Luiz Inácio Lula da Silva volvió a poner el tema sobre la mesa el 8 de abril, cuando advirtió en una entrevista con ICL Notícias que Brasil necesita tomarse la defensa con mucha más seriedad. En ese marco, cuestionó el comportamiento de Donald Trump, a quien describió como un mandatario que actúa “como un emperador”, y vinculó su preocupación con la autorización paraguaya para ampliar la presencia militar estadounidense en su territorio. La señal política fue clara: Brasilia mira con alarma el reordenamiento de la seguridad regional bajo la órbita de Washington.
La inquietud no nace de la nada. El 15 de diciembre de 2025, Paraguay y Estados Unidos firmaron en Washington el acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, conocido como SOFA, y el Congreso paraguayo lo ratificó el 10 de marzo de 2026. El texto establece el marco legal para la presencia temporal de personal militar y civil estadounidense en Paraguay en actividades acordadas, como entrenamientos, ejercicios conjuntos y asistencia humanitaria. También concede inmunidades equivalentes a las diplomáticas, habilita a Washington a ejercer jurisdicción penal sobre su personal y permite el ingreso y libre desplazamiento de aeronaves, buques y vehículos del Departamento de Defensa en el país.
Ese es el corazón del problema político. Aunque el canciller paraguayo sostuvo que el acuerdo no implica la instalación de bases militares permanentes, lo cierto es que sí formaliza una presencia militar estadounidense con privilegios excepcionales y amplias facilidades operativas. Para un país como Brasil, que se piensa a sí mismo como actor central de Sudamérica, el avance de esa arquitectura de seguridad impulsada por EEUU en un vecino fronterizo no puede leerse como un asunto menor ni meramente técnico.
En paralelo, la cooperación entre Asunción y Washington siguió profundizándose. En agosto de 2025 se informó la creación de un centro antiterrorista con apoyo del FBI, con base en Asunción y proyección sobre la Triple Frontera, y a fines de marzo de 2026 las Fuerzas Militares paraguayas verificaron avances de un Centro de Operaciones Antiterrorista en Alto Paraná. En una región históricamente sensible como la Triple Frontera, donde EEUU hace años pone el foco por crimen organizado y presuntos vínculos con Hizbulá, estos movimientos alimentan todavía más las sospechas en Brasilia sobre el alcance real del nuevo alineamiento paraguayo.
La lectura que hacen analistas consultados en la cobertura original va en esa dirección: no se trata sólo de una discusión militar, sino de una disputa por soberanía, recursos y jerarquías regionales. La preocupación brasileña crece en un contexto en que Washington busca ampliar su influencia en América Latina, mientras Paraguay se acerca cada vez más a esa agenda y Brasil intenta evitar quedar rodeado por acuerdos de seguridad pensados fuera de la región. El trasfondo incluye además otros focos de fricción entre Lula y Santiago Peña, como la negociación del Anexo C de Itaipú, la ausencia de Lula en la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea en Asunción y la inauguración por separado del Puente de la Integración, señales de que la relación bilateral atraviesa un momento de desconfianza política.
Más que una discusión sobre defensa, lo que vuelve a quedar expuesto es una vieja disputa latinoamericana: quién define la seguridad del continente y bajo qué intereses. Lula está diciendo, en los hechos, que Brasil no quiere aceptar pasivamente una militarización vecina moldeada por Estados Unidos. Y lo que ocurre en Paraguay deja una advertencia más amplia para toda la región: cada vez que Washington gana terreno en nombre de la seguridad, la autonomía sudamericana entra otra vez en zona de riesgo.
