La salida de Piero Corvetto de la Oficina Nacional de Procesos Electorales abrió una nueva crisis política en Perú. El problema comenzó con una falla logística grave que dejó sin votar a más de 55 mil personas en Lima el día de la elección, pero rápidamente fue usado por sectores de derecha para instalar un clima de sospecha generalizada sobre el proceso electoral.
Una renuncia en medio de una elección todavía abierta
La crisis electoral peruana sumó un capítulo decisivo con la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la ONPE. El funcionario presentó su salida ante la Junta Nacional de Justicia en medio de fuertes cuestionamientos por las fallas registradas durante los comicios generales del 12 de abril, una jornada en la que Perú votó presidente, vicepresidentes, Congreso y representantes ante el Parlamento Andino.
La salida de Corvetto no puede leerse como un hecho menor. En una elección tensionada, con resultados demorados y una segunda vuelta prevista para el 7 de junio, la confianza pública se volvió un elemento central. El propio exjefe electoral sostuvo que su renuncia buscaba ayudar a que la siguiente etapa se desarrollara en un “contexto de mayor confianza ciudadana”, aunque negó haber cometido irregularidades. Reuters informó que Corvetto pidió una investigación imparcial y exhaustiva sobre los problemas detectados.
La falla logística que abrió la puerta a la crisis
El punto de partida fue una falla concreta: el material electoral no llegó a tiempo a 13 locales de votación de Lima Metropolitana. Según la ONPE, eso impidió que 55.261 electores emitieran su voto el domingo 12 de abril. Para corregir la situación, el organismo dispuso una jornada excepcional el lunes 13, con 187 mesas habilitadas entre las 7:00 y las 18:00.
El Jurado Nacional de Elecciones también dejó constancia de que no se logró entregar material electoral en locales de Lima, lo que afectó el ejercicio del sufragio de un número importante de ciudadanos. Por eso resolvió ampliar la instalación de mesas y la votación hasta el 13 de abril, incluyendo además dos circunscripciones en Estados Unidos: Orlando, Florida, y Paterson, Nueva Jersey.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea fue clara en su diagnóstico: la jornada transcurrió de manera tranquila y ordenada en la mayor parte del país, pero los retrasos en Lima fueron graves y golpearon la confianza en la ONPE. La misión señaló que 13 locales no abrieron por falta de material electoral, aunque también valoró como rápida y positiva la decisión de habilitar la votación al día siguiente para garantizar el derecho al sufragio.
Ahí está el centro político del asunto: no se trató de un detalle administrativo, sino de una falla institucional seria que afectó derechos. Pero tampoco alcanza, por sí sola, para hablar de fraude. En democracia, una cosa es exigir responsabilidades por errores graves y otra muy distinta es empujar una narrativa de fraude sin pruebas, especialmente cuando esa narrativa puede ser usada para erosionar la voluntad popular.
La derecha agita la sospecha mientras el conteo sigue
La demora en el conteo y la revisión de actas observadas alimentaron un clima de tensión. Rafael López Aliaga, dirigente ultraconservador y exalcalde de Lima, denunció fraude sin presentar pruebas suficientes, mientras la disputa por el segundo lugar se mantenía ajustada frente a Roberto Sánchez. Keiko Fujimori aparecía al frente del conteo, pero sin alcanzar mayoría, lo que deja abierto el escenario de segunda vuelta.
La Unión Europea, sin embargo, no encontró evidencia de fraude en el conteo. Su informe preliminar habló de problemas logísticos, retrasos y deficiencias de organización, pero también describió la votación observada como tranquila, ordenada y fluida. Además, señaló que las narrativas de fraude circularon sobre todo en comunidades políticamente afines a López Aliaga y no lograron una difusión amplia.
En las últimas horas, la situación escaló todavía más: la Policía peruana allanó la vivienda de Corvetto como parte de una investigación por presuntas irregularidades electorales. Según Reuters, también hubo operativos en otros inmuebles, mientras la Fiscalía y la unidad anticorrupción investigan los hechos. La defensa de Corvetto informó que el juez autorizó el allanamiento, pero rechazó un pedido de detención preliminar, y sostuvo que el exjerarca está colaborando con la investigación.
Ese nuevo paso judicial refuerza la necesidad de investigar a fondo, pero no cambia una regla básica: investigar no es condenar. En un país atravesado por años de inestabilidad, con presidentes destituidos, interinatos, denuncias cruzadas y una derecha acostumbrada a judicializar la política cuando los resultados no la favorecen, la responsabilidad democrática exige separar los hechos comprobados de la propaganda.
Perú llega a la segunda vuelta con una democracia golpeada, una autoridad electoral descabezada y una ciudadanía con motivos legítimos para exigir explicaciones. La falla de la ONPE fue grave, afectó a miles de votantes y merece consecuencias administrativas, políticas y eventualmente penales si la investigación confirma responsabilidades.
Pero también hay que decirlo con claridad: hasta ahora, los observadores internacionales no han confirmado una operación fraudulenta. Lo que existe es una crisis logística seria, una investigación en curso y una disputa política que algunos sectores intentan convertir en relato de fraude.
Para una mirada progresista, el punto no puede ser defender instituciones a ciegas ni repetir sospechas sin pruebas. El punto es defender el derecho al voto, exigir transparencia, proteger el resultado popular y no permitir que los errores del sistema sean usados como excusa para debilitar todavía más una democracia peruana que ya viene demasiado herida.
Fuentes
- Oficina Nacional de Procesos Electorales — ONPE: comunicado sobre la votación del 13 de abril en 13 locales de Lima Metropolitana y los 55.261 electores afectados.
- Junta Nacional de Justicia — JNJ: comunicado oficial sobre la renuncia de Piero Alessandro Corvetto Salinas a la jefatura de la ONPE.
- Jurado Nacional de Elecciones — JNE: resolución y comunicación sobre la ampliación de la votación por los locales que no pudieron funcionar el 12 de abril.
- Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Perú: declaración preliminar sobre las elecciones generales del 12 de abril de 2026.
- Reuters: cobertura sobre la renuncia de Piero Corvetto, el retraso del conteo y las denuncias de irregularidades.
- Reuters: información sobre el allanamiento a propiedades vinculadas al exjefe de la ONPE en el marco de la investigación fiscal.
