La ofensiva judicial impulsada desde Entre Ríos ordenó nuevas medidas sobre el proyecto de e-Combustibles en Paysandú, desde pericias ambientales hasta pedidos de información a la CARU y a organismos uruguayos. Pero el expediente avanza cuando el gobierno de Yamandú Orsi ya analiza con la empresa una ubicación alternativa que podría reducir costos, evitar impactos sensibles y bajar la tensión con Colón.
La judicialización argentina contra la planta de e-Combustibles de HIF en Paysandú sumó este viernes un nuevo capítulo. La Justicia Federal hizo lugar al avance de la acción preventiva de daño ambiental presentada por dirigentes entrerrianos y ordenó una batería de medidas de prueba, entre ellas una pericia ambiental sobre el estado actual del agua del río Uruguay, su turbulencia y otros factores vinculados al posible impacto del emprendimiento. También dispuso requerir información a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para saber si el proyecto fue comunicado formalmente y si existe un Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo presentado por la empresa.
La resolución va todavía más allá: por vía de exhorto judicial, la causa busca documentación ante la Dinacea del Ministerio de Ambiente uruguayo y también ante el Banco Central del Uruguay, incluyendo datos sobre la solicitud de autorización ambiental previa, el estudio de impacto ambiental, la eventual audiencia pública y la información societaria de HIF Uruguay y firmas vinculadas. En el plano político, Guillermo Michel aprovechó la novedad para cargar contra el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio y contra la intendencia de Colón, denunciando inacción y reclamando que la planta sea relocalizada.
Pero el dato más importante para entender el momento real del conflicto no está del lado de la escalada judicial argentina, sino del lado uruguayo. Según informó El Observador, el gobierno de Yamandú Orsi y HIF ya vienen analizando una ubicación alternativa para la planta dentro de Paysandú. La propia ministra de Industria, Fernanda Cardona, señaló que esa posibilidad surgió entre fines de febrero y marzo a partir de conversaciones con la empresa, y que desde entonces el tema se viene trabajando a nivel del Poder Ejecutivo. Orsi incluso trasladó esa alternativa al intendente Nicolás Olivera en una reunión reciente en Torre Ejecutiva.
La posible relocalización no aparece solamente como una salida diplomática frente al malestar de Colón. También podría tener ventajas materiales concretas: el nuevo predio en estudio estaría próximo a instalaciones de Ancap y ALUR, lo que evitaría construir ductos de casi nueve kilómetros, simplificaría el manejo de efluentes, mejoraría la logística y, además, podría reducir impactos particularmente sensibles, como la tala de monte nativo y la afectación visual sobre la costa entrerriana. Es decir: no se trata solo de bajar el tono del conflicto, sino de evaluar si existe una solución técnicamente mejor.
Eso no significa un atajo. Si la planta cambia de sitio, el trámite ambiental deberá readecuarse y retroceder etapas, porque el nuevo “medio receptor” tendrá que ser estudiado. De hecho, ya en enero el Ministerio de Ambiente había fijado términos de referencia exigentes para el proyecto, incorporando expresamente a Colón dentro del área de influencia y exigiendo estudiar efectos sobre el turismo, el paisaje, la hidrología del río y escenarios comparativos sobre calidad del agua y descargas. O sea: el expediente nunca debió resolverse como una mera discusión de fronteras o de slogans, sino como un asunto ambiental, productivo y binacional de alta complejidad.
En ese marco, la diferencia política empieza a quedar más clara. Mientras en Entre Ríos parte del debate sigue mezclando reclamo legítimo, presión mediática y disputa interna, en Uruguay el gobierno parece haber optado por una línea más seria: no rifar una inversión relevante, pero tampoco negar que un proyecto de esta escala necesita controles estrictos, diálogo regional y capacidad de corregir la ubicación si eso reduce impactos y fortalece su viabilidad. Esa es, justamente, la discusión de fondo: no desarrollo o ambiente, sino qué desarrollo, dónde y bajo qué condiciones.
Hoy, entonces, la noticia no es solo que la Justicia argentina pidió pericias y papeles. La noticia de verdad es que el conflicto llegó a un punto en el que la relocalización dejó de ser una consigna de protesta y pasó a ser una posibilidad concreta en análisis. Si ese camino prospera, podría abrirse una salida menos estridente y más racional para un proyecto que, por escala e impacto, nunca debió ser tratado ni con liviandad empresarial ni con oportunismo político.
