la legitimidad del ministro de Trabajo, Edgar Morales, como interlocutor. Esa negativa cerró, al menos por ahora, una vía institucional de negociación y dejó el conflicto instalado en las calles y rutas.
El movimiento sindical endurece el reclamo
El documento difundido por las organizaciones movilizadas fija una posición sin margen para soluciones intermedias: sostener el paro hasta la salida del mandatario. Según la dirigencia, el gobierno no escuchó las demandas populares y no cumplió los compromisos asumidos.
Entre los puntos planteados aparecen la defensa de la Ley General del Trabajo, el rechazo a nuevas alzas en el costo de los combustibles y la ratificación de un “Acuerdo Interinstitucional de Unidad y Lealtad”, firmado el 7 de mayo por sectores sindicales y campesinos.
La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos instruyó a sus bases en las 20 provincias a mantener el cerco de forma permanente. Esa decisión transforma la protesta en una presión territorial extendida, con capacidad de afectar el transporte, el abastecimiento y la circulación interna.
Combustibles, salarios y malestar acumulado
El conflicto no nació de un solo reclamo. En los últimos meses, los transportistas venían denunciando problemas con la calidad de los combustibles y daños en vehículos. También exigían una respuesta directa del presidente. A eso se suma el reclamo salarial de la COB, que pidió un aumento del 20%, en un contexto de inflación, escasez y pérdida de poder adquisitivo.
La situación revela una tensión de fondo: el intento del gobierno de estabilizar la economía choca con sectores populares que temen pagar el costo del ajuste. En Bolivia, como en otros países de la región, el precio del combustible, el salario y los derechos laborales no son temas técnicos aislados; son parte del pacto social que define quién carga con la crisis.
Fuentes consultadas: TeleSUR
