El organismo de contralor no observó la decisión de la Administración Nacional de Puertos, que en enero había resuelto poner fin al contrato con la empresa logística Lobraus. La ANP había señalado una deuda significativa por canon, atrasos prolongados e incumplimientos en obras comprometidas dentro del puerto de Montevideo. La definición final queda ahora en manos del Poder Ejecutivo.

El Tribunal de Cuentas avaló la rescisión de la concesión otorgada a Lobraus Puerto Libre S.A. en el puerto de Montevideo. El organismo no formuló observaciones a la decisión adoptada por la Administración Nacional de Puertos, que en enero de este año había resuelto poner fin al contrato con la empresa logística por incumplimientos contractuales.

La decisión del Tribunal de Cuentas no cierra por sí sola el proceso, pero despeja una etapa clave del camino administrativo. Para que la rescisión quede definitivamente concretada falta todavía el aval del Poder Ejecutivo.

El caso involucra una concesión dentro de una de las áreas más sensibles del país: el puerto de Montevideo, infraestructura estratégica para el comercio exterior, la logística regional y la actividad económica nacional. Por eso el fondo del asunto no se limita a un conflicto entre una empresa y un ente público. También refiere a cómo se administran los espacios portuarios, qué controles se aplican sobre las concesiones privadas y qué ocurre cuando una empresa no cumple con las obligaciones asumidas.

La deuda por canon y la mora reiterada

Uno de los elementos centrales evaluados fue el incumplimiento en el pago del canon portuario. La ANP había constatado una deuda significativa y un atraso prolongado por parte de Lobraus, situación que configuraba una causal de rescisión prevista en el contrato para los casos de mora reiterada.

Según la información incorporada al proceso, la empresa acumulaba atrasos importantes en el pago por la ocupación del espacio dentro del recinto portuario. En enero, cuando la ANP resolvió avanzar con la rescisión, se manejó una deuda por canon superior a los US$ 360.000 al 10 de diciembre de 2025, con varios meses consecutivos de atraso.

El punto no es menor. El canon portuario no es un detalle administrativo: es la contraprestación que una empresa privada debe pagar por utilizar un espacio público estratégico. Cuando ese pago se incumple durante meses, el perjuicio no recae solamente sobre la ANP, sino sobre el Estado y sobre el uso ordenado de bienes públicos.

La documentación considerada también señala que la ANP realizó reiteradas intimaciones de cumplimiento y de pago. Es decir, el ente no habría actuado de forma sorpresiva ni inmediata, sino luego de advertencias, oportunidades de regularización y vencimiento de plazos.

Obras comprometidas que no se concretaron

El segundo eje de la rescisión fue el incumplimiento de obligaciones de inversión. La concesión otorgada a Lobraus estaba vinculada a la construcción y explotación de un complejo logístico dentro del puerto de Montevideo, con depósitos, áreas especializadas y oficinas.

La ANP entendió que hubo un incumplimiento sustancial de las inversiones asumidas, en particular por la no ejecución de la segunda fase del proyecto. También se había señalado que la empresa no completó obras comprometidas dentro de los plazos contractuales.

El proyecto original tenía una dimensión mayor a lo efectivamente construido. En distintas etapas se había manejado la instalación de un centro logístico con depósitos, cámaras frigoríficas, oficinas y una torre dentro del área portuaria. Sin embargo, parte relevante de esas obras no llegó a concretarse.

Ese incumplimiento de inversión es clave para entender la decisión pública. Una concesión portuaria no se entrega solo para ocupar suelo. Se otorga bajo determinadas condiciones, con obligaciones, plazos, obras, contraprestaciones y un interés público asociado. Si esas condiciones no se cumplen, el Estado tiene el deber de revisar la continuidad del contrato.

Una decisión tomada por la ANP en enero

La Administración Nacional de Puertos había resuelto en enero rescindir la concesión a Lobraus. La resolución se basó en los incumplimientos detectados y en las causales previstas en el contrato.

El camino administrativo incluyó informes internos, análisis jurídico y financiero, intimaciones de pago y evaluación del grado de incumplimiento. La ANP concluyó que estaban configuradas las condiciones para poner fin a la relación contractual.

La rescisión se planteó sin derecho a indemnización para la empresa y con posibilidad de ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio de otras acciones que pudieran corresponder para reclamar daños, perjuicios o montos adeudados.

Ese punto también es relevante. Cuando una concesión se interrumpe por incumplimiento del concesionario, el debate no debe presentarse como una simple pérdida para la empresa. Lo que está en juego es si el Estado recupera capacidad de control sobre un activo público y si se protege el interés general frente a obligaciones no cumplidas.

El Tribunal de Cuentas no observó

El pronunciamiento del Tribunal de Cuentas agrega respaldo institucional a la decisión. El organismo entendió que la rescisión dispuesta se encontraba comprendida dentro de las normas que regulan el otorgamiento y finalización de concesiones.

También valoró que se hubiera constatado el incumplimiento en el pago del canon, la existencia de una deuda significativa y la mora prolongada. A eso se sumó la verificación de incumplimientos en las inversiones comprometidas.

Por esos fundamentos, el Tribunal de Cuentas decidió no formular observaciones a la rescisión del contrato de concesión dispuesta por la ANP.

En términos administrativos, el aval del Tribunal no sustituye la decisión final del Poder Ejecutivo, pero sí reduce el margen de objeciones formales al procedimiento seguido por la ANP. El siguiente paso es la definición de Presidencia.

El puerto como bien público estratégico

El caso Lobraus vuelve a colocar sobre la mesa una discusión mayor: el uso privado de espacios públicos estratégicos. El puerto de Montevideo no es un predio cualquiera. Es una pieza central de la infraestructura nacional, un punto clave para exportaciones, importaciones, tránsito regional y servicios logísticos.

Cuando el Estado concede áreas portuarias a privados, no entrega simplemente metros cuadrados. Entrega oportunidades de negocio asociadas a un activo nacional. Por eso las obligaciones de inversión, pago de canon, ejecución de obras y cumplimiento de plazos no pueden ser tratadas como asuntos secundarios.

En este caso, la ANP sostuvo que hubo atrasos de pago, deuda acumulada e incumplimiento en inversiones. El Tribunal de Cuentas entendió que esos elementos eran suficientes para no observar la rescisión. Falta ahora la decisión final del Poder Ejecutivo.