Nueve meses después de la operación militar estadounidense que terminó con el secuestro de Nicolás Maduro —como lo calificó el gobierno venezolano—, la ONU reconoce más de mil excarcelaciones y una reducción de las formas más abiertas de represión, pero advierte que siguen funcionando estructuras responsables de torturas, detenciones arbitrarias y persecución política. Mientras cientos de presos permanecen detenidos, Washington estrecha relaciones con el gobierno interino de Delcy Rodríguez.
Maduro salió del poder, pero el aparato represivo permaneció
Nueve meses después de la operación militar estadounidense del 3 de enero que sacó a Nicolás Maduro del poder y lo trasladó junto a Cilia Flores a Estados Unidos, la última investigación de Naciones Unidas dibuja una Venezuela distinta, pero lejos todavía de una transformación institucional profunda. Desde que Delcy Rodríguez asumió interinamente la Presidencia se produjeron centenares de excarcelaciones, fue aprobada una ley de amnistía, disminuyeron las detenciones políticas prolongadas, algunos medios digitales dejaron de estar bloqueados y periodistas, organizaciones sociales y dirigentes opositores recuperaron espacios de actuación que durante los últimos años habían quedado severamente restringidos. El cambio existe y es considerable, pero para la misión internacional de la ONU continúa siendo parcial, condicionado y potencialmente reversible.
Los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad y buena parte de las estructuras judiciales y legales utilizadas durante años contra la disidencia no atravesaron todavía una reforma capaz de garantizar que los mecanismos represivos no vuelvan a activarse. Funcionarios vinculados por investigaciones anteriores a graves violaciones de derechos humanos permanecen dentro del aparato estatal y los denominados colectivos, organizaciones civiles armadas que han sido señaladas por su intervención en tareas de intimidación y control político, continúan existiendo. La desaparición de Maduro de la Presidencia no significó, por lo tanto, la desaparición del sistema institucional que funcionó durante su gobierno.
Naciones Unidas documentó durante 2026 nuevos casos de tortura y malos tratos en instalaciones penitenciarias y militares, entre ellas Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, con testimonios sobre confinamiento en espacios subterráneos, privación de alimentos, exposición al frío y otras prácticas crueles. A mediados de septiembre organizaciones especializadas seguían contabilizando 344 personas privadas de libertad por razones políticas, pese a que durante el año fueron excarceladas más de mil. La magnitud de las liberaciones demuestra que hubo un cambio relevante; la permanencia de cientos de detenidos y de los organismos capaces de repetir aquellas prácticas demuestra que el problema está lejos de haber desaparecido.
Derechos humanos sin doble vara
La constatación de esas violaciones no resuelve, ni debería ocultar, el otro problema que atraviesa la nueva realidad venezolana: la forma en que Maduro fue removido del poder. El 3 de enero fuerzas militares estadounidenses actuaron dentro del territorio venezolano, detuvieron al entonces presidente y a Cilia Flores y los trasladaron fuera del país. Caracas caracterizó desde el primer momento la operación como una agresión y un secuestro. Naciones Unidas no adoptó esa última definición como una calificación jurídica propia, pero su secretario general, António Guterres, expresó inmediatamente una profunda alarma, consideró que la acción estadounidense establecía un precedente peligroso y manifestó preocupación porque las normas del derecho internacional no hubieran sido respetadas.
La cuestión obliga a mantener simultáneamente dos principios que con frecuencia son presentados como incompatibles. Las torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias y persecuciones políticas cometidas en Venezuela deben ser investigadas y sus responsables deben responder por ellas. Pero la existencia de esas violaciones tampoco concede automáticamente a una potencia extranjera el derecho de ingresar militarmente en otro país y remover a su presidente. Defender los derechos humanos dentro de Venezuela no exige legitimar una intervención estadounidense; defender la soberanía venezolana tampoco puede utilizarse para ignorar las víctimas de la represión estatal. Para América Latina, marcada históricamente por intervenciones, golpes e injerencias extranjeras, esa distinción tiene un peso que excede ampliamente el caso venezolano.
La responsabilidad por los abusos tampoco desaparece con Maduro fuera del gobierno. La misión internacional sostiene que deben investigarse los hechos anteriores, determinarse responsabilidades individuales y reformarse las instituciones que permitieron que esas prácticas se volvieran sistemáticas. No alcanza con abrir las cárceles si permanecen intactos los mecanismos capaces de volver a llenarlas, ni con sustituir al jefe del Estado si jueces, organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad y estructuras parapoliciales mantienen herramientas que durante años fueron utilizadas para perseguir adversarios. La prueba definitiva de una apertura política no estará únicamente en cuántos presos fueron liberados, sino en si Venezuela desmonta las condiciones que hicieron posibles aquellas detenciones.
Washington se acerca ahora al gobierno que heredó esa estructura
La evolución posterior agrega una contradicción política difícil de ignorar. Estados Unidos utilizó durante años las denuncias de autoritarismo y violaciones de derechos humanos como uno de los principales fundamentos de su enfrentamiento con el gobierno de Maduro. Sin embargo, después de removerlo por la fuerza no desplazó a todo el núcleo gobernante: Delcy Rodríguez, vicepresidenta durante su administración y una de las figuras centrales del chavismo, quedó al frente del Ejecutivo y se transformó progresivamente en la interlocutora de Washington. La relación avanzó durante los últimos meses mediante acuerdos económicos y energéticos y ahora Donald Trump tiene previsto encontrarse con Rodríguez en Nueva York durante las actividades de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el primer encuentro presencial entre ambos desde enero.
La escena resulta especialmente significativa frente a las conclusiones de los organismos internacionales. Mientras la ONU advierte que buena parte de la infraestructura estatal asociada a la represión continúa sin reformas profundas, Washington fortalece sus relaciones con el gobierno que heredó precisamente esas instituciones. Al mismo tiempo ingresan nuevamente inversiones estadounidenses en sectores estratégicos venezolanos, particularmente petróleo, energía y minería. El centro de gravedad de la política norteamericana parece haberse desplazado rápidamente desde la confrontación con el chavismo hacia una negociación pragmática con una parte del mismo poder político que acompañó a Maduro.
Venezuela vive así una transición llena de contradicciones. Hay menos represión abierta, más de mil personas recuperaron la libertad, existen mayores márgenes para periodistas y organizaciones civiles y comenzaron cambios que pocos meses atrás parecían imposibles. Pero cientos de presos continúan detenidos, las denuncias de tortura no desaparecieron y el aparato institucional señalado durante años por graves violaciones permanece en buena medida en pie. Maduro ya no gobierna y la relación con Estados Unidos cambió radicalmente. Lo que todavía no puede afirmarse es que haya desaparecido el sistema que permitió aquellas violaciones. Esa será, más que la suerte personal del expresidente, una de las pruebas decisivas para medir cuánto cambió realmente Venezuela.