El gobierno de Yamandú Orsi avanza en conversaciones con Corea del Sur, Francia y Reino Unido para recuperar capacidad de patrullaje oceánico después de la rescisión del contrato con el astillero español Cardama. La nueva estrategia combina buques usados de disponibilidad más rápida con opciones de construcción nueva, en un proceso marcado por la necesidad de transparencia, soberanía marítima y control de los recursos del país.

Una salida en dos tiempos: barcos usados ahora, construcción nueva después

Uruguay volvió a poner sobre la mesa la compra de patrullas oceánicas para la Armada Nacional, pero esta vez el camino parece ser distinto al seguido durante el gobierno de Luis Lacalle Pou con el contrato adjudicado al astillero español Cardama. La administración de Yamandú Orsi se mueve ahora sobre tres carriles: Reino Unido, Corea del Sur y Francia.

El primer carril apunta a una solución más rápida. El gobierno prepara una carta de intención al Reino Unido para formalizar el interés uruguayo en adquirir tres buques de patrulla oceánica clase River Batch 1 de la Royal Navy: HMS Tyne, HMS Mersey y HMS Severn. Son embarcaciones que operan desde 2003 y cuya salida de servicio está prevista para 2028.

El segundo carril mira hacia Corea del Sur. El embajador coreano Wonil Noh se reunió el viernes 22 de mayo con el comandante de la Armada Nacional, José Luis Elizondo, y con contralmirantes de la fuerza para avanzar en una propuesta que incluiría transferencia de buques usados y eventual construcción de nuevas OPV a cargo de Hyundai Heavy Industries.

El tercer carril involucra al grupo francés Naval Group, una empresa con experiencia regional directa: ya construyó y entregó a la Armada Argentina una serie de cuatro patrulleros oceánicos OPV 87, utilizados para control marítimo, vigilancia de la zona económica exclusiva y operaciones vinculadas a la protección de recursos naturales.

La diferencia con Cardama no es menor. El gobierno parece priorizar ahora propuestas con respaldo estatal, astilleros de trayectoria comprobada y antecedentes operativos concretos. Después de una compra cuestionada, con garantías bajo sospecha y una comisión investigadora en marcha, el margen político para repetir errores es mucho más estrecho.

El antecedente Cardama y el costo político de una compra fallida

La compra de dos OPV a Cardama fue firmada en diciembre de 2023, durante el gobierno de Lacalle Pou, por un monto cercano a los 92 millones de dólares. El contrato buscaba resolver una necesidad histórica de la Armada Nacional: contar con buques capaces de patrullar mar adentro, controlar pesca ilegal, combatir narcotráfico, asistir en búsqueda y rescate y sostener presencia efectiva en aguas jurisdiccionales.

Pero el proceso terminó rodeado de dudas. El actual gobierno rescindió el contrato tras detectar incumplimientos y problemas graves con las garantías presentadas. La situación derivó en investigaciones administrativas, denuncias judiciales, comparecencias parlamentarias y una comisión investigadora sobre el proceso de compra.

El punto de fondo no es solo jurídico. Uruguay necesita OPV, pero también necesita que una compra de defensa no se convierta en una zona opaca de contratos, intermediarios, garantías débiles y decisiones tomadas sin respaldo suficiente.

Ese es el cambio político que intenta mostrar el gobierno de Orsi: no abandonar la necesidad de patrullar el mar, sino separar esa necesidad real del fracaso concreto de la operación Cardama.

Qué ofrece cada camino

La opción británica tiene una ventaja evidente: son tres buques ya construidos, conocidos y operativos. Los River Batch 1 fueron diseñados para tareas de patrulla, control pesquero, seguridad marítima y presencia en aguas jurisdiccionales. Tienen unos 79,5 metros de eslora, 1.700 toneladas de desplazamiento, velocidad cercana a 20 nudos, alcance aproximado de 5.500 millas náuticas y dotación reducida.

Su punto débil también es claro: son barcos de más de dos décadas de servicio y no cuentan con hangar ni capacidad plena para operar un helicóptero embarcado. Para Uruguay podrían servir como solución transitoria o de recuperación rápida de presencia marítima, pero no necesariamente como respuesta completa a largo plazo.

La opción coreana aparece como una apuesta industrial más ambiciosa. Hyundai Heavy Industries viene de entregar a la Armada de Filipinas la primera de seis OPV encargadas por ese país. Ese buque, el BRP Rajah Sulayman, fue entregado casi cinco meses antes del plazo contractual. Es una señal fuerte en un mercado donde cumplir plazos es tan importante como el precio.

Las OPV coreanas para Filipinas tienen unas 2.400 toneladas de desplazamiento, unos 94 metros de eslora, velocidad de hasta 22 nudos y alcance aproximado de 5.500 millas náuticas. Además, incorporan espacios modulares para distintas misiones y sistemas orientados a vigilancia, seguridad marítima y operaciones militares. Para Uruguay, una propuesta de ese tipo tendría más alcance futuro, pero también implicaría mayor costo, negociación técnica y tiempo de construcción.

La opción francesa tiene una ventaja regional: Naval Group ya entregó a Argentina cuatro OPV 87. Esos buques, de 87 metros de eslora, 1.650 toneladas de desplazamiento, más de 20 nudos de velocidad y más de 7.000 millas náuticas de autonomía, fueron pensados para patrullaje oceánico, control de la zona económica exclusiva, operaciones con helicóptero y despliegue rápido de embarcaciones menores.

Ese antecedente argentino importa porque muestra una plataforma probada en el Atlántico Sur, con lógica de vigilancia marítima, recursos pesqueros y presencia estatal en zonas extensas. No es un dato menor para Uruguay, que comparte una problemática regional: poco músculo naval frente a mares cada vez más disputados por pesca ilegal, rutas logísticas, narcotráfico y control de recursos.

Comparación básica de las alternativas sobre la mesa

Reino Unido — River Batch 1
Buques: HMS Tyne, HMS Mersey y HMS Severn
Estado: usados, en servicio desde 2003
Disponibilidad: prevista para 2028
Eslora: 79,5 metros
Desplazamiento: 1.700 toneladas
Velocidad: 20 nudos
Alcance: 5.500 millas náuticas
Fortaleza: disponibilidad relativamente rápida y tres unidades
Debilidad: antigüedad, sin hangar y con capacidad aérea limitada

Corea del Sur — Hyundai Heavy Industries
Referencia regional: OPV entregadas a Filipinas
Estado: construcción nueva posible, con eventual transferencia de buques usados
Eslora de referencia: alrededor de 94 metros
Desplazamiento de referencia: 2.400 a 2.450 toneladas
Velocidad: hasta 22 nudos
Alcance: 5.500 millas náuticas
Fortaleza: astillero de gran escala, cumplimiento de plazos y plataforma moderna
Debilidad: mayor costo y mayor tiempo si se opta por construcción nueva

Francia — Naval Group / OPV 87
Referencia regional: cuatro OPV entregadas a Argentina
Estado: plataforma probada en el Atlántico Sur
Eslora: 87 metros
Desplazamiento: 1.650 toneladas
Velocidad: más de 20 nudos
Autonomía: más de 7.000 millas náuticas
Fortaleza: experiencia regional, operación con helicóptero y diseño probado
Debilidad: dependerá del precio, plazos de entrega y condiciones de financiamiento

La verdadera discusión: soberanía marítima y transparencia

Las OPV no son un lujo militar. Uruguay tiene una zona marítima amplia, actividad pesquera, rutas comerciales, puerto estratégico, frontera oceánica y responsabilidades de búsqueda, rescate, control ambiental y combate al delito organizado. La Armada Nacional ha planteado durante años que necesita plataformas modernas, con autonomía suficiente, baja dotación, capacidad de operar lejos de la costa y sistemas adecuados para vigilar el mar.

El país ya tuvo episodios concretos que muestran esa necesidad. En 2022, la Armada capturó un buque potero de bandera china en una situación de aparente pesca ilegal dentro de la zona económica exclusiva uruguaya, a unas 150 millas náuticas al sureste de Punta del Este. Ese tipo de operaciones requiere medios de superficie, apoyo aéreo, inteligencia marítima y capacidad de permanencia.

Uruguay también tiene reconocida una extensión de plataforma continental que llevó su proyección marítima hasta casi las 350 millas. Eso amplía el valor estratégico del océano para el país y vuelve más urgente contar con medios de control efectivos.

El problema es que esa necesidad real fue utilizada durante años como argumento para justificar compras poco claras. La defensa nacional no puede transformarse en excusa para contratos débiles. La soberanía marítima requiere barcos, pero también requiere procesos limpios, garantías reales, selección técnica seria y control político.

Un gobierno obligado a resolver sin repetir el error

La administración de Orsi heredó un problema doble. Por un lado, una Armada que sigue necesitando patrullas oceánicas. Por otro, un contrato fallido que dejó dinero comprometido, incertidumbre jurídica y desgaste institucional. Resolver una cosa sin cuidar la otra sería repetir el error.

Por eso la nueva etapa parece orientada a acuerdos de Estado a Estado o con grupos navales de trayectoria comprobada. Esa decisión puede dar más respaldo político y reducir riesgos, aunque no elimina la necesidad de publicar información, comparar costos, explicar plazos y dejar claro qué capacidades recibirá Uruguay por cada dólar invertido.

La compra de OPV debe discutirse como política de Estado, no como negocio reservado para pocos. El mar uruguayo necesita presencia, vigilancia y protección. Pero después de Cardama, la sociedad también necesita garantías de que la próxima compra no será otra historia de apuro, opacidad y perjuicio para el patrimonio público.

Fuentes

El Observador
Ministerio de Defensa Nacional
Armada Nacional
Presidencia de la República
Royal Navy
Naval Group
Kership
Naval Today
Korea JoongAng Daily
AJU Press
Jane’s Defence
Cadena SER Galicia
Caras y Caretas
La Diaria
MercoPress