La Asamblea Nacional de Venezuela confirmó este jueves a Larry Devoe como fiscal general de la República y convirtió en definitiva una designación que ya se había anticipado desde fines de febrero. Según informó el Parlamento, Devoe fue respaldado por 275 votos, después de que una comisión legislativa revisara más de 70 candidaturas; la única postulación alternativa de peso, impulsada por Henrique Capriles, fue la de la académica Magaly Vásquez, que obtuvo 10 votos. En la misma sesión también fue designada Eglée González Lobato como nueva defensora del pueblo.
Devoe, de 46 años, llega al cargo con un perfil plenamente integrado a la estructura estatal venezolana. Venía desempeñándose como responsable del Consejo Nacional de Derechos Humanos y, además, forma parte del Programa de Convivencia y Paz impulsado en enero por la presidenta interina Delcy Rodríguez. Es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con formación en ciencias penales y criminalísticas y estudios en derechos humanos, un recorrido que lo ubica más como cuadro político-jurídico del oficialismo que como figura externa o de equilibrio. En el plano internacional, su nombre aparece desde 2019 en el régimen canadiense de sanciones contra funcionarios venezolanos.
El nombramiento no puede leerse como un simple relevo administrativo. Llega en medio de una reconfiguración más amplia del aparato estatal venezolano, abierta tras la renuncia de Tarek William Saab en febrero y acelerada desde enero, cuando Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta interina después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense. Ese episodio fue cuestionado incluso por la oficina de derechos humanos de la ONU, que lo definió como una violación del derecho internacional. En ese marco, la designación de Devoe refuerza el control del núcleo político que rodea a Delcy y Jorge Rodríguez sobre una pieza central del Estado como el Ministerio Público.
Para el oficialismo, el movimiento apunta a ordenar institucionalmente una Fiscalía que atravesaba semanas de transición y a cerrar el proceso abierto tras la salida de Saab. Pero para organizaciones de derechos humanos y sectores críticos, el problema de fondo sigue intacto: cambiar nombres no garantiza por sí mismo una justicia independiente. La propia misión internacional de determinación de los hechos de la ONU advirtió en marzo que, aun después del cambio político de enero, persistían prácticas de silenciamiento de la disidencia y al menos 87 nuevas detenciones políticamente motivadas desde el 3 de enero.
Por eso, la llegada de Larry Devoe abre una etapa que combina dos planos al mismo tiempo. Por un lado, consolida el reacomodo del poder venezolano en un contexto de fuerte presión externa, disputa por la soberanía y negociación de la transición. Por otro, deja abierta una pregunta decisiva: si la nueva Fiscalía servirá para reconstruir garantías y credibilidad institucional, o si apenas administrará con otro rostro una estructura judicial que sigue bajo severo cuestionamiento. Esa tensión, más que el nombre propio del funcionario, es la noticia de fondo que deja Caracas.
