El gobierno de Javier Milei levantó la prohibición que regía sobre vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina. El argumento oficial habla de regulación, trazabilidad y combate al mercado ilegal. Es el mismo libreto que en Uruguay usó el gobierno de Lacalle Pou para flexibilizar controles sobre el tabaco: presentar el retroceso sanitario como una supuesta solución moderna contra el contrabando y la informalidad.
La prohibición no funcionó, dice el Gobierno; el negocio sí
Argentina acaba de habilitar la comercialización de vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y bolsitas de nicotina. Lo hizo mediante la Resolución 549/2026, publicada en el Boletín Oficial, que crea un registro obligatorio para estos productos y deja atrás una prohibición que regía desde 2011 para cigarrillos electrónicos y desde 2023 para productos de tabaco calentado. La norma también incorpora a las llamadas bolsitas de nicotina, que hasta ahora circulaban sin regulación específica.
El argumento central del gobierno argentino es conocido: los productos se consumen igual, se venden de manera ilegal, no tienen trazabilidad, no se controla su contenido y no tributan. Dicho de otra manera: como la prohibición no habría eliminado el consumo, el Estado decide permitir el mercado y regularlo.
El problema es que ese razonamiento tiene una trampa. Que exista mercado ilegal no prueba que la mejor respuesta sea abrir un mercado legal para productos adictivos. También puede significar que faltó fiscalización, control fronterizo, sanciones, campañas de prevención y decisión política para defender la salud pública frente a una industria que siempre busca nuevos consumidores.
El espejo uruguayo: Lacalle Pou y la flexibilización del tabaco
Uruguay ya conoce ese camino. Durante el gobierno de Lacalle Pou se tomaron decisiones que debilitaron la política antitabaco construida durante años y reconocida internacionalmente. En 2021, el Decreto 87/021 habilitó la venta de productos de tabaco calentado. En 2022, el Decreto 282/022 flexibilizó el empaquetado neutro. El Ministerio de Salud Pública del actual gobierno derogó esas normas y señaló que ambas habían comprometido el camino sanitario recorrido por el país.
El punto no es menor. Uruguay había construido una política pública fuerte: ambientes libres de humo, empaquetado genérico, prohibición de publicidad, advertencias sanitarias grandes, tratamiento para dejar de fumar y prohibición de cigarrillos electrónicos. Ese marco no nació de un capricho moralista, sino de una decisión sanitaria: poner la salud por encima del negocio.
Cuando se flexibiliza ese marco, las tabacaleras no lo presentan como victoria comercial. Lo presentan como modernización, libertad de elección, reducción de daños, combate al contrabando o adaptación a una realidad que “ya existe”. Cambian las palabras, pero el resultado es el mismo: se normalizan productos que sostienen la dependencia a la nicotina y se abre una nueva puerta de entrada, especialmente para adolescentes y jóvenes.
El contrabando como excusa permanente
La excusa del contrabando merece una mirada crítica. Cada vez que se intenta endurecer una política sanitaria contra el tabaco o sus derivados, aparece el mismo argumento: si se prohíbe, crece el mercado ilegal; si se controla demasiado, aumenta el contrabando; si se exige empaquetado neutro, se facilita la falsificación; si se limita la publicidad, se castiga al comercio formal.
Pero esa idea no siempre viene acompañada de pruebas sólidas. Muchas veces funciona como una presión política de la industria: transformar el problema sanitario en un problema de mercado. La pregunta deja de ser cómo reducimos el consumo de nicotina y pasa a ser cómo ordenamos la venta. Y cuando la discusión se mueve hacia ahí, las empresas ya ganaron buena parte del terreno.
En Argentina, la propia resolución reconoce que estos productos no son inocuos y que los cigarrillos electrónicos están creciendo entre estudiantes secundarios. Sin embargo, la respuesta elegida no fue reforzar la prevención, sino habilitar un mercado con registro. Esa es la contradicción principal: se admite el riesgo, pero se abre la puerta comercial.
Uruguay también tuvo otro capítulo menos visible: en 2020, el régimen de promoción de inversiones aprobado durante el gobierno de Lacalle Pou no mantuvo la restricción que impedía a las tabacaleras acceder a beneficios tributarios, algo que luego el gobierno de Orsi modificó para volver al criterio anterior. Es decir, no solo hubo flexibilización sanitaria; también hubo un terreno económico más amable para la industria.
La discusión no es si el Estado debe controlar productos que ya circulan. Claro que debe hacerlo. La discusión es si regular significa proteger a la población o abrir un negocio nuevo con lenguaje sanitario. Porque cuando se trata de nicotina, la historia regional muestra una constante: las tabacaleras siempre encuentran una palabra prolija para presentar sus intereses. Ayer fue libertad, después fue reducción de daños, luego fue combate al contrabando. Hoy es regulación. El riesgo es que, detrás de cada palabra, termine avanzando el mismo negocio de siempre.
Fuentes: Boletín Oficial de la República Argentina; Ministerio de Salud de Argentina; Ministerio de Salud Pública de Uruguay; Montevideo Portal; El Observador.
