La administración de Donald Trump dejó sin ejecutar US$ 1.400 millones que el Congreso había destinado a investigación científica y busca orientar recursos hacia prioridades definidas desde la Casa Blanca. El episodio estadounidense se suma a procesos que América del Sur ya conoce: Javier Milei llevó el financiamiento científico argentino a una fuerte caída real y eliminó las metas legales que obligaban a incrementar la inversión, mientras Jair Bolsonaro mantuvo bloqueados miles de millones de reales del principal fondo brasileño para ciencia y tecnología. Cambian los instrumentos y las escalas, pero en los tres casos la ciencia pública terminó enfrentando menos recursos disponibles y una mayor intervención del poder político sobre su destino.

Trump: el dinero estaba, pero no llegó a la investigación

La Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, una de las principales fuentes de financiamiento público para investigación del país, cerró el último ejercicio fiscal con aproximadamente US$ 1.400 millones asignados por el Congreso que no fueron ejecutados. La cifra, revelada el 2 de octubre por The New York Times a partir de datos internos de la propia agencia, equivale a alrededor de una quinta parte del presupuesto central de investigación de la NSF y resulta extraordinaria frente a los dos ejercicios anteriores, cuando los fondos que habían quedado sin utilizar no habían superado los US$ 175 millones.

La discusión no se limita a una demora administrativa. El dinero todavía puede utilizarse durante el nuevo ejercicio fiscal por las características de la asignación presupuestal estadounidense, pero la administración Trump pretende concentrar recursos en áreas que considera estratégicas, especialmente inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología y otras tecnologías relacionadas con la competitividad y la seguridad nacional. Esa orientación aparece expresamente recogida en el plan estratégico 2026-2030 de la propia NSF, que establece como uno de sus objetivos centrales fortalecer el liderazgo estadounidense en tecnologías críticas y emergentes y alinear las inversiones con las prioridades de la administración.

El cambio tiene consecuencias sobre la forma tradicional de distribuir el dinero público para investigar. Según la información obtenida por el diario estadounidense, algunas divisiones de la NSF debieron retirar propuestas que ya habían atravesado procesos de revisión por pares y habían sido recomendadas para recibir financiamiento. El gobierno sostiene que la reasignación es compatible con las facultades que otorga el presupuesto bienal, mientras legisladores demócratas cuestionan que recursos aprobados por el Congreso terminen sometidos a una redefinición posterior desde el Ejecutivo. El punto de fondo alcanza así al propio modelo científico: una cosa es que el Estado establezca grandes políticas nacionales de investigación y otra que el financiamiento disponible dependa cada vez más de prioridades coyunturales definidas desde el gobierno.

Milei: menos recursos y el fin de la obligación de aumentarlos

En Argentina el ajuste adquirió una dimensión todavía más estructural. La Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobada en 2021, había creado una trayectoria progresiva de inversión pública con un objetivo concreto: que la función ciencia y técnica alcanzara como mínimo el 1% del Producto Bruto Interno en 2032. Para llegar a esa meta se establecían porcentajes crecientes año tras año y mecanismos destinados a impedir que el financiamiento retrocediera. El Presupuesto Nacional para 2026, aprobado durante el gobierno de Javier Milei, derogó expresamente los artículos que contenían esas garantías.

La eliminación de esa obligación legal se produjo después de dos años de reducción real de los recursos. Un análisis realizado por investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires estimó que el crédito previsto para la función ciencia y técnica en 2026 representa una caída real de 7,2% respecto del año anterior, acumulada sobre retrocesos calculados en 30,2% durante 2024 y 23% durante 2025. Bajo esa metodología, los recursos destinados al sector habrían perdido alrededor de la mitad de su valor real en tres años y la inversión prevista para 2026 equivaldría aproximadamente al 0,149% del PBI, muy lejos del 0,52% que correspondía para ese año de acuerdo con la trayectoria establecida por la ley de financiamiento posteriormente derogada.

El resultado no se limita al presupuesto de un organismo. CONICET, universidades, institutos tecnológicos, programas de investigación, salarios, becas e infraestructura forman parte de un sistema cuya capacidad depende de inversiones sostenidas durante años. La política aplicada por Milei modificó las dos variables al mismo tiempo: redujo en términos reales los recursos disponibles y eliminó la norma que obligaba a los gobiernos futuros a mantener una senda ascendente de inversión. El conocimiento científico quedó así incorporado a una política fiscal que privilegia la reducción del gasto estatal, con consecuencias que exceden un ejercicio presupuestal porque formar investigadores, sostener laboratorios y conservar equipos científicos son procesos que no se reconstruyen automáticamente cuando vuelve a aparecer el dinero.

Bolsonaro: miles de millones destinados a ciencia quedaron bloqueados

Brasil había atravesado pocos años antes una disputa de características similares alrededor del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, principal instrumento federal para financiar investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, una parte sustancial de los recursos disponibles fue colocada en reserva de contingencia para contribuir al cumplimiento de las metas fiscales. En 2020, el fondo contaba con más de 6.000 millones de reales autorizados en el presupuesto, pero más de 4.000 millones no pudieron utilizarse para financiar ciencia, tecnología e innovación porque permanecieron bloqueados.

El enfrentamiento llegó al Congreso. Diputados y senadores aprobaron una ley complementaria destinada a impedir que el dinero vinculado al fondo científico pudiera continuar siendo retenido en reservas presupuestales. Bolsonaro vetó parcialmente esa norma en enero de 2021 y defendió la posibilidad de mantener el bloqueo, argumentando que liberar aproximadamente 4.300 millones de reales obligaría a cancelar partidas destinadas a otras áreas del gobierno y reduciría el margen disponible para administrar el presupuesto. El Congreso terminó rechazando el veto presidencial y restableció la prohibición de mantener esos recursos inmovilizados.

La disputa, sin embargo, continuó. En mayo de 2021 representantes de organizaciones científicas denunciaron ante la Cámara de Diputados que 5.100 millones de reales del FNDCT permanecían bloqueados, equivalentes al 91% del presupuesto del fondo para ese ejercicio. Brasil arrastraba problemas de financiamiento científico desde años anteriores a Bolsonaro, pero durante su gobierno la controversia adquirió una dimensión institucional precisa: recursos recaudados para financiar ciencia fueron retenidos por razones fiscales y el Congreso tuvo que intervenir para limitar esa capacidad del Ejecutivo. Años después, Estados Unidos discute recursos que el Congreso asignó y la administración Trump no ejecutó, mientras Argentina eliminó por ley la trayectoria que obligaba a incrementar la inversión. Los instrumentos cambian entre Washington, Buenos Aires y Brasilia, pero el resultado vuelve a colocar al conocimiento en el mismo lugar de la disputa presupuestal: cuando el ajuste fiscal y la concentración de las prioridades en el Ejecutivo avanzan sobre la política pública, todos los caminos terminan llegando también a la ciencia.

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