La Asociación de Magistrados Fiscales analizará si el pase de Fernanda Delpino de Durazno a Florida pudo constituir una medida de persecución sindical. El episodio vuelve a colocar bajo la lupa las decisiones administrativas de Mónica Ferrero en el Ministerio Público.

Un traslado que encendió la alerta del gremio

La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay analizará si el reciente traslado de la fiscal Fernanda Delpino de Durazno a Florida puede configurar una situación de persecución sindical. Según informó Búsqueda, la presidenta del gremio, María Claudia González, sostuvo que “llama la atención” que la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, haya dispuesto un “traslado intempestivo en 48 horas”.

El punto central no es solamente el cambio de destino. Delpino integra la Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados Fiscales y figura como secretaria del gremio, un dato que le da al episodio una dimensión institucional y laboral distinta a la de un simple movimiento administrativo.

La propia información pública de Fiscalía ubica a Delpino en Durazno. En la página oficial del organismo figura como fiscal adscripta en la Fiscalía Departamental de Durazno de 1º turno. Además, una resolución de 2023 dispuso asignarla únicamente a esa sede, con el argumento de reorganizar administrativamente el servicio.

Libertad sindical y uso del poder administrativo

La discusión que se abre ahora es delicada. Un traslado dentro de un organismo público puede tener fundamentos de gestión, necesidades de servicio o criterios funcionales. Pero si la persona trasladada ocupa un cargo sindical, el análisis no puede quedar reducido a una explicación burocrática.

Uruguay tiene una normativa específica de protección y promoción de la libertad sindical. La Ley 17.940 reconoce esa protección y establece un marco contra actos discriminatorios vinculados a la actividad gremial. Por eso, ante una medida que afecta a una dirigente sindical, corresponde mirar el contexto, los motivos, los plazos y las consecuencias concretas del traslado.

No alcanza con decir que la administración puede mover funcionarios. También importa saber si hubo razones objetivas, si existió comunicación previa, si se respetaron criterios generales y si la medida puede interpretarse como una forma de presión sobre la actividad gremial. Esa será, justamente, la evaluación que deberá hacer la asociación de fiscales.

Ferrero, otra vez bajo cuestionamiento por traslados

En los últimos días, otros traslados dispuestos por Mónica Ferrero también generaron ruido político e institucional. Brecha informó que el traslado del fiscal Alejandro Machado a la nueva Fiscalía de Cibercrimen puso bajo foco la interna del Ministerio Público, porque Machado tenía a su cargo causas sensibles vinculadas al gobierno anterior, entre ellas el caso Cardama y la investigación sobre la destrucción de documentación relacionada con Sebastián Marset.

A eso se suma una relación previa de tensión entre Ferrero y el gremio de fiscales. En abril de 2025, la Asociación de Magistrados Fiscales se declaró en conflicto por medidas de la fiscal de Corte subrogante vinculadas al pago de subrogaciones, licencias y derechos laborales de fiscales.

En ese marco, el traslado de una secretaria del gremio en un plazo de 48 horas agrega un nuevo capítulo a una discusión más profunda: cómo se toman las decisiones dentro de Fiscalía, con qué controles, con qué criterios y con qué garantías para quienes investigan delitos, integran el Ministerio Público y ejercen actividad sindical.