En la región Amazonas, al norte de Perú, más de 150 comuneros denuncian amenazas, intento de desalojo y la instalación de un puesto de vigilancia vinculado a intereses mineros. La comunidad reclama protección estatal y advierte que no permitirá el ingreso de mafias ni empresas saqueadoras a su territorio ancestral.
El levantamiento de Kumpanam
Comuneros de la comunidad nativa de Kumpanam, ubicada en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, región Amazonas, se organizaron con lanzas, machetes y palos ante lo que denuncian como un intento de desalojo de sus tierras y viviendas por parte de mineros ilegales que vienen amenazándolos desde hace meses. La denuncia fue realizada por el líder de la Asociación de la Comunidad Nativa, Nerbin Juwau, quien señaló a un grupo de empresarios y operadores vinculados al avance minero en la zona.
Según la denuncia recogida por medios peruanos, detrás de la presión sobre el territorio estarían Edwin Bolaños, Jorge Bedoya, Smith Victor Nanch, Juan Ibarra, Edwin Bastidas, Guillermo Bolaños, Nicolás Culqui y un empresario ecuatoriano identificado como Solórzano. La comunidad sostiene que estas personas estarían financiando la creación de un puesto de vigilancia con el objetivo de ingresar al territorio ancestral y abrir paso al saqueo de sus recursos.
La respuesta comunal fue clara. “No permitiremos que empresas saqueadoras, en complicidad con mafiosos, vengan a sorprender al pueblo originario”, expresó Juwau, quien anunció que la vigilancia será asumida junto a hermanos de distintas comunidades Awajún y Wampis de la cuenca del Cenepa.
Minería ilegal, territorio y ausencia del Estado
El caso no aparece de la nada. En marzo de este año, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental informó la destrucción de un campamento rústico usado para minería ilegal en los alrededores de Kumpanam. En esa intervención se identificaron estructuras, enseres, huellas recientes de maquinaria pesada y daños sobre agua, suelo, riberas, flora y fauna.
También hay antecedentes recientes de desplazamiento. En enero de 2025, la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú informó que el Ejército rescató a 53 integrantes de la Comunidad Nativa de Kumpanam, entre ellos 13 menores, que habían sido desplazados por mineros ilegales en Amazonas.
El problema, entonces, no es solo un conflicto puntual entre comuneros y mineros. Es el avance de una economía ilegal sobre territorios indígenas, con maquinaria, campamentos, amenazas y redes que se mueven en una zona fronteriza sensible. Investigaciones periodísticas peruanas ya habían advertido que la comunidad de Kumpanam fue desplazada tras enfrentamientos entre mineros ilegales y grupos criminales ecuatorianos, y que una carretera ilegal en la Cordillera del Cóndor facilitaba el ingreso desde Ecuador hacia territorio peruano.
La defensa indígena frente a una maquinaria de saqueo
Los dirigentes comunales exigieron la intervención del Gobierno peruano, la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios de Cultura, Interior, Defensa y Ambiente, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el Gobierno Regional de Amazonas, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y organismos internacionales. También responsabilizaron al Estado peruano por cualquier hecho de violencia si se insiste en imponer puestos de vigilancia sin consulta y con participación de actores cuestionados.
La comunidad advierte que más de 150 comuneros, entre niños, adultos y personas mayores, podrían verse afectados si son desalojados de un territorio que había sido recuperado para actividades agrícolas. La denuncia expone una tensión de fondo: mientras las comunidades intentan sostener vida, producción y territorio, la minería ilegal avanza con una lógica de ocupación, contaminación y control armado.
En El Cenepa, la defensa del territorio volvió a quedar en manos de quienes viven allí. No por elección, sino por abandono. Cuando el Estado llega tarde, o llega mezclado con intereses oscuros, los pueblos originarios terminan obligados a poner el cuerpo frente a una maquinaria que no busca desarrollo, sino oro, control y silencio.
Fuentes: Diario UNO, RCR Perú, Ojo, Convoca, Ministerio Público de Perú, PCM, CooperAcción y Vigilante Amazónico.
