El régimen emplea a casi 18.500 personas y aumentó su peso en la economía uruguaya. La administración de Yamandú Orsi reorganizó la institucionalidad encargada de las inversiones y avanza con proyectos en Salto y Rivera, bajo el desafío de vincular los beneficios fiscales con empleo digno, descentralización, inclusión social y controles ambientales.
Las zonas francas dejaron hace tiempo de ser un sector periférico de la economía uruguaya. Los últimos datos relevados por el Estado indican que durante 2024 generaron un valor agregado equivalente al 6,68% del Producto Interno Bruto y ocuparon a cerca de 18.500 personas.
La evolución es significativa. En 2020, el régimen empleaba a 16.578 trabajadores y representaba el 5,24% del PIB. En cuatro años, la cantidad de puestos de trabajo aumentó aproximadamente un 11,6%, mientras que su participación en la producción nacional creció más de un punto porcentual. Además, fueron relevadas 1.147 empresas usuarias y desarrolladoras habilitadas para operar durante 2024.
Una nueva institucionalidad para orientar las inversiones
El gobierno de Yamandú Orsi recibió un régimen en expansión y resolvió reorganizar la estructura estatal encargada de promoverlo y controlarlo.
La Ley de Presupuesto transformó la antigua Dirección Nacional de Zonas Francas en la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión, encabezada por Isabella Antonaccio. La nueva dependencia incorporó también la coordinación de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, conocida como COMAP.
El cambio busca centralizar la evaluación de los proyectos, reducir los tiempos administrativos, mejorar los sistemas de información y fortalecer el seguimiento de las empresas que reciben beneficios fiscales. La nueva dirección también deberá asesorar al Poder Ejecutivo sobre políticas de inversión, competitividad y desarrollo productivo.
La orientación anunciada por el Ministerio de Economía no se limita a facilitar la llegada de capitales. El nuevo esquema prevé priorizar inversiones que generen empleo, exportaciones, innovación, descentralización y producción ambientalmente sostenible.
También incorpora incentivos adicionales para las empresas que contraten mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas liberadas del sistema penitenciario, integrantes del colectivo LGBTIQ+ y participantes de programas de empleo protegido. Los departamentos con mayores niveles de pobreza y dificultades laborales tendrán una ponderación especial.
Esta perspectiva permite que la promoción de inversiones deje de medirse exclusivamente por el volumen del capital privado y comience a evaluarse por su contribución efectiva al bienestar colectivo.
Salto y Rivera aparecen en el mapa de las nuevas inversiones
Durante 2025, la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión continuó analizando dos nuevos emprendimientos: una zona franca vinculada al entretenimiento en Salto y otra de perfil industrial y logístico en Rivera.
Los proyectos todavía están en evaluación y no existe una autorización definitiva. Sin embargo, su ubicación abre una posibilidad relevante para reducir la concentración histórica de inversiones, infraestructura y empleos calificados en Montevideo y el sur del país.
En Rivera, un enclave industrial y logístico podría aprovechar la frontera con Brasil, la conexión de la ruta 5 con la red vial brasileña y la cercanía con distintos corredores regionales. La Intendencia identifica desde hace años al departamento como un punto estratégico para actividades industriales, logísticas y de distribución.
En Salto, el proyecto podría complementar la actividad turística y termal, aunque el Estado deberá precisar su dimensión, las empresas involucradas, el volumen de inversión, los puestos de trabajo previstos y las condiciones de acceso al régimen.
La descentralización no debería consistir solamente en trasladar exoneraciones fiscales hacia el interior. Para que estos proyectos produzcan transformaciones duraderas, deberán integrar proveedores locales, formación profesional, infraestructura pública y empleos estables con derechos laborales.
Los antecedentes muestran que las zonas francas pueden generar actividad fuera de sus propios límites. En 2022, unas 195 empresas uruguayas vendieron insumos por más de US$ 2.100 millones a estos enclaves. El 43% eran micro o pequeñas empresas y el conjunto de los proveedores empleaba a más de 12.300 personas.
Ampliaciones, tecnología y el necesario control público
La agenda de 2025 también incluyó proyectos que ya estaban en marcha. Entre ellos aparecen la ampliación del Parque de las Ciencias, la construcción del centro de datos de Google mediante su subsidiaria Eleanor Applications, una nueva torre de Aguada Park, la habilitación provisoria de WTC Punta del Este Free Zone y la continuación de las obras de Zona Franca del Plata, en Colonia.
La cuarta torre de Aguada Park supone una inversión estimada en US$ 20 millones y tendría capacidad para alojar actividades que podrían generar alrededor de 1.500 empleos. Zona Franca del Plata, por su parte, proyecta una inversión similar y cerca de 1.000 puestos de trabajo en Colonia.
El centro de datos de Google representa una inversión tecnológica de gran escala, pero también demuestra por qué la promoción económica debe estar acompañada de controles ambientales independientes.
Una investigación basada en el expediente ambiental estimó que, funcionando a plena capacidad, el complejo podría consumir unos 560 gigavatios hora de electricidad por año y requerir 27 generadores diésel de respaldo. El informe también planteó interrogantes sobre emisiones, ruido y los impactos sobre las comunidades cercanas.
Promover inversiones no significa otorgar un cheque en blanco. El crecimiento económico debe respetar el derecho de las poblaciones a recibir información, participar en las decisiones y vivir en un ambiente saludable.
Las zonas francas también tienen un peso decisivo en el comercio exterior. Los datos oficiales de 2022 mostraron que el 32% de las exportaciones uruguayas de bienes se produjo desde estos enclaves o los utilizó como destino intermedio. La celulosa, los granos, los concentrados de bebidas y los productos farmacéuticos figuraron entre los principales bienes comercializados.
El desafío del gobierno de Orsi será evitar que esa capacidad económica funcione como una economía aislada del resto del país. Los beneficios tributarios deben tener una contraparte verificable: trabajo digno, formación, transferencia tecnológica, participación de empresas nacionales, protección ambiental y desarrollo de los territorios.