Mientras millones de ucranianos soportaban apagones y Rusia atacaba sistemáticamente la infraestructura eléctrica del país, una red investigada por los organismos anticorrupción habría convertido a Energoatom, la empresa estatal que opera las centrales nucleares de Ucrania, en una gigantesca fuente de coimas. La Operación «Midas» detectó pagos ilegales de entre 10% y 15% sobre contratos, más de US$100 millones movidos por una estructura clandestina y ramificaciones que ya alcanzaron a un exministro de Energía, altos funcionarios y Timur Mindich, antiguo socio empresarial y hombre del círculo personal de Volodímir Zelensky. La investigación continúa y en 2026 siguió incorporando sospechosos y dinero.
El corazón del mayor escándalo energético de Ucrania no está en una empresa privada ni en un negocio periférico del Estado. Está en Energoatom, responsable de las centrales nucleares y principal generadora de electricidad del país, una compañía estratégica durante una guerra en la que el sistema energético se convirtió en uno de los principales objetivos de los ataques rusos.
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) denominan al expediente Operación Midas. Durante más de 15 meses siguieron a una organización integrada por funcionarios actuales y anteriores del sector energético, empresarios e intermediarios. La investigación acumuló miles de horas de grabaciones y terminó con más de 70 allanamientos en Kiev y otras regiones.
Un «peaje» de entre 10% y 15% para cobrar contratos del Estado
El mecanismo era conocido dentro de la propia trama como «Shlagbaum», palabra que puede traducirse como barrera o peaje. Según NABU, proveedores y contratistas de Energoatom eran obligados a pagar entre 10% y 15% del valor de sus contratos para evitar que se bloquearan pagos por trabajos o productos ya entregados, o para conservar su condición de proveedores de la empresa estatal.
La dimensión del sistema fue considerable. NABU determinó inicialmente que aproximadamente US$100 millones habían pasado por una oficina clandestina de lavado situada en el centro de Kiev, donde se llevaba contabilidad paralela, se recibía efectivo y se canalizaban fondos mediante una red de empresas extranjeras. Parte de las operaciones se realizaba fuera de Ucrania.
En 2026 la cifra creció. El último balance de NABU sobre la investigación señala que durante la gestión del exministro de Energía German Galushchenko la organización recibió, mediante una persona de confianza, más de US$112 millones en efectivo provenientes de actividades ilegales del sector energético, entre ellas el esquema de coimas de Energoatom. Para mover y lavar dinero se utilizaron criptomonedas, estructuras financieras extranjeras y un fondo cuyos recursos estaban vinculados a familiares del alto funcionario investigado.
Galushchenko, ministro de Energía entre 2021 y 2025 y posteriormente ministro de Justicia, fue detenido en febrero de 2026 cuando intentaba abandonar Ucrania. NABU lo acusa de participación en una organización criminal y lavado de activos y trabaja con autoridades de 15 jurisdicciones para reconstruir la ruta internacional del dinero. El exministro niega las acusaciones.
La investigación sostiene además que contratistas debían entregar sobornos para poder cobrar trabajos vinculados a infraestructura energética, incluidos proyectos destinados a proteger instalaciones frente a ataques rusos. La trama operaba, por tanto, sobre recursos de uno de los sectores más sensibles para la supervivencia cotidiana del país durante la guerra.
Mindich, el hombre que llevó el caso hasta el entorno de Zelensky
Una de las figuras centrales es Timur Mindich, empresario y copropietario de Kvartal 95, la productora donde Zelensky construyó su carrera televisiva antes de llegar a la Presidencia. Los investigadores lo ubican en el centro de la organización y los medios ucranianos lo identificaron con el alias «Karlson» utilizado en las grabaciones de NABU.
Mindich abandonó Ucrania horas antes de que comenzaran los allanamientos de noviembre de 2025 y posteriormente fue ubicado en Israel. Las autoridades ucranianas lo incorporaron a la lista de buscados y comenzaron trámites vinculados a su extradición. Mindich rechaza las imputaciones.
El escándalo siguió acercándose al centro político del gobierno. Andriy Yermak, durante años jefe de la Oficina Presidencial y uno de los hombres más poderosos del entorno de Zelensky, terminó renunciando y posteriormente fue alcanzado por otra derivación de Midas vinculada al lavado de más de 460 millones de grivnas mediante un complejo residencial de lujo en Kozyn, en las afueras de Kiev. NABU sostiene que casi US$9 millones utilizados en ese proyecto procedían de la trama corrupta de Energoatom.
El expediente de Energoatom también alcanzó a antiguos ejecutivos de la empresa. En julio de 2026 NABU anunció una nueva acusación contra quien había sido director ejecutivo de seguridad física de la compañía, identificado en la causa como «Tenor». Los investigadores sostienen que entre 2023 y 2025 lavó más de 30 millones de grivnas, utilizadas para comprar dos Mercedes-Benz, propiedades de alto valor en Ucrania y en Bali y otros bienes registrados a nombre de una persona cercana.
Zelensky no figura como acusado en la Operación Midas, pero el alcance de la investigación sobre personas que integraron su entorno político y empresarial convirtió el caso en una crisis de enormes dimensiones para su gobierno. El propio mandatario calificó la corrupción energética de «absolutamente inaceptable», exigió responsabilidades y defendió que quienes integraron el esquema fueran llevados ante la Justicia. El gobierno removió además al consejo de supervisión de Energoatom y ordenó una auditoría de sus contrataciones.
Corrupción en guerra y bajo una enorme dependencia de ayuda exterior
El momento en que funcionó la trama vuelve el caso especialmente grave. Ucrania sostiene buena parte de su economía, su defensa y la reconstrucción de infraestructura mediante enormes cantidades de asistencia internacional, mientras sus ciudadanos enfrentan bombardeos, cortes de electricidad, movilización militar y una guerra que consume buena parte de los recursos públicos.
Energoatom tiene además un papel excepcional: la energía nuclear aporta la mayor parte de la generación eléctrica ucraniana y permite mantener funcionando el país precisamente cuando centrales térmicas, subestaciones y redes son destruidas o dañadas por ataques rusos. Que contratistas de esa empresa estatal tuvieran que entregar hasta el 15% para recibir pagos convierte el caso en mucho más que otra investigación administrativa de corrupción.
La gravedad también repercutió fuera de Ucrania. La Unión Europea y organismos financieros internacionales han colocado durante años la independencia de las instituciones anticorrupción entre las condiciones para avanzar en la integración europea y mantener la confianza internacional. El escándalo apareció apenas meses después de que Zelensky intentara restringir la autonomía de NABU y SAPO, una decisión que provocó protestas dentro del país y presión de los aliados occidentales hasta que fue revertida.
Paradójicamente, son esas mismas instituciones las que terminaron revelando una red que penetró una de las empresas estratégicas más importantes del Estado y avanzó hacia antiguos ministros y figuras próximas al poder presidencial.
A agosto de 2026 la Operación Midas continúa abierta. Los más de US$100 millones identificados inicialmente ya dieron paso a nuevas rutas financieras, propiedades, criptomonedas, cuentas extranjeras y nuevos sospechosos. El último informe de NABU mantiene el caso entre sus principales investigaciones de corrupción de alto nivel y cifra en más de US$112 millones los fondos vinculados a la rama que involucra al exministro de Energía.
En un país que reclama solidaridad internacional para resistir una invasión y reconstruir centrales, redes y ciudades destruidas, el combate contra estas estructuras no es secundario. Cada dólar desviado de una empresa energética estatal mientras la población vive bajo ataques y apagones deteriora los servicios públicos, alimenta privilegios privados y erosiona la confianza de una sociedad a la que se le exige un sacrificio extraordinario. La verdadera dimensión de Midas todavía está siendo investigada.