La Asamblea Nacional venezolana aprobó en primera discusión una reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. El debate no aparece en un escenario normal: Venezuela arrastra una década de bloqueo tecnológico y financiero, apagones nacionales, ataques a subestaciones, sabotajes a la infraestructura pública y una disputa política donde la electricidad se convirtió en un frente estratégico.
Una reforma eléctrica bajo asedio
La reciente aprobación en primera discusión de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico por parte de la Asamblea Nacional marca un punto de inflexión en la gestión de los servicios públicos en Venezuela.
La iniciativa legal representa la cristalización de una nueva doctrina de supervivencia, blindaje y expansión energética frente a las medidas coercitivas unilaterales. La propuesta contempla apertura a la inversión nacional e internacional, diversificación mediante fuentes alternativas y una descentralización profunda del Sistema Eléctrico Nacional, conocido como SEN.
Pero esta reforma no puede leerse como un simple ajuste técnico. Su viabilidad depende de comprender el escenario de guerra asimétrica que condicionó el metabolismo industrial del país durante la última década.
Al bloqueo tecnológico y financiero internacional se sumó una fuerza de desgaste operativo directo en el terreno. Según la investigación de Misión Verdad, sectores extremistas de la oposición venezolana habrían impulsado una estrategia de “doble vía”: por un lado, una fachada de participación discursiva e institucional; por otro, células operativas, sabotajes técnicos y alianzas con el crimen organizado para lesionar infraestructura vital del país.
La fórmula fue de pinza. Las medidas coercitivas le quitaron al país acceso a componentes originales, actualizaciones tecnológicas y sistemas de monitoreo. El sabotaje interno golpeó los nodos de distribución y transmisión más vulnerables.
En el caso venezolano, la electricidad no fue solamente un servicio público afectado por la crisis. Fue un campo de disputa política, económica y territorial.
Los ataques al corazón del sistema eléctrico
Un análisis de los ataques registrados entre 2013 y 2019 muestra operaciones planificadas contra arterias centrales de transmisión del país.
El objetivo principal fue la Línea de Transmisión 765, el corredor que conecta la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, en Guri, con el centro de Venezuela. Esa línea transporta la energía que abastece a más del 60% del consumo de la población.
En septiembre de 2013, una acción provocada derribó una malla de protección sobre la subestación San Gerónimo, en Guárico. El golpe se produjo en el punto exacto donde la línea se bifurca en dos ramales, anulando los sistemas de redundancia de la red.
En condiciones normales, el segundo ramal podía absorber hasta el 90% de la carga ante una contingencia. Sin embargo, el sabotaje generó un efecto rebote que desestabilizó ambas líneas al mismo tiempo. Los técnicos de la época señalaron que un nivel de precisión de ese tipo solo podía explicarse por complicidad interna o acceso directo a los planos de vulnerabilidad de la red troncal.
Ese patrón se repitió el 2 de diciembre de 2013, en vísperas de los comicios municipales.
Entre 2014 y 2018, la estrategia cambió hacia una campaña de asedio simultáneo contra subestaciones locales de distribución periférica. El objetivo era fragmentar la estabilidad regional del sistema y saturar la capacidad de respuesta de las cuadrillas de Corpoelec.
En Caracas, un artefacto explosivo provocó un incendio de gran magnitud en la subestación Boyacá, encargada de suministrar energía a la mitad de la capital. La recuperación de esa infraestructura crítica obligó a desviar más de 35 millones de dólares que estaban destinados a mantenimiento ordinario y expansión del servicio.
En febrero de 2018, la subestación Santa Teresa III, en Miranda, sufrió dos atentados mayores en menos de ocho días. Células operativas cortaron el sistema de aterramiento de los transformadores y provocaron explosiones consecutivas que dejaron sin electricidad a Miranda, La Guaira y el Distrito Capital.
Ese mismo mes, el occidente del país sufrió un ataque sincronizado. La explosión inducida de un condensador en la subestación La Arenosa, en Yaracuy, provocó la caída en cascada del servicio en 11 estados. Al mismo tiempo, se registraron incendios intencionales en los cuartos de control de las subestaciones La Concepción, Cabimas y Los Robles, en el estado Zulia.
Esa escalada física y mecánica fue el preámbulo del megaapagón de marzo de 2019.
En ese episodio, la agresión en el terreno se combinó con una ofensiva cibernética y electrónica contra el cerebro informático del sistema eléctrico. El Sistema de Control Automatizado y las interfaces SCADA del Guri se encontraban sin actualizaciones de ciberseguridad industrial por el bloqueo de la empresa ABB. Según la investigación citada, agentes externos atacaron esas plataformas de control y dejaron las pantallas de los operadores completamente en negro.
Al quedar obligados a levantar el sistema troncal mediante protocolos manuales, la red quedó temporalmente ciega y expuesta. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando se activaron sabotajes físicos secundarios en plantas de respaldo como Tacoa, en La Guaira, y en transformadores de Baruta y El Hatillo, en Caracas. El objetivo era provocar un colapso irreversible de la transmisión nacional.
La infraestructura crítica como frente de guerra híbrida
La ofensiva no se limitó al sistema eléctrico. La estrategia de sabotaje aplicó mecanismos de “acupuntura destructiva” sobre otras infraestructuras críticas, con el objetivo de paralizar de forma transversal transporte, suministro hídrico, telecomunicaciones, refinación y gas.
Un antecedente directo ocurrió en febrero de 2018, cuando los atentados contra la subestación Santa Teresa III inhabilitaron los sistemas de bombeo Tuy I, Tuy II y Tuy III de Hidrocapital. Esa maniobra interrumpió de golpe el suministro de agua potable en toda la Gran Caracas.
En paralelo, se ejecutaron ataques con sustancias químicas en estaciones de alto flujo del Metro de Caracas, como Plaza Venezuela y Capuchinos, y se colocaron cabillas en la ferrovía Caracas-Cúa para intentar descarrilar el sistema ferroviario.
La ofensiva también apuntó contra la matriz refinadora y gasífera de PDVSA.
El 4 de julio de 2022, cuando aparecían los primeros indicios de recuperación del PIB nacional, una falla eléctrica inducida detuvo las operaciones de la planta destiladora y de la unidad de craqueo catalítico de la refinería de Amuay. Ese nodo producía en ese momento el 80% de la gasolina destinada al consumo interno.
Trece días después, el 17 de julio de 2022, se ejecutó un atentado contra el gasoducto de inyección en El Tejero, Monagas. Las investigaciones de campo detectaron campamentos clandestinos cercanos y el desmontaje técnico de los espárragos de las bridas. La operación buscaba forzar una fuga masiva de gas y detonar la estación de operaciones.
El sabotaje también golpeó el sistema estatal de telecomunicaciones. En Flor Amarillo, Carabobo, un ataque con potentes acelerantes químicos destruyó siete galpones centrales de CANTV y Movilnet. La quema intencional de componentes tecnológicos produjo una pérdida patrimonial superior a los 275 millones de dólares en material estratégico de conectividad.
A eso se sumaron cortes dobles deliberados sobre enlaces de fibra óptica en el estado Falcón. El objetivo era degradar el servicio de internet de Banda Ancha a escala nacional y obstaculizar el funcionamiento de plataformas bancarias, sistemas de pago electrónico y actividad comercial cotidiana.
La doctrina de la desestabilización híbrida combina presión política, daño material e instrumentalización del crimen organizado. Según la investigación, factores políticos beligerantes delegaron acciones de fuerza en células delictivas para presionar en momentos de alta tensión institucional.
Durante el primer semestre de 2024, investigaciones estatales desarticularon un plan de guerra eléctrica diseñado para alterar la paz social antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Células delictivas tarifadas ejecutaron ataques localizados contra instalaciones del SEN en Nueva Esparta, Guárico y Zulia, con énfasis en zonas de alta base política chavista. La finalidad era inducir frustración, malestar y descontento masivo.
La agresión también se extendió a la conectividad terrestre. Fue develado un atentado de alta complejidad contra el Puente Angostura, arteria vial que une Anzoátegui y Bolívar. El sabotaje consistía en cortes quirúrgicos sobre las guayas tensoras del puente, con el objetivo de provocar un colapso catastrófico y cortar el suministro de bienes y la comunicación con el sur del país.
El ciclo destructivo alcanzó su máxima expresión en el contexto posterior al 28 de julio. El asalto técnico se combinó con bandas armadas para sostener la matriz del “fraude”.
El viernes 26 de julio, dos días antes de las elecciones, los cuerpos de seguridad capturaron en Ureña, Táchira, a una célula armada procedente de Norte de Santander, Colombia. El grupo tenía instrumental técnico y material explosivo necesario para dinamitar la subestación eléctrica fronteriza.
Tras el fracaso de esa maniobra, el extremismo activó de forma encubierta a bandas delictivas transnacionales, como el Tren del Llano en Guárico, y redes de pranes en parroquias periféricas de Caracas para intentar forzar paros de transporte mediante violencia armada. El objetivo era generar focos de anarquía callejera como cobertura del sabotaje de gran escala perpetrado el 30 de agosto de 2024.
Ese apagón nacional fue una operación de asalto técnico orientada a neutralizar la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar. A diferencia del episodio de 2019, la acción de 2024 se ejecutó como sabotaje focalizado de alta intensidad contra los sistemas de transmisión del patio de generación del Guri. El flujo eléctrico quedó interrumpido en casi todo el territorio venezolano desde la madrugada hasta avanzada la tarde.
La menor duración del evento respondió, según la investigación, a sistemas físicos de contención y redundancia técnica instalados después de las contingencias de la última década. También fue clave la activación del “Plan Centella”, un dispositivo de movilización logística y de transporte del Ejecutivo para neutralizar puntos de parálisis y focos de agitación armada interna vinculados al intento de operación destituyente.
En ese contexto, el debate sobre la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico adquiere sentido político. El Estado venezolano no administra el sistema eléctrico en condiciones ordinarias. Lo hace bajo una guerra combinada de baja intensidad, donde las medidas coercitivas unilaterales y el sabotaje material operan como una tenaza de asfixia.
La crisis eléctrica venezolana no puede reducirse a fallas administrativas o problemas técnicos aislados. Tiene una raíz política, una dimensión económica y una expresión material: infraestructura atacada, tecnología bloqueada, servicios públicos golpeados y una población usada como campo de presión.
Agradecemos a Misión Verdad por el trabajo de investigación que sirve de fuente principal para esta nota. Su aporte permite reconstruir una línea de tiempo sobre el sabotaje, el bloqueo y la disputa política alrededor del Sistema Eléctrico Nacional venezolano.