La explicación oficial sobre cómo se eligió a los beneficiados repite cuatro criterios centrales: el análisis del delito cometido, la buena conducta en prisión, haber cumplido una parte importante de la condena y el estado de salud. También se informó que entre los beneficiados hay jóvenes, mujeres, personas mayores de 60 años, extranjeros y cubanos residentes en el exterior.
Al mismo tiempo, el gobierno dejó claro quiénes quedan afuera. No entran en este beneficio los condenados por agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, delitos vinculados a drogas, corrupción de menores, ni quienes cometieron robo con violencia o con uso de armas. Tampoco están incluidos los reincidentes y multirreincidentes. Entre los excluidos figuran además los condenados por delitos contra la autoridad, un punto especialmente sensible porque en esa categoría pueden entrar personas procesadas en causas vinculadas a protestas.
Otro dato que se destaca es el de los antecedentes de este tipo de medidas. Este sería el quinto indulto masivo desde 2011 y, con esta nueva tanda, el gobierno sostiene haber beneficiado a más de 11.000 personas en ese período. Además, en marzo de este mismo año ya se había informado la liberación de 51 personas, presentada entonces como un gesto de buena voluntad en el marco de la relación con el Vaticano. En ese momento también se recordó que desde 2010 Cuba había indultado a 9.905 reclusos y que, por otros beneficios legales, hubo además 10.000 excarcelaciones en los últimos tres años.
Ahora bien, el punto más delicado del anuncio sigue siendo la falta de detalles concretos. No se publicaron listas de nombres, no se informó de qué cárceles salen los beneficiados y tampoco se detallaron fechas precisas de salida para cada caso. En los hechos, no existe por ahora una nómina pública que permita verificar con claridad quiénes entran y quiénes no. Tampoco quedó aclarado si entre los liberados hay personas condenadas por protestas o presos considerados políticos por organizaciones independientes.
En otras palabras, la línea oficial es bastante clara: se intenta mostrar la medida como una decisión soberana, legal y humanitaria, ligada al calendario religioso y al propio sistema penitenciario, y no como una concesión política.
