La presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar la normativa vigente después de que una senadora oficialista reconociera que, durante su gestión como alcaldesa de Tecámac, se aplicó la eutanasia a miles de perros callejeros. El caso expone una crisis urbana, sanitaria y ética que atraviesa a buena parte de América Latina: abandono, reproducción sin control, falta de refugios, escasa esterilización y Estados que muchas veces llegan cuando el daño ya está hecho.
La protección animal volvió al centro del debate público en México después de que la presidenta Claudia Sheinbaum planteara la necesidad de revisar la normativa vigente tras conocerse que, en el municipio de Tecámac, Estado de México, fueron sacrificados 10.000 perros callejeros entre 2019 y 2023.
El caso fue reconocido por la actual senadora Mariela Gutiérrez, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional, quien durante ese período se desempeñó como alcaldesa de Tecámac, un municipio ubicado a unos 40 kilómetros al norte de Ciudad de México. La legisladora sostuvo que los animales sacrificados se encontraban en condiciones de salud “deplorables” o habían estado involucrados en ataques a personas, y defendió que los procedimientos se realizaron bajo protocolos y normas oficiales mexicanas.
La explicación, sin embargo, no cerró la discusión. Al contrario: abrió una pregunta mayor, que va mucho más allá de un municipio o de una gestión local. ¿Qué debe hacer un Estado cuando miles de animales viven en situación de abandono, enfermos, sin control sanitario y expuestos a la violencia de la calle? ¿Alcanza con decir que una práctica estaba permitida por la norma? ¿O justamente esa norma debe ser revisada cuando el resultado es la eliminación masiva de animales?
Sheinbaum eligió ese segundo camino. Consultada por la polémica durante su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional, la presidenta mexicana señaló que, si la actuación municipal no violó la ley porque estaba contemplada en la normativa, entonces corresponde revisar esa normativa. La mandataria defendió que debe privilegiarse siempre la protección animal y recordó que su gobierno elevó esa protección a rango constitucional.
Ese punto no es menor. México incorporó el bienestar animal como principio constitucional, pero todavía tiene pendiente la legislación secundaria que debe convertir esa definición en reglas concretas, aplicables y exigibles. Según explicó Sheinbaum, esa ley está siendo elaborada por la Consejería Jurídica junto con la Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Alicia Bárcena.
La discusión llega en un momento sensible. El abandono de perros y otros animales de compañía es una crisis visible en muchas ciudades latinoamericanas. No se trata únicamente de una cuestión emocional ni de una causa de sensibilidad individual. Es también un problema de salud pública, de gestión urbana, de convivencia comunitaria y de responsabilidad estatal. Cuando no hay campañas masivas y permanentes de esterilización, cuando la adopción no alcanza, cuando los refugios están desbordados y cuando la tenencia responsable queda librada a la buena voluntad, los animales terminan pagando el costo de una cadena de omisiones humanas.
La propia senadora Gutiérrez habló de una “crisis real” a nivel nacional. En su defensa, afirmó que durante su administración también se realizaron más de 50.000 esterilizaciones, además de rescates, adopciones y donaciones, y que en total fueron atendidos más de 80.000 perros en situación de calle. Esos datos muestran que existió una política pública de intervención, pero también revelan la magnitud del problema: si aun con decenas de miles de esterilizaciones el municipio terminó sacrificando a 10.000 animales, la crisis no puede leerse solo como una decisión administrativa, sino como el síntoma de un sistema insuficiente.
El debate, entonces, no debería quedar atrapado en la falsa disyuntiva entre “eutanasia sí” o “eutanasia no”. La pregunta de fondo es por qué se llega a ese punto. La protección animal real no empieza en el último procedimiento, sino mucho antes: en la educación, en la identificación de animales, en la vacunación, en la castración gratuita y masiva, en las sanciones al abandono, en la promoción de adopciones responsables, en el fortalecimiento de refugios públicos y comunitarios, y en una red veterinaria capaz de intervenir antes de que la calle se convierta en condena.
Sheinbaum usó una expresión que marca un cambio de época: los animales como seres sintientes. Esa mirada obliga a superar una lógica vieja, donde el animal abandonado era tratado como residuo urbano, como molestia o como riesgo que debía retirarse de circulación. Si son seres sintientes, el Estado no puede reducir su política a la eliminación del problema visible. Tiene que asumir que hay sufrimiento, responsabilidad humana y deber público.
Para América Latina, el caso mexicano tiene resonancias claras. En Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Colombia o Perú, la presencia de animales abandonados también convive con respuestas fragmentadas, recursos escasos y campañas que muchas veces dependen más del empuje de organizaciones sociales que de una política sostenida. La diferencia entre una gestión humanitaria y una respuesta tardía suele estar en la prevención.
La controversia en Tecámac deja una enseñanza dura: cuando la ley permite prácticas que chocan con una sensibilidad social creciente y con una concepción moderna del bienestar animal, no alcanza con decir que se cumplió la norma. Hay que preguntarse si esa norma todavía sirve.
México parece encaminarse ahora a esa revisión. La legislación secundaria pendiente será clave para saber si la reforma constitucional se transforma en una política concreta o queda como una declaración bien intencionada. Porque proteger a los animales no es solo prohibir la crueldad. Es construir condiciones para que el abandono no sea masivo, para que la reproducción no sea descontrolada, para que los municipios no enfrenten solos crisis que son estructurales y para que la salida no sea, una vez más, llegar tarde.
El sacrificio de 10.000 perros en Tecámac duele por la cifra, pero también por lo que revela: detrás de cada animal eutanasiado hubo una historia de abandono, enfermedad, riesgo o desamparo que no empezó en una clínica municipal. Empezó mucho antes, cuando la responsabilidad humana y estatal falló.
Fotos :via Wikimedia Commons
