Miles de menores, incluidos bebés de apenas dos meses, fueron puestos bajo custodia migratoria en Estados Unidos durante el segundo mandato de Donald Trump. El centro de Dilley, en Texas, volvió a funcionar como símbolo de una política que mezcla castigo, miedo y ganancias privadas.

Más de 6.300 menores de 18 años fueron detenidos por autoridades federales de inmigración de Estados Unidos durante el segundo mandato de Donald Trump. Entre ellos hubo bebés de apenas dos meses de edad. Casi la mitad pasó por el centro de Dilley, en Texas, la única instalación activa de detención familiar migratoria del país.

El dato expone una de las caras más duras de la política migratoria republicana: niñas, niños, madres y padres encerrados en nombre del control fronterizo. No se trata solo de procedimientos administrativos ni de una discusión abstracta sobre seguridad. Se trata de familias migrantes tratadas como amenaza, aun en casos de solicitantes de asilo y de menores sin antecedentes penales.

La investigación periodística que reveló la magnitud de las detenciones señaló que 97% de los niños bajo custodia no tenía antecedentes criminales. Esa cifra deja en evidencia el carácter político de la medida. El encierro de menores no aparece como respuesta a delitos graves, sino como parte de una estrategia de disuasión: mostrar dureza, instalar miedo y enviar un mensaje a quienes buscan ingresar o permanecer en Estados Unidos.

El congresista demócrata Joaquín Castro, representante por San Antonio, reclamó el cierre de Dilley y definió el centro como el único lugar en Estados Unidos donde se encarcela a niños pequeños que no hicieron nada malo. Su planteo apunta al centro del problema: el gobierno no trata a esas familias como personas que atraviesan procesos migratorios o pedidos de asilo, sino como cuerpos que deben ser disciplinados.

La reapertura de Dilley y el regreso de la detención familiar

Dilley no es un centro cualquiera. Está ubicado a unos 130 kilómetros al sur de San Antonio y fue abierto originalmente en 2014, durante la administración de Barack Obama. Durante el gobierno de Joe Biden estuvo cerrado por varios años. Trump lo reabrió en 2025 como parte de su política de arrestos y deportaciones masivas.

Desde abril de 2025, Dilley volvió a ocupar un lugar central en el sistema migratorio estadounidense. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que entre abril de 2025 y febrero de 2026 pasaron por ese centro más de 5.600 personas, incluidas madres, padres, niños pequeños y bebés recién nacidos.

Las denuncias sobre las condiciones dentro de la instalación incluyen problemas de alimentación, falta de atención médica adecuada, afectación psicológica en menores, dificultades de acceso a asesoramiento legal y trabas al debido proceso. Las autoridades federales y la empresa encargada de la gestión niegan esas acusaciones y sostienen que el lugar opera con condiciones apropiadas.

Pero el punto político no se agota en la discusión sobre colchones, comida, luces o atención médica. El problema de fondo es que un Estado decide encerrar familias enteras, incluidos niños y bebés, para convertir el sufrimiento en señal de autoridad. La frontera deja de ser un espacio de trámite y control legal para transformarse en un escenario de castigo ejemplarizante.

La política migratoria de Trump no busca solamente expulsar. También busca mostrar. Mostrar fuerza frente a su base electoral. Mostrar crueldad como promesa cumplida. Mostrar que el extranjero pobre, latino, solicitante de asilo o trabajador migrante puede ser tratado como enemigo interno.

El negocio privado detrás del encierro

La reapertura de Dilley también muestra la conexión entre política migratoria y negocio privado. El centro quedó bajo gestión de CoreCivic, una empresa con fines de lucro vinculada al sistema de cárceles y centros de detención. La compañía anunció en 2025 la reanudación de operaciones en Dilley mediante un acuerdo con la ciudad y con ICE, la agencia federal de control migratorio.

El contrato se estima en unos 180 millones de dólares anuales. La instalación tiene capacidad para unas 2.400 personas y la empresa proyectó ingresos importantes a partir de su funcionamiento. Así, el encierro de familias migrantes se vuelve también una fuente de facturación garantizada.

Ese es uno de los puntos más graves de este modelo. El Estado endurece la política migratoria, detiene familias, expande camas, refuerza la maquinaria de deportación y, al mismo tiempo, abre una oportunidad de negocio para compañías privadas. Cuantas más personas detenidas, mayor peso adquiere la infraestructura empresarial que vive de administrar el encierro.

La Casa Blanca incluyó además en su propuesta presupuestal para 2027 una expansión fuerte de la capacidad de detención migratoria. El plan contempla recursos para activar hasta 100.000 camas para adultos detenidos y hasta 30.000 camas para unidades familiares. Eso confirma que la detención de familias no aparece como una excepción, sino como parte de una estrategia de largo alcance.

Estados Unidos suele presentarse ante el mundo como juez de los derechos humanos, la democracia y la libertad. Sin embargo, dentro de sus propias fronteras, miles de niños migrantes pasaron por custodia federal bajo una política que combina encierro, deportación, lucro privado y mensaje político de exclusión.

Dilley resume esa contradicción. Allí se cruzan bebés detenidos, familias solicitantes de asilo, empresas que cobran millones, funcionarios que defienden la medida y un gobierno que convierte la migración en campo de batalla electoral. El resultado es una política que no solo busca cerrar puertas: busca dejar claro quiénes son considerados descartables.

Fuentes:

CBS News
Human Rights First
RAICES
CoreCivic
Presupuesto 2027 de la Casa Blanca