OSE adjudicó a seis constructoras el trasvase del río San José el mismo día en que la Cámara de la Construcción presentó la propuesta, sin proyecto ejecutivo ni competencia de precios. Las empresas definieron después los componentes de la obra, el sistema dependió de diques provisorios arrasados por las crecientes y el resultado estimado oficialmente fue una semana de operación y 400.000 metros cúbicos trasladados: apenas el 0,55% del volumen anual prometido.
La crisis hídrica de 2023 encontró al sistema metropolitano con Paso Severino al borde del agotamiento, el agua distribuida con niveles excepcionales de sodio y cloruros y miles de hogares obligados a comprar agua embotellada. La emergencia exigía una respuesta inmediata, pero las resoluciones de OSE muestran que el apuro terminó convertido en un mecanismo de gestión: contrataciones directas, proveedores interviniendo en el diseño y la formación de precios, decisiones fragmentadas, modificaciones realizadas mientras avanzaba la obra y una solución “definitiva” sostenida por componentes que el propio organismo definió como provisorios.
La secuencia había comenzado antes. En mayo de 2023 el entonces presidente de OSE, Raúl Montero, ya hablaba públicamente de recuperar un antiguo proyecto para captar agua del río San José y estimaba una inversión del orden de los US$ 20 millones. Sin embargo, cuando el Directorio aprobó la obra el 22 de junio, Paso Severino estaba en el 5% de su capacidad y OSE reconoció formalmente que todavía no tenía proyecto ejecutivo.
Las empresas presentaron la solución, respaldaron los precios y luego se repartieron los trabajos
La Resolución 778/23 reconstruye un procedimiento extraordinario. El 22 de junio de 2023 la Cámara de la Construcción entregó a OSE una propuesta técnico-económica coordinada con Espina, Cujó, Teyma, Stiler, Ciemsa y Saceem. Ese mismo día, el Directorio aprobó la contratación directa de las seis empresas por US$ 10.239.167 más IVA y $ 68.568.348 por leyes sociales, además de autorizar un 10% para imprevistos.
La resolución expresa que OSE no contaba con un proyecto ejecutivo confeccionado. La Cámara asumió la coordinación de los contratistas, el análisis y aval de sus costos frente al mercado, mientras las propias empresas quedarían encargadas de realizar el proyecto y, una vez terminado, definir qué componente ejecutaría cada una y cuánto correspondía a cada subtotal. El Estado contrató así una obra millonaria sin pliego competitivo previo, sin ofertas rivales y con la verificación económica apoyada en la misma organización empresarial que había reunido a los adjudicatarios.
El dique de Campanario siguió el mismo recorrido. El 22 de junio la Cámara comunicó que había asignado el movimiento de tierra a José Cujó SA; el 23 la empresa presentó su oferta y ese mismo día OSE aprobó directamente la contratación por $ 28.449.888, impuestos y leyes sociales incluidos. La Resolución 779/23 consideró razonable el precio sobre la base de “antecedentes recientes”, sin identificar una comparación de ofertas, y definió el dique como un “complemento necesario” para crear el nivel de agua que permitiera la captación y asegurara un bombeo de 8.000 metros cúbicos por hora.
La obra se dividió además en sucesivas compras y resoluciones: caños de fundición, tuberías de polietileno, piezas especiales, alquiler y compra de bombas, construcción de la captación, dique de Campanario, prolongación hasta Aguas Corrientes, operación, mantenimiento y posteriores estudios para una toma definitiva. La fragmentación administrativa dispersó el costo, debilitó la lectura global del gasto y permitió que el monto públicamente manejado pasara de US$ 20 millones a US$ 35 millones, hasta que el Ministerio de Economía consignó una inversión cercana a US$ 50 millones para el trasvase y Campanario.
Primero se construyó; después se aprobó cómo había sido construido
La improvisación quedó documentada en abril de 2024, ocho meses después de la entrada en funcionamiento. Mediante la Resolución 478/24, OSE aprobó la modificación del proyecto ejecutivo y un nuevo rubrado que sustituía el originalmente contratado.
La primera propuesta preveía dos etapas de bombeo, tres bombas prestadas montadas sobre balsas, una laguna artificial de 10.000 metros cúbicos y nueve motobombas. Después de contratados los trabajos y comenzadas las tareas de campo, aquella solución fue reemplazada por una captación directa con cinco motobombas alquiladas y cinco electrobombas compradas por OSE, además de generadores, dragado, terraplenes, caminería, protecciones, instalaciones eléctricas, contenedores y otras obras. El Directorio dejó escrito que esa modificación había sido avalada “sobre la marcha del proyecto y obra en simultáneo”.
No se trató de un ajuste menor realizado antes de construir, sino de la aprobación formal, en abril de 2024, de la configuración con la que la obra ya había sido ejecutada en 2023. Los contratistas diseñaron y construyeron simultáneamente mientras OSE adaptaba el proyecto a los equipos disponibles en el mercado y a los suministros que podían importarse con mayor rapidez.
La dependencia más delicada estaba en la captación. Sin Campanario, el sistema perdía el embalse necesario para mantener agua dulce, independizar el nivel del río San José de las mareas y garantizar la succión de las bombas. La cañería, las extensiones y los equipos podían conservar valor material, pero quedaban sin capacidad operativa bajo las condiciones de escasez que habían justificado la inversión.
El dique de Campanario sufrió una primera rotura el 18 de julio de 2023, pocos días después de su construcción y antes de que el trasvase comenzara a funcionar. OSE dispuso repararlo y explicó entonces que esa respuesta frente al aumento del caudal era esperable en una estructura de esas características. Las crecientes posteriores volvieron a afectar los diques y arrastraron materiales; en mayo de 2024 Montero reconoció ante la Cámara de Representantes que la toma debía ser reacondicionada, que era necesario “repensar el tema de los diques” y que el construido sobre el río San José “prácticamente no existe”.
El trasvase fue presentado como una infraestructura perdurable, pero su pieza indispensable era fusible. Para transformarlo en una solución estable hacía falta otra toma, otro diseño, nuevas autorizaciones y más dinero. Recién el 28 de agosto de 2023, cuando el sistema ya estaba construido y la emergencia hídrica había terminado, OSE contrató directamente a Seinco y CSI Ingenieros por US$ 420.800 más IVA para proyectar la captación definitiva. La Resolución 1047/23 admitió que la toma provisoria era vulnerable a las crecientes, obligaba a retirar las bombas con una hidrogrúa, interrumpía el bombeo y generaba sobrecostos.
Una semana de operación para una inversión de US$ 50 millones
El trasvase comenzó a funcionar el 10 de agosto de 2023, cuando las lluvias ya habían permitido recuperar parcialmente los cursos y reservas. Ante la Cámara de Representantes, el presidente de OSE estimó que estuvo operativo aproximadamente una semana, que nunca fue necesario ponerlo en marcha a plena capacidad y que trasladó unos 400.000 metros cúbicos. La cifra consta en el Diario de Sesiones del 8 de mayo de 2024.
La capacidad anunciada era de 200.000 metros cúbicos diarios y la proyección política hablaba de 73 millones de metros cúbicos al año, más que un Paso Severino completo. El volumen efectivamente estimado por OSE para 2023 equivale a dos días de funcionamiento a capacidad plena, representa el 0,55% de aquella promesa anual y ronda el 0,6% de la capacidad total de Paso Severino.
Tomando los US$ 50 millones informados por el Ministerio de Economía y los 400.000 metros cúbicos estimados por OSE, la relación del episodio de 2023 fue de aproximadamente US$ 125 de inversión por cada metro cúbico trasvasado. Incluso utilizando la cifra intermedia de US$ 35 millones, el resultado alcanza US$ 87,50 por metro cúbico. La comparación muestra la distancia entre la dimensión del desembolso, la capacidad anunciada y el beneficio operativo obtenido durante la emergencia.
La contratación continuó cuando esa emergencia ya había cesado. El Decreto 253/023 quedó vigente el 27 de agosto de 2023; al día siguiente, OSE aprobó directamente a las mismas seis constructoras un servicio de operación y mantenimiento por seis meses. La previsión inicial fue de $ 112.979.236 más IVA y un ajuste por combustible, pero el 6 de setiembre el organismo corrigió rubros omitidos y elevó el monto a $ 125.057.799 más IVA. La contratación contemplaba hasta 16.127 litros diarios de gasoil, generadores, personal permanente, hidrogrúa, montaje y desmontaje de bombas, aunque el sistema acababa de funcionar alrededor de una semana.
La documentación expone una hipótesis consistente: la falta de planificación previa concentró todas las decisiones bajo el régimen de urgencia; la urgencia eliminó la competencia; la ausencia de competencia permitió que los adjudicatarios intervinieran en el diseño, la distribución de tareas y el respaldo de sus propios precios; la construcción simultánea con el proyecto produjo modificaciones sobre la marcha, y el resultado fue una infraestructura costosa apoyada en componentes provisorios que debían ser sustituidos para recuperar su utilidad.
En marzo de 2026, OSE anunció que pondría nuevamente a punto las bombas y las instalaciones de Paso Valdez y que invertiría otros US$ 4 millones en reconstruir el dique de Belastiquí. Hasta agosto, la información pública disponible seguía concentrada en ese reacondicionamiento y no incluía un nuevo balance oficial de funcionamiento ni de agua efectivamente trasvasada.