Hospitales sin insumos, prevención relegada y una crisis que se profundizó tras la ruptura del ciclo correísta
Aunque la OMS conmemoró el 7 de abril de 2026 bajo el lema “Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia”, en Ecuador la fecha encontró a la población frente a una realidad mucho menos celebratoria: un sistema sanitario fragmentado, con brechas de financiamiento, desabastecimiento y una cobertura que sigue dependiendo de dónde se nace, dónde se trabaja y qué institución atiende a cada persona. El propio marco de planificación sanitaria del país y la OMS reconocen que el sistema ecuatoriano arrastra problemas de fragmentación, ineficiencias y vacíos de financiamiento.
Ecuador no tiene un sistema único de salud, sino una red partida en varios subsistemas. La Red Pública Integral de Salud está compuesta por el Ministerio de Salud Pública (MSP), el IESS, el ISSFA y el ISSPOL, además de una red complementaria privada. El Plan Sectorial de Salud 2025-2029 admite esa arquitectura dispersa y señala que la capacidad resolutiva recae sobre todo en el MSP, seguido por el IESS, mientras persisten problemas de articulación entre instituciones. En otras palabras: el derecho a la salud existe en el papel, pero en la práctica sigue administrado como un mosaico desigual.
Ese cuadro se vuelve todavía más grave cuando se lo mira desde el perfil epidemiológico del país. El médico e investigador Esteban Ortiz Prado advirtió que Ecuador vive una transición sanitaria en la que conviven enfermedades crónicas, cánceres y padecimientos autoinmunes con dolencias asociadas a rezagos históricos de pobreza y exclusión. El dengue es un buen ejemplo de ese doble fracaso. El MSP reportó 27.838 casos en 2023; para la semana epidemiológica 15 de 2025 ya iban 15.814 casos confirmados, y el cierre de 2025 terminó con 37.840, después del pico de más de 61 mil casos en 2024. La enfermedad no desapareció: cambió de ritmo, pero siguió mostrando que la prevención sigue llegando tarde o no llega.
Ortiz Prado también apunta al corazón político del problema: durante años, la política sanitaria se concentró más en medir la capacidad hospitalaria que en fortalecer la prevención y la promoción de la salud. Ese diagnóstico no choca con lo que plantean los organismos internacionales. La propia OPS insiste en que para avanzar hacia sistemas más justos se necesita elevar la inversión pública en salud hasta al menos 6% del PIB y destinar 30% de ese gasto a la atención primaria. Sin embargo, la experiencia ecuatoriana reciente va en sentido contrario: más presión sobre hospitales, menos músculo preventivo y una red primaria incapaz de evitar que todo termine explotando en los niveles de mayor complejidad.
La discusión presupuestaria tampoco es abstracta. Un artículo reciente de Frontiers in Public Health, firmado por Ortiz Prado y otros autores, sostiene que entre 2021 y 2025 el presupuesto público de salud retrocedió a niveles prepandemia y que solo en 2024 hubo un recorte de USD 1.300 millones entre lo inicialmente asignado y lo ejecutado. A eso se suma un dato demoledor revelado por documentos del propio MSP y difundido en febrero de 2026: el abastecimiento promedio de medicamentos era de apenas 54,3%, muy por debajo del estándar mínimo internacional de 85%, y nueve de cada diez contratos plurianuales vigentes no contaban con financiamiento disponible en el POA. No se trata, entonces, solo de una percepción social de abandono, sino de un deterioro que ya aparece en informes técnicos y en la vida cotidiana de los pacientes.
Ese deterioro se ve tanto en la alta complejidad como en la puerta de entrada al sistema. En marzo, Primicias reportó que el desabastecimiento golpeaba incluso a centros y subcentros de salud, donde pacientes debían comprar gasas, bisturíes y otros insumos para ser atendidos. En febrero, Expreso recogió la denuncia de médicos sobre listas de espera crecientes y más de 2.000 procedimientos retrasados solo en hematología en el Hospital Eugenio Espejo. Cuando falla el primer nivel, se saturan los hospitales; y cuando el hospital colapsa, la cobertura universal deja de ser una promesa para convertirse en una ironía cruel.
Desde una lectura de izquierda, esta crisis no puede contarse como si fuera una simple suma de errores administrativos. El deterioro sanitario se profundizó tras la ruptura del ciclo correísta. La investigación académica sobre la reforma 2007-2017 muestra que en ese período se ampliaron servicios gratuitos, se fortaleció la atención primaria y se impulsó un enfoque intercultural, aunque con límites y contradicciones. Después, el giro político fue en otra dirección. Reuters documentó en 2019 el viraje de Lenín Moreno hacia la derecha y su acuerdo con el FMI, y en 2020 informó un recorte de USD 4.000 millones en el gasto público. Para amplios sectores populares ecuatorianos, ese quiebre fue vivido como un golpe contra el proyecto político que había hecho de la expansión social una bandera. Y en salud, las consecuencias se siguen pagando.
El Gobierno de Daniel Noboa asegura que está corrigiendo el problema. El MSP informó en febrero la recepción de más de 12,2 millones de unidades de medicamentos mediante catálogo electrónico, con una inversión de USD 31,6 millones, y anunció la compra de 654 medicamentos en distintas fases. El IESS, por su parte, reportó en enero la compra de 1,779 millones de unidades de 37 nuevos medicamentos y dijo apuntar a un abastecimiento superior al 85%. Pero entre los comunicados oficiales y la experiencia concreta en hospitales y centros de salud todavía media una distancia demasiado grande. Mientras esa brecha siga abierta, el derecho a la salud en Ecuador continuará siendo un derecho desigual, precario y sometido a la lógica del ajuste.
