Las 55 federaciones europeas resolvieron por unanimidad retirar a sus selecciones de todas las competiciones organizadas por la FIFA mientras siga vigente el proyecto para incorporar inversores privados al negocio de los mundiales. El plan de Gianni Infantino pretende recaudar hasta US$ 4.200 millones mediante una empresa valorada en US$ 20.000 millones y ofrece fuertes desembolsos a las asociaciones que lo respalden. La rebelión europea amenaza directamente al Mundial femenino de 2027 y abre la mayor crisis de poder del fútbol internacional en décadas.
Europa cerró filas contra la privatización
La UEFA llevó hasta sus últimas consecuencias el enfrentamiento con Gianni Infantino. Tras una reunión de emergencia, sus 55 asociaciones miembro acordaron que ninguna selección europea participará en competiciones de la FIFA mientras el proyecto FIFA Forward Enterprise continúe sobre la mesa.
El boicot solamente será levantado si la propuesta es retirada por completo y la FIFA entrega garantías vinculantes de que nunca volverá a abrir su gobernanza o sus competiciones a la propiedad privada. La decisión incluye a potencias como España, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, Portugal y Países Bajos, cuya ausencia volvería prácticamente inviables los principales torneos internacionales.
La UEFA denunció que el proyecto fue elaborado en secreto y llevado cerca de su aprobación sin una consulta real con las confederaciones, las federaciones nacionales, los futbolistas, los clubes ni los aficionados. Para el organismo europeo, no se trata simplemente de una reforma administrativa, sino de entregar intereses económicos vinculados al Mundial a fondos cuyo objetivo central será obtener rentabilidad.
“El Mundial no está en venta”, afirmó la organización, que acusó a la FIFA de abandonar su responsabilidad como custodia del fútbol mundial. También advirtió que, desde el momento en que ingresen accionistas externos, las decisiones sobre calendarios, formatos y sedes estarán sometidas a una presión permanente para aumentar las ganancias.
La primera competencia directamente amenazada es el Mundial femenino de Brasil 2027. El conflicto también podría alcanzar los torneos juveniles y, en caso de prolongarse, el Mundial masculino de 2030, cuya organización incluye a España, Portugal y Marruecos, además de los partidos conmemorativos previstos en Uruguay, Argentina y Paraguay.
US$ 4.200 millones y dinero para conseguir votos
El proyecto de Infantino propone crear FIFA Forward Enterprise, una filial que concentraría los derechos audiovisuales, los patrocinios, la venta de entradas, las licencias comerciales y la operación de las principales competiciones de la FIFA.
La nueva empresa tendría una valoración inicial de US$ 20.000 millones y buscaría recaudar hasta US$ 4.200 millones mediante la venta de participaciones minoritarias a inversores privados. La FIFA asegura que conservaría la mayoría del directorio, el control de la empresa y la autoridad exclusiva sobre los reglamentos, el calendario y las decisiones deportivas.
Como parte de la operación, cada una de las 211 asociaciones podría acceder a un pago extraordinario de hasta US$ 20 millones para proyectos de infraestructura. Además, la financiación ordinaria del programa FIFA Forward aumentaría de US$ 8 millones a US$ 20 millones por asociación durante el ciclo 2027-2030. Para los períodos siguientes, la FIFA promete US$ 22 millones entre 2031 y 2034 y US$ 24 millones entre 2035 y 2038.
En los hechos, cada federación podría recibir hasta US$ 40 millones al comienzo del nuevo ciclo. Infantino fijó el 19 de septiembre como plazo para lograr el respaldo de una mayoría de las asociaciones. Si el plan fracasa, el paquete global de desarrollo volvería a los US$ 2.700 millones previstos anteriormente, aproximadamente US$ 10 millones por federación.
La FIFA presenta esta oferta como una forma de distribuir entre los países pequeños una parte mayor de la riqueza generada por el fútbol. Infantino sostiene que el proyecto representa una “democratización” del deporte porque permitiría financiar estadios, centros de entrenamiento, selecciones nacionales, fútbol femenino y programas de base.
Pero la forma en que fue presentada la propuesta transforma esa financiación en un poderoso mecanismo de presión: las federaciones deben elegir entre respaldar el ingreso del capital privado o renunciar a decenas de millones de dólares. La UEFA calificó ese procedimiento como una forma de coerción y no como una decisión democrática.
Fondos vinculados a los Kushner y una crisis que supera a Europa
La propia FIFA confirmó que el grupo inversor sería encabezado por Thrive Eternal, una compañía dirigida por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno y exasesor de Donald Trump. JPMorgan participa como asesor financiero de la operación, mientras Greg Maffei, antiguo presidente ejecutivo de Liberty Media durante la compra de la Fórmula 1, colabora en el diseño comercial de la empresa.
La conexión vuelve todavía más controvertida una propuesta impulsada por Infantino después de un Mundial marcado por su creciente proximidad política con Trump. El presidente de la FIFA deberá abandonar el cargo en 2031 por los límites de mandato, pero ya se maneja la posibilidad de que posteriormente pueda ocupar un puesto en la nueva estructura empresarial encargada del negocio de los mundiales.
La oposición ya no se limita a Europa. La Confederación Asiática aseguró que no fue consultada y calificó como inaceptable que una transformación de esa magnitud se anunciara sin estudios completos sobre sus consecuencias financieras, jurídicas y de gobernanza. Asia advirtió además que el proyecto no debería avanzar sin el respaldo de las seis confederaciones.
La Concacaf también afirmó que conoció el plan a través de la prensa y expresó una profunda preocupación por la falta de procedimientos institucionales. La Confederación Africana analizará la iniciativa en una próxima reunión, mientras la Conmebol todavía no formuló una posición pública.
Los sindicatos de futbolistas se sumaron al rechazo porque los jugadores y los aficionados, responsables de producir el valor económico de los torneos, quedaron fuera de la discusión. FIFPRO advirtió que la operación modificaría de manera irreversible los incentivos que gobiernan las competiciones, subordinando el calendario y las condiciones laborales a las expectativas de los accionistas.
La disputa expone dos modelos. Por un lado, una FIFA que pretende convertir el enorme patrimonio colectivo del fútbol en un activo financiero capaz de atraer fondos privados. Por otro, una resistencia que sostiene que el deporte no pertenece a sus administradores, sino a las generaciones de jugadores, trabajadores y aficionados que construyeron su valor.