El gobierno de Delcy Rodríguez y sectores de la oposición avanzan en una negociación que incluye la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la búsqueda de una fórmula para recuperar unas 31 toneladas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra, valoradas en alrededor de US$ 4.000 millones. Quatroges ya abordó el viernes 14 de agosto esta nueva etapa de la transición venezolana, al analizar el acuerdo para renovar el TSJ y el peso de Washington en la reorganización institucional; ahora seguimos ese proceso porque la discusión se amplía hacia uno de los activos externos más importantes del país y muestra hasta qué punto justicia, sanciones, reconocimiento internacional y control de recursos forman parte de una misma negociación política.
El primer ciclo formal de conversaciones comenzó el 6 de agosto en Caracas. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, encabezó la delegación gubernamental, mientras Dinorah Figuera representó al sector opositor vinculado a la Asamblea Nacional electa en 2015. Estados Unidos respalda abiertamente estas negociaciones y Reuters ha descrito el escenario surgido después de enero como uno de influencia estadounidense sin precedentes sobre la política venezolana.
Luego de cinco días de reuniones plenarias y técnicas, las partes cerraron el primer tramo con dos grandes compromisos: reiniciar desde cero la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y concentrar esfuerzos en recuperar activos venezolanos mantenidos en el exterior. Ambos puntos, aunque diferentes, terminan conectados por una misma discusión: la reconstrucción institucional y económica de Venezuela se desarrolla mientras decisiones esenciales dependen también de gobiernos, tribunales y organismos situados fuera del país.
El Tribunal Supremo vuelve a empezar de cero
El acuerdo judicial implica sustituir a la totalidad de los magistrados del TSJ mediante un nuevo proceso de postulaciones, reformar nuevamente la Ley Orgánica del máximo tribunal y reorganizar el Comité de Postulaciones Judiciales. También se prevé una instancia especial de evaluación de las credenciales de los aspirantes. La decisión deja sin efecto práctico el proceso parcial que ya estaba desarrollando la Asamblea Nacional, que evaluaba centenares de postulaciones para cubrir vacantes y ampliar algunas salas.
La composición del TSJ tiene una importancia que excede largamente al Poder Judicial. De sus decisiones dependen disputas electorales, la constitucionalidad de leyes, actuaciones de otros poderes públicos y buena parte de las garantías jurídicas necesarias para cualquier futuro proceso electoral. Por eso su renovación constituye uno de los puntos centrales de la mesa política.
Washington respalda además una reforma más amplia de las instituciones electorales y judiciales. El secretario de Estado Marco Rubio sostiene que Estados Unidos actúa como facilitador y no como quien dicta el proceso, aunque las propias fuentes estadounidenses y los principales medios internacionales coinciden en que el peso de Washington en esta etapa es extraordinariamente elevado.
31 toneladas de oro que Venezuela no puede utilizar
El segundo acuerdo pone sobre la mesa aproximadamente 31 toneladas métricas de oro pertenecientes al Banco Central de Venezuela y almacenadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra. A los valores actuales su precio ronda los US$ 4.000 millones, una cifra que adquirió todavía mayor relevancia después de los terremotos que golpearon Venezuela a fines de junio y dejaron miles de muertos, viviendas destruidas y graves daños en infraestructura.
Gobierno y oposición acordaron que, si los activos son recuperados, los recursos se orienten a vivienda, salud, recuperación del suministro eléctrico y remoción de escombros, acompañados por mecanismos de auditoría, trazabilidad y transparencia. La utilización social de esos recursos resulta particularmente significativa en un país que debe financiar una reconstrucción de enorme escala mientras atraviesa nuevamente fuertes presiones inflacionarias.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez ya había solicitado al rey Carlos III la devolución del oro. El Banco de Inglaterra, sin embargo, no lo ha liberado y el litigio sobre su control lleva años en los tribunales británicos.
Ese punto requiere una precisión: el oro no permanece inmovilizado simplemente por una sanción estadounidense. El conflicto nació de la decisión británica de desconocer a Nicolás Maduro como presidente y reconocer en 2019 a Juan Guaidó, lo que produjo dos directorios rivales del Banco Central reclamando autoridad sobre las reservas. En 2021, la Corte Suprema británica estableció que los tribunales debían atender el reconocimiento político realizado por el gobierno británico, dejando el control efectivo de los lingotes sujeto a una prolongada disputa jurídica.
El escenario político cambió radicalmente desde entonces, pero los lingotes continúan en Londres. El propio gobierno británico reconoció este año a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, aunque mantiene como objetivo declarado una transición política y elecciones libres.
Soberanía, reconstrucción y una transición con Washington en el centro
La coincidencia entre gobierno y oposición para reclamar el oro introduce una situación singular: sectores enfrentados durante años reconocen ahora conjuntamente que esos recursos pertenecen a Venezuela y deben utilizarse para atender necesidades de su población. La discusión sobre transparencia en su administración es legítima; diferente es que activos soberanos de un país queden durante años inutilizados porque otro Estado decide qué autoridad política considera válida para disponer de ellos.
Ese antecedente trasciende incluso el caso venezolano. Significa que reservas nacionales depositadas en instituciones financieras extranjeras pueden quedar sometidas a decisiones de reconocimiento político tomadas fuera del territorio al que pertenecen. La experiencia venezolana muestra así una dimensión concreta de la dependencia financiera internacional: tener reservas no necesariamente significa poder disponer de ellas.
Al mismo tiempo, la negociación vuelve a colocar a Estados Unidos como un actor central. Las conversaciones son formalmente venezolanas y están integradas por representantes del gobierno y de una parte de la oposición, pero Washington respalda el proceso, impulsó la participación de Figuera y vincula la normalización política con reformas institucionales, elecciones y levantamiento progresivo de sanciones. María Corina Machado, una de las principales figuras opositoras, quedó fuera de esta instancia, aunque afirmó que no obstaculizará avances reales hacia la recuperación de instituciones democráticas y elecciones.
La próxima etapa deberá mostrar hasta dónde llega el acuerdo. Renovar un tribunal puede modificar la arquitectura institucional; recuperar US$ 4.000 millones puede significar viviendas, hospitales, electricidad e infraestructura para una población golpeada por una catástrofe. Pero ambos procesos tienen una cuestión común que seguirá atravesando la transición venezolana: cuánto de las decisiones fundamentales será resuelto por los propios venezolanos y cuánto continuará condicionado por poderes extranjeros capaces de influir sobre sus instituciones, sus sanciones y hasta sobre el acceso del país a sus propias reservas.