El club deportivo del BPS analiza el caso de una niña trans a la que, según denunció su madre, no se le permitió usar el vestuario femenino infantil. La situación expone una tensión entre derechos reconocidos por ley, reglamentos internos e infraestructuras pensadas bajo criterios que ya no alcanzan para responder a la diversidad.

Una denuncia que abrió una discusión institucional

El caso de una niña trans de seis años en el club deportivo del Banco de Previsión Social abrió una discusión que excede a una institución puntual. Fernanda Fossati, madre de la niña, denunció que el club no le permitió ingresar con su hija al vestuario femenino infantil luego de anotarla en clases de natación.

Según la denuncia, las alternativas planteadas fueron utilizar el vestuario masculino o dejar de concurrir a actividades que implicaran el uso de cambiadores. La madre explicó que buscaba acompañar a su hija al vestuario femenino para preservar su identidad y evitar una situación de exposición.

La niña ya cuenta con documentación modificada al amparo de la Ley Integral para Personas Trans. Su partida de nacimiento y su cédula reconocen su identidad femenina. Por eso, el conflicto no se ubica en el reconocimiento legal de la niña, sino en la respuesta concreta de una institución deportiva ante el uso de espacios comunes.

El club admite que no estaba preparado

El presidente del club, Marcelo Passadore, sostuvo que la institución todavía no tomó una resolución definitiva. Según explicó, el tema fue discutido durante más de una hora por la comisión directiva y volverá a ser tratado en nuevas reuniones.

Passadore afirmó que los vestuarios del club fueron diseñados “por sexo, no por género” y señaló que la infraestructura actual no contempla situaciones de diversidad de género. También remarcó que el club fue construido décadas atrás, en un contexto social y normativo distinto.

El dirigente insistió en que la institución no busca discriminar y que debe considerar también la opinión del resto de los socios. Sin embargo, el punto central es que la falta de infraestructura o de reglamentos actualizados no puede transformarse en una carga sobre una niña cuya identidad ya está reconocida por la ley.

Derechos reconocidos y responsabilidad institucional

Uruguay cuenta desde 2018 con la Ley Integral para Personas Trans, que reconoce el derecho a la identidad de género y habilita el cambio de nombre y sexo registral en documentos oficiales. En el caso de menores de 13 años, el trámite requiere autorización de al menos uno de sus representantes legales y acompañamiento profesional especializado.

Ese proceso ya fue realizado por la familia. La niña está reconocida legalmente como niña. La discusión, entonces, no debería ponerse sobre su identidad, sino sobre la obligación de las instituciones de adaptar sus prácticas a derechos vigentes.

Los clubes, centros educativos, espacios deportivos y organismos sociales tienen el desafío de revisar normas pensadas para otra época. No alcanza con decir que no existen vestuarios adecuados. Frente a una situación concreta, la respuesta institucional debe evitar la exclusión, la exposición innecesaria o el desplazamiento de quien ya tiene un derecho reconocido.

Entre la incomodidad social y la dignidad de una niña

El caso también muestra una tensión frecuente en debates sobre diversidad: la incomodidad de terceros suele ocupar más espacio que la dignidad de la persona directamente afectada. En este caso, además, se trata de una niña de seis años.

La responsabilidad institucional exige buscar una solución que no la obligue a usar un espacio contrario a su identidad ni a abandonar una actividad deportiva. La inclusión no puede quedar suspendida hasta que existan obras nuevas o vestuarios ideales. La protección de derechos requiere respuestas en el presente.

Passadore señaló que la directiva no quiere resolver el caso mediante una excepción individual y que cualquier decisión deberá votarse colectivamente. También advirtió que autorizar el ingreso al vestuario femenino podría generar un precedente. Esa preocupación, sin embargo, revela precisamente la necesidad de crear criterios institucionales claros, respetuosos y no discriminatorios.

Reformas futuras, problema presente

El club aclaró que no pertenece al BPS, sino que funciona como una asociación civil independiente nacida originalmente entre funcionarios del organismo. También informó que atraviesa una etapa de crecimiento, con alta demanda de socios y proyectos de ampliación edilicia.

Según el presidente, en los planos presentados ante la Intendencia de Montevideo se incluyen dos nuevos vestuarios semipersonales para situaciones particulares. Esa posibilidad puede ser parte de una solución futura, pero no responde por sí sola al caso actual.

La discusión seguirá en la comisión directiva. Mientras tanto, el hecho ya instaló una pregunta de fondo: cómo deben actuar las instituciones ante identidades reconocidas por la ley, especialmente en espacios donde la infraestructura antigua y los reglamentos internos todavía no incorporaron plenamente la diversidad.