A días de una elección fragmentada y sin favoritos claros, Washington despliega en Perú su ofensiva más fuerte en años. No lo mueve una súbita vocación republicana: lo empujan los minerales críticos, la infraestructura estratégica, la cooperación militar y la necesidad de frenar el avance chino en Sudamérica.
Cuando Estados Unidos posa la mirada sobre América Latina, conviene desconfiar de los discursos amables. La historia regional enseña que detrás de cada llamado a la “estabilidad”, la “cooperación” o la “seguridad” suele venir otra cosa: intereses económicos, control geopolítico y presión sobre los países que considera piezas de su tablero. Perú, a horas de unas elecciones presidenciales inciertas y atomizadas, vuelve a quedar bajo esa lógica. Reuters informó que Washington lanzó su ofensiva más intensa en años para recomponer influencia en el país andino, hoy convertido en un socio estratégico clave para China y en una fuente central de cobre y otros minerales críticos.
No es casualidad ni gesto diplomático inocente. Perú es el tercer productor mundial de cobre y un proveedor importante de minerales usados en semiconductores, sistemas de defensa y tecnologías renovables. En paralelo, el comercio con China alcanzó unos 50.000 millones de dólares el año pasado, muy por encima de los aproximadamente 19.000 millones comerciados con Estados Unidos. Eso explica bastante mejor el repentino entusiasmo de Washington que cualquier declaración sobre valores compartidos. Lo que está en juego no es una abstracción institucional: es el control de rutas comerciales, materias primas y mercados.
La señal más clara de esa avanzada es que la Casa Blanca designó en enero a Perú como aliado principal no perteneciente a la OTAN, una decisión que profundiza la cooperación en defensa y abre nuevas puertas en materia de comercio y seguridad. Casi de inmediato, el Departamento de Estado aprobó equipamiento para modernizar una base naval cerca del Callao. A eso se suma la participación de funcionarios peruanos en una coalición lanzada por Donald Trump y sus aliados regionales en Florida, y la competencia de Lockheed Martin por vender aviones de combate al país andino. Es decir: minerales por un lado, presencia militar por otro. La receta conocida.
El trasfondo real de esta jugada también tiene nombre propio: China. En la última década, el peso económico chino en Perú superó claramente al estadounidense, sobre todo en minería e infraestructura. El megapuerto de Chancay, construido por China y operado por Cosco Shipping, redujo los tiempos de viaje a Asia y comenzó a funcionar como un nodo de tránsito para mercancías destinadas a mercados regionales. En Washington, esa infraestructura genera alarma no por amor a la soberanía peruana, sino porque altera el equilibrio de poder en Sudamérica. Una exjefa del Comando Sur llegó a advertir que el puerto podría actuar como puerta de entrada para actividades militares y de inteligencia chinas en la región.
Por eso la discusión que intenta instalar Estados Unidos no gira tanto en torno al bienestar del pueblo peruano como a la “seguridad jurídica”, la “seguridad pública” y la “estabilidad” necesarias para atraer inversiones. Traducido al lenguaje llano: garantías para el capital, previsibilidad para los negocios y un clima político dócil para reinsertar a Washington en un país donde perdió peso frente a Pekín. Hasta el propio embajador Bernie Navarro marcó como preocupación la volatilidad política de Perú, que tuvo ocho presidentes desde 2018. No se trata de una observación neutral: se trata de la clásica lectura imperial que sólo tolera la inestabilidad cuando le sirve, pero la condena cuando dificulta sus negocios.
En ese marco, la elección peruana aparece como una oportunidad para reposicionarse. Más de 30 candidatos compiten por la presidencia sin un favorito claro, y todo apunta a una segunda vuelta. Reuters señala que Keiko Fujimori, una de las candidatas mejor ubicadas, se presenta como una socia más confiable para Washington que sus rivales, a quienes vincula con China. No es un dato menor: cada vez que Estados Unidos detecta fragilidad política en América Latina, intenta convertirla en una ventana para reconstruir influencia. No para fortalecer democracias populares ni para reducir desigualdades históricas, sino para asegurarse gobiernos previsibles para su agenda.
Desde una perspectiva latinoamericana y popular, el punto central no debería perderse: Perú no necesita ser escenario de una nueva pulseada entre potencias por sus recursos y su posición estratégica. Necesita soberanía sobre sus decisiones, sus puertos, sus minerales y su rumbo político. Porque cuando Washington habla de cooperación, demasiadas veces termina hablando de control. Y cuando habla de estabilidad, demasiadas veces quiere decir obediencia. Lo que hoy está en disputa en Perú no es solamente una elección: es quién define el futuro de un país clave de la región, si su pueblo o los intereses que llegan desde afuera con discurso diplomático y cálculo imperial.
