El Ministerio del Interior prepara un convenio con Defensa para que la Policía utilice vehículos Mamba del Ejército Nacional en zonas con mayor incidencia de criminalidad. La medida se inscribe en el despliegue focalizado contra la violencia armada, pero también obliga a una precisión política: los barrios no pueden ser tratados como territorios de ocupación, y la seguridad pública debe seguir bajo mando civil, policial y con control democrático.
12 vehículos militares para un patrullaje policial
El ministro del Interior, Carlos Negro, informó en la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes que su cartera trabaja junto al Ministerio de Defensa Nacional en un convenio para incorporar vehículos del Ejército a tareas de patrullaje policial en barrios con mayores niveles de criminalidad.
Según fue informado, se trata de 12 vehículos Mamba, pertenecientes al Ejército Nacional, que serían destinados al “estricto patrullaje” de zonas con mayor incidencia delictiva. El punto central, desde el punto de vista institucional, es que el operativo quedaría bajo mando de la Policía Nacional.
La medida forma parte de una línea de trabajo que el Ministerio del Interior viene desplegando en Montevideo bajo el esquema de operativos focalizados, intervención territorial, presencia policial sostenida y coordinación entre distintas unidades: Jefatura de Policía de Montevideo, Guardia Republicana, Dirección Nacional de Investigaciones, DIGOE, Policía de Tránsito, Centro de Comando Unificado, Policía Científica y Aviación de la Policía Nacional.
En los últimos días, Interior presentó la Operación Dominio como una estrategia de intervención territorial en distintos puntos de Montevideo. En ese marco, la cartera informó controles de personas, vehículos, recuperación de autos, incautación de motos, drogas y detenciones. El objetivo oficial es reforzar la presencia del Estado en zonas donde se concentran hechos de violencia, balaceras, disputas entre grupos criminales y circulación de armas.
Pero el uso de vehículos militares en tareas policiales introduce un elemento distinto. No se trata de un patrullero común ni de una camioneta policial. Los Mamba son vehículos blindados de transporte de personal, incorporados por el Ejército para operaciones de paz y diseñados para funcionar en escenarios hostiles, con protección antiminas y capacidad de despliegue en contextos de riesgo.
La seguridad necesita presencia, pero no lógica de ocupación
Uruguay tiene un problema real de violencia armada. El propio diagnóstico del Plan Nacional de Seguridad Pública reconoce una concentración territorial de homicidios, heridos por arma de fuego, disputas vinculadas al narcotráfico y delitos complejos que golpean con más fuerza en determinados barrios de Montevideo.
Negar esa realidad sería irresponsable. Los vecinos de esos territorios tienen derecho a vivir sin balaceras, sin bocas de droga en la esquina, sin bandas disputando control territorial y sin quedar atrapados entre el abandono estatal y el poder criminal. La seguridad también es un derecho popular.
Pero una política de seguridad democrática no puede confundirse con una demostración de fuerza. Los barrios con más violencia suelen ser también los barrios con más carencias acumuladas: vivienda precaria, ausencia de oportunidades laborales, trayectorias educativas interrumpidas, consumo problemático, falta de infraestructura y presencia estatal fragmentada. Cuando el Estado llega solo con blindados, llega tarde y llega incompleto.
El desafío es que el patrullaje reforzado no sustituya la política social, sino que la acompañe. La Policía puede y debe intervenir frente al delito, pero el Estado no puede reducir su presencia a controles, móviles y operativos. Si el despliegue territorial no viene acompañado de vivienda, salud mental, educación, trabajo, espacios públicos, convivencia comunitaria y políticas para jóvenes, el resultado será apenas administrar el conflicto hasta la próxima crisis.
El gobierno ha insistido en que el Plan Nacional de Seguridad Pública busca construir un modelo uruguayo, sin recetas autoritarias. Esa definición ahora se pone a prueba en el terreno. Usar vehículos del Ejército bajo mando policial puede presentarse como una medida logística. Pero si no hay límites claros, puede alimentar una señal equivocada: que la respuesta a la desigualdad territorial es la militarización visual de la pobreza.
Mando civil, transparencia y control democrático
Hasta ahora no fue informado públicamente el texto integral del convenio. Ese documento será clave para saber si la participación del Ejército se limita al préstamo de vehículos, al mantenimiento, a la conducción o a otro tipo de apoyo logístico. También deberá aclarar qué protocolos se aplicarán en caso de detenciones, persecuciones, controles de identidad, incidentes con civiles o daños a terceros.
El gobierno tiene derecho a reforzar la seguridad en zonas críticas. También tiene la obligación de hacerlo sin debilitar garantías. En una democracia, la eficacia policial no puede medirse solo por cantidad de controles o por presencia de vehículos blindados. Debe medirse también por reducción sostenida de la violencia, investigación criminal, desarticulación de redes, recuperación de espacios públicos, confianza vecinal y respeto de derechos.