Bajo el argumento de la falta de permisos de construcción, familias palestinas son empujadas a destruir sus casas y comercios para evitar costos aún mayores. La práctica profundiza el desplazamiento en una zona ocupada donde conseguir autorizaciones para construir resulta casi imposible para la población palestina.
Demoler la propia casa para no pagar más
Israel volvió a aplicar una de las formas más crueles de presión sobre la población palestina en Jerusalén Este: obligar a los propios residentes a demoler sus viviendas y comercios. La medida se ejecuta bajo el argumento de que las construcciones no cuentan con permisos emitidos por las autoridades israelíes, en una ciudad donde esos permisos son sistemáticamente difíciles de obtener para los palestinos.
Uno de los casos recientes es el de Mohammad Abdul Raouf Abu Tir, residente de Sur Baher, quien fue obligado a vaciar y demoler una vivienda familiar de unos 100 metros cuadrados. Según reportes palestinos, la casa albergaba a una familia numerosa, integrada por el matrimonio, sus hijos y los padres del propietario. Antes de la demolición, las autoridades le habían impuesto multas que rondaban los 45.000 shekels, una cifra cercana a los 12.000 dólares.
En Silwan, al sur de la mezquita de Al-Aqsa, los hermanos Tareq y Fadi al-Rajabi también fueron obligados a demoler dos locales comerciales en el barrio de Al-Bustan. En estos casos, la lógica se repite: o las familias destruyen sus propias propiedades, o deben asumir luego los costos de las cuadrillas israelíes que ejecutan la demolición.
El permiso que no llega y la multa que expulsa
La justificación administrativa es siempre parecida: falta de permiso. Pero el problema no empieza en la construcción, sino en el sistema que bloquea la posibilidad real de construir legalmente. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas señaló que, entre el 21 y el 27 de abril, fueron demolidas seis estructuras palestinas por falta de permisos, cinco de ellas en Jerusalén Este. En esa misma semana, tres viviendas fueron demolidas por sus propios dueños, lo que desplazó a 18 personas, entre ellas 10 niños.
La demolición “voluntaria” no tiene nada de libre. Es una decisión forzada por el miedo a multas más altas, nuevos castigos económicos y mayores costos si la demolición la ejecutan las autoridades israelíes. Diversas organizaciones de derechos humanos han documentado que las familias palestinas terminan enfrentadas a una trampa: construir sin permiso porque no se les permite crecer, o abandonar sus casas y barrios históricos.
En Al-Bustan, Silwan, la presión es aún más visible. El barrio, donde viven alrededor de 1.500 palestinos, está amenazado por planes vinculados a proyectos turísticos y de asentamiento. OCHA informó que el 30 de marzo fueron demolidas cinco estructuras residenciales en esa zona, lo que desplazó a 18 personas, casi la mitad niños.
Una política de desplazamiento con forma de trámite
Lo que aparece presentado como una infracción urbanística funciona, en los hechos, como una política de desplazamiento. La vivienda palestina queda bajo amenaza permanente, mientras los asentamientos israelíes avanzan y se consolida una transformación territorial que reduce cada vez más la presencia palestina en Jerusalén Este.
La ciudad no está ante hechos aislados. OCHA informó en abril que, de 86 estructuras demolidas en Jerusalén Este durante 2026, cerca de la mitad fueron destruidas por sus propios dueños tras recibir órdenes israelíes. La razón principal fue evitar multas adicionales y costos de demolición.
La comunidad internacional ha denunciado durante años que estas prácticas violan derechos básicos y agravan el desplazamiento forzado en territorio ocupado. Pero las condenas no han frenado la maquinaria. Cada casa demolida deja algo más que escombros: deja una familia expulsada, una memoria arrancada del barrio y una señal política clara sobre quién puede habitar Jerusalén y quién es empujado a desaparecer de ella.
Foto ; Jaber Jehad Badwan, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
