La idea de fondo es que el enfoque prohibicionista aplicado durante décadas no dio los resultados prometidos y, en muchos casos, terminó agravando otros problemas: más violencia, más sobrecarga para la Justicia y más castigo social sobre los usuarios.
Ese planteo no apareció como un comentario aislado ni como una frase suelta. Formó parte de la participación uruguaya en la 69ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, realizada en Viena entre el 9 y el 14 de marzo de 2026. Allí hubo un mensaje pregrabado de Jorge Díaz y la delegación estuvo encabezada por Gabriel Rossi, secretario general de la Junta Nacional de Drogas. En esa instancia se discutieron compromisos internacionales sobre drogas con foco en salud pública, derechos humanos, desarrollo sostenible, evidencia científica y respuestas que no partan de la estigmatización.
La línea defendida por Uruguay apunta, en concreto, a revisar el uso del encierro como respuesta automática ante infracciones menores, poner límites a la penalización de las personas usuarias y cortar con la lógica de que el consumo debe ser abordado únicamente desde el castigo. A eso se suma otra posición que el país sostiene desde hace tiempo: el rechazo a la pena de muerte para delitos vinculados a drogas.
Pero esa postura no equivale a mirar para otro lado frente al narcotráfico. Al mismo tiempo que cuestiona el castigo automático al usuario, Uruguay advierte sobre la transformación de los mercados de drogas y su vínculo cada vez más fuerte con el crimen organizado transnacional, el lavado de activos, el deterioro de la cohesión social, los problemas de seguridad y el daño al Estado de derecho. La apuesta oficial, dicho de forma simple, es separar dos planos que muchas veces se mezclan a propósito: una cosa es perseguir redes criminales y otra muy distinta descargar todo el peso del sistema penal sobre usuarios o infracciones menores.
Ese discurso en la ONU no salió de la nada. Está en línea con la Estrategia Nacional de Drogas 2026-2030, donde Uruguay define un enfoque integral, centrado en las personas, basado en evidencia, salud pública y derechos humanos. Allí se plantea que los usos de drogas no pueden ser reducidos a un problema sanitario ni, mucho menos, a un asunto puramente policial o penal, porque también involucran dimensiones sociales, culturales, económicas, afectivas, legales, territoriales y de seguridad.
También hay una experiencia concreta que Uruguay exhibe como respaldo de esa orientación: la regulación del cannabis. La evaluación oficial más reciente de la ley mostró que el país consolidó un mercado regulado con tres vías legales de acceso y que 46% de los consumidores ya opera dentro del circuito legal. El dato que más se usa para defender esa política es otro: el narcotráfico clásico del cannabis prensado, que en 2014 era la vía de acceso más frecuente con 58%, cayó a 6,7% en 2024. A eso se agrega que el mercado regulado emplea a unas 5.000 personas.
Por eso, cuando Jorge Díaz habla de evidencia científica, derechos humanos y límites a la penalización, no está lanzando una consigna al aire ni ensayando una pose diplomática. Está defendiendo una orientación que el Estado uruguayo intenta presentar como política pública con resultados medibles, apoyada en regulación, salud pública y reducción de daños, antes que en el reflejo punitivo de siempre.
En ese mismo movimiento, Uruguay también logró colocar a Milton Romani en el Panel Multidisciplinario de Expertos Independientes del sistema de la ONU, el grupo que trabajará en la preparación de la revisión global de la política de drogas prevista hacia 2029. No es un detalle menor: muestra que el país no fue sólo a exponer una posición, sino también a tratar de influir en la discusión internacional que se viene.
En definitiva, lo que Uruguay está diciendo en Naciones Unidas es que la guerra contra las drogas, tal como fue planteada durante décadas, dejó un tendal de daños y no resolvió el problema de fondo. La apuesta oficial pasa por reducir la penalización de usuarios, evitar el encarcelamiento automático por faltas menores, sacar el consumo del terreno exclusivo del castigo y mover la política de drogas hacia la salud pública, la evidencia y los derechos humanos, sin dejar por eso de señalar al narcotráfico y al crimen organizado como amenazas reales y graves.
