Más de la mitad de la población haitiana atraviesa niveles severos de inseguridad alimentaria. La violencia de las pandillas, el desplazamiento masivo, el encarecimiento del combustible, la parálisis económica y el debilitamiento del Estado empujan al país a una crisis humanitaria cada vez más profunda.
Haití vuelve a quedar frente a una de esas tragedias que el mundo mira de lejos, con preocupación declarativa y respuestas siempre insuficientes. Casi seis millones de personas enfrentarán en los próximos meses una situación de inseguridad alimentaria aguda, según una nueva evaluación de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria, conocida por sus siglas en inglés como IPC.
La cifra es brutal: alrededor de 5,8 millones de haitianos, más de la mitad de la población del país, se encuentran en niveles de crisis alimentaria o peores. De ellos, más de 1,8 millones están en fase de emergencia, lo que significa que no logran cubrir necesidades alimentarias básicas, agotan sus últimos recursos y requieren asistencia urgente para sobrevivir.
No se trata de una crisis aislada ni de una mala temporada agrícola. El hambre en Haití es el resultado de una acumulación de violencias: violencia armada, violencia económica, violencia institucional y violencia climática. Las pandillas controlan territorios, bloquean rutas, dificultan el comercio, interrumpen la distribución de alimentos y obligan a miles de familias a abandonar sus hogares. Donde no hay seguridad, tampoco hay mercado, escuela, hospital ni trabajo estable.
La violencia de los grupos armados ha desplazado a más de 1,4 millones de personas, muchas de ellas hacinadas en refugios improvisados, escuelas, iglesias o edificios públicos. Esa población desplazada perdió vivienda, ingresos, redes familiares, acceso a alimentos y, en muchos casos, cualquier posibilidad de sostener una vida cotidiana mínimamente ordenada. En Haití, la emergencia no se mide solamente por la falta de comida, sino por la destrucción del tejido social que permite conseguirla.
La capital, Puerto Príncipe, y varias zonas del país viven bajo una presión extrema. Los grupos armados no solo disputan barrios: también controlan accesos, caminos, infraestructura y circuitos comerciales. Esa situación encarece el transporte, limita la entrada de ayuda humanitaria y vuelve más difícil que los alimentos lleguen a quienes más los necesitan. En un país altamente dependiente de las importaciones, cada bloqueo y cada aumento del combustible golpean directamente el precio del plato diario.
El Programa Mundial de Alimentos advirtió que, aunque la asistencia permitió evitar que unas 200.000 personas cayeran en niveles aún más graves de hambre, esos avances son frágiles. La ayuda humanitaria está funcionando como un sostén de emergencia, pero no alcanza para revertir una crisis estructural. Si el financiamiento internacional se reduce o si la violencia impide distribuir alimentos, la situación puede deteriorarse con rapidez.
A la inseguridad se suma la presión económica. La inflación, aunque mostró una baja respecto a niveles anteriores, sigue golpeando a familias que ya gastan casi todo lo que tienen en alimentarse. Además, el aumento del precio del combustible encarece el transporte, la producción agrícola, la distribución de alimentos y hasta el funcionamiento de servicios básicos. Para muchas familias, la elección diaria ya no es entre productos distintos, sino entre comer, trasladarse, comprar agua o conseguir medicinas.
La crisis también tiene un rostro rural. En regiones como Artibonite, una de las zonas agrícolas más importantes del país, la violencia de las pandillas afectó la producción, el comercio y la movilidad de los campesinos. Cuando una zona productora queda atravesada por el miedo, el hambre se expande más allá de sus fronteras. La tierra puede seguir siendo fértil, pero si no se puede sembrar, cosechar o transportar, el alimento deja de llegar.
Los fenómenos climáticos agravan todavía más el escenario. En los últimos días, lluvias intensas en el noroeste de Haití provocaron muertes, daños en viviendas, caminos, cultivos e infraestructura básica. En un país debilitado por la violencia y la pobreza, cada inundación, cada puente dañado y cada cultivo perdido empujan a más personas hacia la dependencia de la ayuda externa.
La situación sanitaria también acompaña el deterioro general. Organizaciones humanitarias han advertido sobre el colapso parcial del sistema de salud, la falta de agua potable, la escasez de alimentos y la dificultad para acceder a comunidades atrapadas entre la violencia y la pobreza. Cuando el hambre avanza sobre una población desplazada, sin servicios adecuados y con hospitales debilitados, el riesgo deja de ser solamente alimentario: se convierte en una emergencia de vida o muerte.
Dato: la nueva evaluación IPC proyecta que 5,8 millones de personas, cerca del 52% de la población haitiana, enfrentarán inseguridad alimentaria aguda entre marzo y junio de 2026; más de 1,8 millones estarán en fase de emergencia alimentaria.
