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Jorge Glas denuncia hambre en la cárcel El Encuentro y la Justicia ecuatoriana le niega medidas de alivio.

El exvicepresidente ecuatoriano asegura haber perdido 30 libras en prisión y su defensa habla de un deterioro físico severo bajo custodia estatal. El juez rechazó el hábeas corpus correctivo, mientras el aparato penitenciario sostiene que recibe dieta especial, suplementos y atención médica.

La situación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas volvió a encender la alarma sobre las condiciones carcelarias en Ecuador, después de que se difundiera un video en el que denuncia que pasa hambre en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena. “La muestra de que mi hambre es real son 30 libras menos de peso”, afirma Glas en el registro, mientras su defensa sostiene que atraviesa un cuadro de deterioro físico que incluye pérdida acelerada de peso y posible desnutrición. La abogada Sonia Vera también difundió imágenes en las que se ve al exmandatario con evidente bajo peso y denunció que, dos años después de su captura en la embajada de México, el Estado ecuatoriano ni siquiera garantiza lo más básico.

El reclamo llegó a la Justicia mediante un hábeas corpus correctivo con el que la defensa pidió aumentar las porciones de comida y asegurar atención médica especializada, tanto física como mental. Pero el juez Leonardo Lastra, de la Unidad Judicial Penal de La Libertad, rechazó el recurso al considerar que no se acreditó una vulneración de derechos y que Glas ya recibe la asistencia exigida. La resolución, sin embargo, dejó una señal que no pasa inadvertida: según reportes de prensa ecuatoriana, el magistrado exhortó igualmente a las instituciones estatales a reforzar controles médicos, seguimiento individualizado, suministro de medicamentos y entrega de suplementos alimenticios.

Ahí aparece la contradicción central del caso. Por un lado, la defensa denuncia hambre, pérdida de peso y un deterioro progresivo bajo custodia estatal. Por el otro, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y el Ministerio de Salud sostienen que Glas recibe una “dieta diferenciada”, diseñada para su condición de salud, con desayuno, almuerzo y merienda, además de suplementos nutricionales. En esa versión oficial se afirma incluso que ha recibido 79 atenciones médicas desde su llegada a El Encuentro en noviembre de 2025, junto con medicación “de manera ininterrumpida”. Un informe citado por medios ecuatorianos describe una alimentación que incluiría proteínas, sopas, ensaladas, hidratación permanente y suplementos como Ensure.

Glas se encuentra en la cárcel El Encuentro desde el 10 de noviembre de 2025, cuando fue trasladado desde La Roca como parte de la estrategia carcelaria del gobierno de Daniel Noboa. Ese traslado ya había sido cuestionado por su defensa, que lo consideró incompatible con las medidas del sistema interamericano de derechos humanos. En noviembre de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado ecuatoriano garantizar la salud física y mental de Glas, asegurar visitas de familiares, abogados y médicos de confianza, y mantener un mecanismo de seguimiento, al considerar que existía un “riesgo cierto de daños irreparables” para su vida e integridad.

El trasfondo político y diplomático del caso sigue siendo explosivo. Glas fue detenido el 5 de abril de 2024 tras el asalto policial a la embajada de México en Quito, donde se encontraba asilado, un episodio que provocó condenas regionales y la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Más tarde, el 30 de junio de 2025, recibió una nueva condena de 13 años de prisión por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí; esa sentencia fue apelada y todavía no está firme, aunque se suma al pesado historial judicial que ya arrastraba por los casos Odebrecht y Sobornos.

Lo que deja este episodio es algo más profundo que la disputa entre abogados, jueces y burócratas. Cuando una persona bajo custodia del Estado denuncia hambre, pérdida acelerada de peso y falta de atención adecuada, no alcanza con responder con planillas, menús o partes administrativos. El punto de fondo es otro: el Estado tiene la obligación de garantizar la vida, la integridad y la salud de quien mantiene preso. Y si aun con medidas internacionales vigentes, con denuncias públicas, con fotos, con videos y con antecedentes de deterioro físico, la respuesta institucional sigue siendo negar sin despejar todas las dudas, lo que queda expuesto no es solo la situación de Jorge Glas, sino el modo en que el poder administra el castigo en el Ecuador de hoy.