El gobierno estadounidense aceptó modificar las restricciones financieras que impedían al Estado venezolano pagar los honorarios del abogado de Nicolás Maduro en la causa por narcotráfico que se tramita en Nueva York. La decisión no absuelve a nadie, pero expone una contradicción central: para juzgarlo, Washington tuvo que reconocerle garantías constitucionales al acusado que mantiene preso en Brooklyn.
Estados Unidos dio marcha atrás en una de las restricciones que había impuesto sobre Venezuela y aceptó habilitar el pago de los honorarios legales de Nicolás Maduro, acusado en Nueva York por delitos vinculados al narcotráfico y al llamado narcoterrorismo. La medida busca evitar que el juicio quede trabado por una discusión que empezaba a complicar al propio sistema judicial estadounidense: cómo sostener una causa penal de enorme carga política si al mismo tiempo se bloquea la defensa elegida por el acusado.
Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, fueron detenidos en enero durante una operación militar estadounidense en Caracas y trasladados a Nueva York. Ambos se declararon inocentes y permanecen encarcelados en Brooklyn mientras esperan el juicio. La acusación sostiene que Maduro dirigió o facilitó una estructura de funcionarios venezolanos vinculada al envío de cocaína hacia Estados Unidos, algo que el exmandatario niega desde hace años y que ha presentado como parte de una ofensiva política de Washington.
El punto que ahora obligó a Estados Unidos a retroceder no fue el fondo de la acusación, sino el derecho a la defensa. Barry Pollack, abogado de Maduro, había pedido que el caso fuera desestimado porque las sanciones estadounidenses impedían que el gobierno venezolano pagara sus honorarios. Según la defensa, Maduro y Flores no tienen recursos propios disponibles para sostener abogados privados, mientras que Caracas sí estaba dispuesta a cubrir esos costos. En Estados Unidos, incluso los acusados extranjeros tienen derechos constitucionales dentro de un proceso penal, incluido el derecho a contar con asistencia letrada.
La fiscalía defendió inicialmente el bloqueo de esos pagos con el argumento de la seguridad nacional y la política exterior. Pero el juez Alvin Hellerstein, encargado del caso en Manhattan, dejó claro en una audiencia de marzo que no veía con buenos ojos una situación en la que el Estado acusador, además de llevar a juicio a Maduro, terminara condicionando quién podía defenderlo. No desestimó la causa, pero presionó para que se resolviera el problema de fondo: si Estados Unidos quiere juzgar a Maduro en sus tribunales, debe permitir que el juicio no nazca viciado por una restricción que afecte la defensa.
La decisión llega, además, en un escenario político distinto al de los años de máxima confrontación. Washington endureció las sanciones contra Venezuela durante el primer gobierno de Donald Trump, con el argumento de que Maduro encabezaba un régimen corrupto y antidemocrático. Pero tras su caída y con Delcy Rodríguez al frente de una conducción interina en Caracas, la relación entre ambos países empezó a moverse con otro ritmo. Esa mejora relativa también pesó en la discusión: si Maduro y Flores están presos en Nueva York, el argumento de que el pago de sus abogados representa una amenaza directa para la seguridad nacional pierde fuerza.
El caso deja una imagen incómoda para Washington. Estados Unidos capturó a un exjefe de Estado extranjero, lo llevó a su territorio, lo acusa de delitos gravísimos y ahora necesita flexibilizar sus propias sanciones para que el proceso no se le caiga por una garantía básica. No se trata de defender a Maduro ni de absolverlo por adelantado. Se trata de algo más elemental: incluso los acusados más incómodos tienen derecho a un juicio limpio. Y cuando un país dice actuar en nombre de la ley, también queda obligado a soportar las consecuencias de esa ley.
La paradoja es brutal: para poder juzgar a Maduro, Estados Unidos tuvo que aflojar la maquinaria de sanciones que usó durante años contra Venezuela. El juicio seguirá, pero con una advertencia política y jurídica difícil de esconder: ninguna acusación, por grave que sea, puede sostenerse si el Estado que acusa también pretende controlar la defensa.
Fuentes
Reuters, Luc Cohen, 25 de abril de 2026. También antecedentes de Reuters, AP y The Guardian sobre la audiencia de marzo y el planteo de la defensa.
Fotos
Kremlin.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Ken Lund from Reno, Nevada, USA, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
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