El MVOT y la Intendencia de Durazno entregaron 49 viviendas a familias relocalizadas, en una intervención que reafirma el rol del Estado.
Una respuesta para 49 hogares
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Intendencia de Durazno entregaron 49 viviendas a familias relocalizadas de los asentamientos Continuación Herrera y de casos derivados por la Mesa de Vivienda. La intervención alcanza a unos 90 vecinos y vecinas, con una inversión cercana a 1,7 millones de dólares.
La entrega fue encabezada por la ministra Tamara Paseyro y el intendente Felipe Algorta. También participaron autoridades del MVOT, de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana y representantes de UPM. La Mesa de Vivienda articula el trabajo de DINISU, MIDES, la Intendencia de Durazno e INAU.
No se trata solamente de construir casas. En este tipo de procesos, la vivienda implica salir de situaciones de precariedad, mejorar condiciones de vida, ordenar el territorio y abrir una etapa distinta para familias que durante años vivieron con respuestas parciales o insuficientes.
Un proyecto con continuidad
Las viviendas fueron construidas a partir de módulos habitacionales cedidos por UPM al MVOT en 2021 y transformados por la DINISU en soluciones permanentes. El proyecto total prevé 52 viviendas: 49 ya fueron entregadas y tres permanecen en proceso de adaptación para cumplir criterios de accesibilidad.
La ministra Paseyro sostuvo que la vivienda debe asumirse como una política de Estado. Esa definición importa porque los problemas habitacionales no se resuelven en un período de gobierno ni con anuncios aislados. Requieren planificación, presupuesto, coordinación institucional y presencia en el territorio.
Las obras comenzaron en mayo de 2025 y fueron parte de una intervención que combinó recursos nacionales, gestión departamental, coordinación social y participación de distintos organismos. En Durazno, la respuesta llegó a familias que necesitaban algo más que una llave: necesitaban condiciones reales para habitar con dignidad.
El Estado donde más se necesita
La Constitución uruguaya reconoce el derecho a una vivienda decorosa. Ese principio no puede quedar como una frase jurídica distante. Debe traducirse en políticas públicas concretas, sobre todo para quienes viven en asentamientos, en zonas inundables o en condiciones de alta vulnerabilidad.
Desde una mirada humanista y de izquierda, la vivienda no puede depender solo del mercado ni del poder de compra de cada familia. El acceso a un techo digno es parte de la igualdad básica que una sociedad debe garantizar. Cuando el Estado llega con soluciones habitacionales, también afirma que la vida de esas familias importa.
El desafío no termina con la entrega. Paseyro remarcó la necesidad de acompañar a las familias y fortalecer la convivencia. Ese punto es central: una política de vivienda debe construir comunidad, no solo unidades habitacionales. La relocalización exige servicios, integración barrial, accesibilidad y seguimiento.
Durazno recibe así una intervención concreta que mejora la vida de decenas de personas. En un país donde todavía persisten asentamientos y desigualdad territorial, cada vivienda entregada marca un avance, pero también recuerda que el derecho a habitar dignamente sigue siendo una tarea pendiente.