Lejos de ser un hecho aislado, la interrupción reciente del envío de kits de ADN a consulados argentinos se suma a una secuencia de decisiones del gobierno de Javier Milei contra las políticas de memoria, verdad e identidad. Primero cerró la Unidad Especial de Investigación de la CONADI; después intentó quitarle autonomía al Banco Nacional de Datos Genéticos; más tarde llegaron el ajuste presupuestario y la caída de personal; ahora, la denuncia de Abuelas apunta al freno de una vía clave para que posibles nietos y nietas apropiados puedan hacerse estudios sin viajar a Buenos Aires.
Si se ordenan cronológicamente las decisiones de la administración libertaria, el panorama deja de parecer una suma de episodios dispersos y empieza a mostrar un rumbo político bastante claro. La gestión de Javier Milei no solo desfinanció áreas sensibles de derechos humanos: también golpeó, una por una, herramientas concretas que el Estado argentino había construido durante décadas para encontrar a los hijos e hijas de desaparecidos apropiados durante el terrorismo de Estado.
El primer movimiento fuerte fue en agosto de 2024, cuando el Gobierno cerró la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños que funcionaba dentro de la CONADI. La decisión quedó plasmada en el Decreto 727/2024, donde el Ejecutivo sostuvo que esa unidad invadía competencias del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Infobae, elDiarioAR, Clarín y otros medios argentinos reflejaron entonces que se trataba de un recorte directo sobre un engranaje creado específicamente para colaborar en la búsqueda de niñas y niños apropiados. El propio texto oficial recuerda que la CONADI fue creada por ley para “impulsar la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres”, y a la vez suprime la unidad especial nacida en 2004 para profundizar esa tarea.
Ese cierre no equivalió a la desaparición total de la CONADI, pero sí significó vaciar una de sus herramientas más sensibles, la que tenía capacidad de investigación y acceso a archivos estatales para seguir rastros de apropiaciones. En términos políticos, el mensaje fue contundente: el Estado dejaba de reforzar una política activa de búsqueda y la replegaba, bajo el argumento formal de la división de poderes. Para organismos de derechos humanos y para buena parte de la prensa que siguió el tema, aquello fue leído como un paso de desmantelamiento, no de reorganización inocua.
El segundo golpe llegó en mayo de 2025, cuando Milei firmó el Decreto 351/2025 para transformar al Banco Nacional de Datos Genéticos en un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. En los hechos, la medida le quitaba la estructura de autonomía y autarquía que distintos actores consideraban indispensable para preservar la solidez institucional de un banco que fue central en la identificación de nietos y nietas. El Gobierno la presentó como una “optimización” de recursos, pero Abuelas y varios medios señalaron que implicaba una intervención de hecho sobre una institución clave del derecho a la identidad.
Ese avance, sin embargo, no quedó firme. En agosto de 2025, la Cámara de Diputados rechazó el decreto; poco después, el Senado también lo volteó; y en septiembre de 2025 el propio Poder Ejecutivo publicó los Decretos 627 y 628/2025 restituyendo la plena vigencia de las normas previas y dejando sin efecto los cambios sobre el Banco. Esto importa decirlo con claridad: el intento existió, fue grave por su alcance institucional, pero el Congreso lo revirtió y el Gobierno tuvo que retroceder formalmente en ese punto.
Que esa marcha atrás haya existido no significa que el daño haya desaparecido. Distintos relevamientos periodísticos y técnicos publicados en Tiempo Argentino, elDiarioAR y otros medios mostraron que el Banco Nacional de Datos Genéticos siguió padeciendo un ajuste severo. Según un informe citado por Tiempo, el BNDG acumuló una caída presupuestaria real del 57,3% desde diciembre de 2023, con recortes en funcionamiento, salarios y dotación de personal. ElDiarioAR también reportó que el organismo llegó a 2025 y 2026 en una situación crítica, con reclamos por acefalía, falta de presupuesto y vulnerabilidad operativa, aun después de haberse restituido formalmente su marco previo.
La medida más reciente, y probablemente la más brutal por su efecto inmediato, fue denunciada en abril de 2026. Según una investigación difundida por EFE y reproducida por Infobae, Tiempo Argentino, Ámbito y Página/12, el Gobierno interrumpió el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior. Esa política funcionaba desde hace unos veinte años y permitía que personas residentes fuera del país, con dudas sobre su identidad y sospechas de ser hijos de desaparecidos, pudieran dejar muestras de sangre en sedes consulares sin tener que costear un viaje a Buenos Aires. La Red Internacional de Abuelas de Plaza de Mayo en Europa advirtió que el freno deja sin alternativa real a quienes no tienen recursos para trasladarse.
Ese punto es decisivo. Porque aquí ya no se trata solo de una discusión administrativa sobre organigramas o dependencias. Suspender los kits en consulados afecta de manera directa una vía concreta de búsqueda e identificación. La explicación que recogió Ámbito desde fuentes ligadas a la red europea de Abuelas es que el Gobierno habría alegado problemas de custodia de las muestras, algo que las referentes consultadas rechazaron recordando que el mecanismo funcionó durante años sin inconvenientes de validez. Abuelas, además, exigió públicamente que la Cancillería regularice el sistema.
Puesto en perspectiva, el cuadro es difícil de maquillar. Cierre de una unidad especializada de investigación en 2024; intento de quitar autonomía al Banco Genético en 2025, frenado luego por el Congreso; recortes presupuestarios y de personal; e interrupción en 2026 de los kits de ADN en consulados. Tomadas en conjunto, esas medidas componen una política que no fortalece la búsqueda de los nietos y nietas apropiados: la debilita. Y la debilita justo en un terreno donde el Estado argentino había construido, tras décadas de lucha de Abuelas y organismos de derechos humanos, uno de los consensos democráticos más valiosos de su historia reciente.
En otras palabras, aunque el Gobierno intente presentar cada paso como mera “reorganización” o “eficiencia”, la secuencia revela algo más profundo: una ofensiva ideológica contra las políticas de memoria, verdad y justicia, donde el derecho a la identidad deja de ser una prioridad estatal y pasa a ser tratado como un gasto molesto o una herencia incómoda. No es casual que las trabas recaigan precisamente sobre organismos y procedimientos que hicieron posible encontrar a 140 nietos y nietas y que todavía buscan a unos 300 más. En un país marcado por el terrorismo de Estado, obstaculizar esa tarea no es neutralidad burocrática: es una forma de impunidad.
