Kast no fue a Buenos Aires por una foto de ocasión con Milei. Fue a reforzar una alianza ideológica y a empujar dos objetivos concretos: que Argentina entregue a Galvarino Apablaza, histórico opositor a la dictadura de Pinochet, y que avance una agenda minera al servicio de los grandes capitales. Detrás del protocolo, lo que asoma es otro paso en la recomposición regional de unas derechas que ya dejaron en América del Sur desigualdad, persecución y saqueo.
El dato político central es que Kast eligió a la Argentina de Javier Milei para su primer viaje internacional desde que asumió la presidencia chilena. No se trata de un detalle de protocolo: la Cancillería argentina habló de un “alto nivel de coincidencias” entre ambos gobiernos y enmarcó el encuentro en la defensa de valores compartidos como la libertad, la vida, la propiedad y el crecimiento económico. Más que una reunión técnica, fue la escenificación de una sintonía ideológica entre dos proyectos que entienden al Estado como garante del orden, a los mercados como brújula y a los derechos sociales y ambientales como obstáculos a remover.
Por eso, reducir el encuentro a una agenda general de comercio y seguridad sería quedarse en la superficie. El comunicado conjunto dejó asentado que ambos gobiernos instruyeron avanzar en atracción de inversiones, expansión del comercio, complementación energética y minera y generación de oportunidades para el sector privado. En ese mismo texto, además, quedó consignado el agradecimiento chileno a la Argentina por el apoyo brindado en el proceso de extradición de Galvarino Apablaza. Eso alcanza para desmontar cualquier intento de presentar el tema como una anécdota lateral: no fue un asunto ajeno a la reunión, sino una pieza reconocida por los propios gobiernos.
Después del encuentro, Kast fue todavía más claro y dijo estar seguro de que Apablaza sería capturado y extraditado a Chile. Esa definición llegó en un contexto ya cargado: días antes, la Justicia argentina había intentado detenerlo sin éxito y el Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de 20 millones de pesos argentinos por información que permitiera dar con su paradero. La defensa de Apablaza sostiene que la cuestión del refugio no está cerrada y denuncia irregularidades en el proceso, pero precisamente ahí aparece una de las claves políticas del caso: para estas derechas, ciertas causas judiciales funcionan también como mensajes de disciplinamiento histórico, reafirmación simbólica y fidelidad con sus propias tradiciones políticas.
El otro gran eje, menos estridente pero posiblemente más decisivo, fue la minería. El comunicado conjunto habló sin rodeos de integración y complementación minera entre Chile y Argentina, y apenas tres días después la Cámara de Diputados argentina aprobó de forma definitiva la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por Milei. La norma fue sancionada por 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, y flexibiliza la protección de glaciares y zonas periglaciares al dar más poder a las provincias para definir qué áreas conservar y cuáles habilitar a la explotación. El propio Gobierno argentino celebró la reforma como una manera de dar “seguridad jurídica” y permitir la explotación de minerales en terrenos antes protegidos, mientras AP y Reuters señalaron que la reforma apunta a destrabar grandes inversiones mineras, sobre todo en cobre, oro y plata.
No es casual que la Casa Rosada haya presentado esa reforma como una victoria contra las “distorsiones ideológicas” y las “trabas artificiales”. Allí está condensado el corazón del programa: llamar ideología a cualquier límite ambiental, a cualquier regulación pública y a cualquier defensa de los bienes comunes, mientras se presenta el interés corporativo como si fuera simple sentido común económico. La Facultad de Ciencias Exactas de la UBA expresó preocupación por la modificación de la ley, y organizaciones como Greenpeace y FARN ya empujan acciones judiciales y campañas masivas contra una reforma que, advierten, pone en riesgo el agua y debilita los estándares nacionales de protección ambiental.
En ese marco, el encuentro entre Kast y Milei no debería leerse como una reunión bilateral cualquiera, sino como un nuevo paso en la rearticulación regional de proyectos de derecha y extrema derecha que combinan punitivismo, extractivismo y subordinación de la política a la lógica del capital. Cuando estos gobiernos dejan algo en el terreno de lo “informal”, muchas veces no lo minimizan: lo preparan. Primero lo deslizan como asunto secundario, después lo convierten en política de Estado. Así ocurrió aquí: Apablaza apareció oficialmente en la conversación, la minería quedó formalmente señalada como prioridad y la alianza ideológica fue proclamada sin pudor por los propios protagonistas.
América del Sur ya conoce demasiado bien ese libreto. Lo conoce en forma de privatizaciones, exclusión, persecución política, concentración de riqueza y territorios entregados a la renta extractiva. Por eso esta reunión importa. No porque inaugure por sí sola una época, sino porque confirma que una parte de las derechas regionales sigue apostando al mismo horizonte de siempre: más poder para los grandes intereses económicos, menos límites públicos al capital y una memoria selectiva que convierte el dolor social en costo aceptable del negocio.
