A seis meses de la operación militar estadounidense que capturó a Nicolás Maduro, una investigación de The New York Times describe a Marco Rubio como el “virrey de facto” de Venezuela. El secretario de Estado controla ingresos petroleros, sanciones, permisos empresariales y decisiones del gobierno interino de Delcy Rodríguez. Donald Trump llegó a bromear con enviarlo a Caracas como próximo gobernante, aunque el diario concluyó que no necesita mudarse: ya dirige el país desde Washington.
De la captura de Maduro al “virrey” estadounidense
La escena ocurrió en el Despacho Oval. Donald Trump conversaba con su secretario de Estado, Marco Rubio, cuando sugirió que podía enviarlo permanentemente a Caracas para convertirlo en el próximo gobernante venezolano.
Los colaboradores presidenciales dijeron que se trató de una broma. Sin embargo, el extenso reportaje publicado el 11 de julio por The New York Times sostiene que la frase reflejó una realidad política: Rubio no necesita instalarse en Venezuela porque ya ejerce desde Washington una influencia decisiva sobre su economía, sus recursos naturales y su gobierno.
El diario lo definió como el “virrey de facto” de Venezuela y comparó su poder con el que tuvo Paul Bremer en Irak después de la invasión estadounidense de 2003.
La situación comenzó el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses atacaron objetivos venezolanos, ingresaron en Caracas y capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, para trasladarlos a Estados Unidos.
Trump anunció entonces que Washington dirigiría Venezuela hasta alcanzar lo que calificó como una transición segura y adecuada. Rubio se comunicó con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro y luego designada presidenta interina, para imponerle una elección: colaborar con Estados Unidos o enfrentar nuevos ataques contra infraestructura, bases militares y dirigentes del gobierno.
La propia administración estadounidense reconoció públicamente la magnitud de su injerencia. Durante una conferencia de prensa realizada en enero, Rubio afirmó:
“Tenemos un control e influencia enormes sobre lo que esas autoridades interinas hacen y pueden hacer”.
La investigación del periódico estadounidense, realizada mediante entrevistas con más de una docena de funcionarios y personas vinculadas con ambos gobiernos, muestra hasta qué punto aquella admisión se convirtió en un sistema de tutelaje permanente.
Rubio mantiene comunicación frecuente con Rodríguez mediante WhatsApp. Intercambian mensajes en español, fotografías, felicitaciones y comentarios personales. Pero detrás de esa aparente cordialidad existe una relación profundamente desigual: Venezuela necesita la autorización de Washington para acceder a sus propios recursos.
Washington administra el dinero y decide quién explota el petróleo
Uno de los principales mecanismos de control es financiero.
El Departamento del Tesoro estadounidense recibe los ingresos provenientes de la mayor parte de las exportaciones venezolanas y luego entrega gradualmente una porción del dinero a través de bancos privados del país.
Rubio y su equipo establecen quién puede recibir esos fondos, en qué pueden gastarse y bajo qué condiciones. El gobierno de Rodríguez depende de esas transferencias para pagar salarios públicos, financiar servicios y sostener el valor de la moneda.
Reuters ya había informado en enero que el dinero obtenido mediante las ventas petroleras venezolanas quedaría depositado en cuentas controladas por Estados Unidos. Trump firmó además una orden ejecutiva para proteger esos recursos frente a posibles reclamos judiciales de acreedores internacionales.
En los hechos, Venezuela produce y exporta petróleo, pero una potencia extranjera administra buena parte de los ingresos y determina cuándo y cómo pueden regresar al país.
Rubio también controla las licencias que permiten a las empresas quedar exceptuadas de las sanciones estadounidenses. Esa potestad le permite decidir qué compañías pueden operar en Venezuela, qué proyectos reciben autorización y cuáles quedan bloqueados.
Según The New York Times, el secretario de Estado desplazó incluso al responsable estadounidense de Energía en las negociaciones petroleras. Su prioridad fue facilitar el ingreso de compañías de Estados Unidos, aun en detrimento de empresas europeas que ya trabajaban en territorio venezolano.
La comercialización de buena parte del crudo quedó en manos de las multinacionales Trafigura y Vitol, mediante un esquema organizado por Washington. Al mismo tiempo, la petrolera estatal PDVSA avanzó sobre proyectos que compartía con la rusa Rosneft, después de que Estados Unidos exigiera reducir los vínculos con sus adversarios internacionales.
En febrero, el Departamento de Estado anunció nuevas licencias para permitir que empresas estadounidenses suministraran equipos, servicios y diluyentes destinados a la industria venezolana. La comunicación oficial presentó esas decisiones como la aplicación de la “visión del presidente Trump para el petróleo venezolano”.
El 8 de julio, Delcy Rodríguez firmó la reglamentación de una reforma petrolera destinada a atraer inversiones extranjeras y modificar el modelo desarrollado durante las últimas décadas. Aunque Caracas presenta los cambios como decisiones propias, el proceso ocurre bajo supervisión económica y política estadounidense.
La influencia se extiende además a la composición del gobierno. Rodríguez consulta con Rubio nombramientos de importancia, incluido el Ministerio de Defensa. Washington también exigió apartar de espacios económicos y administrativos a familiares y antiguos socios de Maduro.
No se trata simplemente de cooperación diplomática. Es un modelo en el cual las decisiones centrales de un Estado formalmente soberano son sometidas a la aprobación de otro.
Hasta una entrevista necesitó permiso de Trump
Uno de los episodios más reveladores comenzó cuando Bret Baier, conductor de Fox News, contactó a Delcy Rodríguez para realizarle una entrevista.
La presidenta interina respondió que antes necesitaba obtener la aprobación de Donald Trump.
De acuerdo con varias fuentes citadas por The New York Times, al mandatario estadounidense le encantó aquella demostración de subordinación. Desde entonces habría relatado repetidamente la anécdota cuando otras personas le preguntaban por Rodríguez.
La entrevista finalmente no se concretó y no se conoce públicamente si Trump llegó a autorizarla. Pero el episodio muestra que el control estadounidense no se limita al petróleo, los contratos o las cuentas bancarias: alcanza también las apariciones públicas y la comunicación política de las autoridades venezolanas.
En mayo, Rubio anunció que Rodríguez viajaría a India antes de que el propio gobierno venezolano informara sobre la visita. La anticipación sorprendió a funcionarios y diplomáticos en Caracas.
La subordinación quedó expuesta nuevamente después de un ataque estadounidense contra Irán. El canciller venezolano Yván Gil publicó una condena moderada contra la agresión sufrida por un aliado histórico de Venezuela.
Washington comunicó a Rodríguez que debía retirar el mensaje y le advirtió que no volviera a apoyar públicamente a los adversarios de Estados Unidos. Horas después, la publicación fue eliminada.
El 13 de julio, Rodríguez reemplazó a Gil como canciller y nombró en su lugar a Félix Plasencia, quien desde febrero actuaba como representante venezolano en Washington. No existe información pública que vincule directamente el cambio con aquel episodio, pero la modificación confirma la reorganización de la política exterior venezolana en medio de la creciente influencia estadounidense.
También sigue sin existir una fecha para las elecciones presidenciales prometidas como etapa final de la supuesta transición democrática. Consultada por el periódico en mayo, Rodríguez respondió que no sabía cuándo se realizarían y se limitó a señalar que serían “algún día”.
María Corina Machado, a quien Washington apoyó durante años como principal figura opositora, también quedó desplazada. Rubio y Trump optaron por sostener a Rodríguez y conservar buena parte de la estructura administrativa del antiguo gobierno, siempre que acepte las condiciones estadounidenses.
La prioridad parece ser menos la democracia venezolana que la estabilidad necesaria para garantizar la explotación petrolera, el pago de las obligaciones y la expansión de empresas norteamericanas.
Una tutela colonial presentada como transición democrática
Las acusaciones contra Maduro, las denuncias de corrupción y la falta de garantías electorales no convierten a Venezuela en una propiedad de Estados Unidos.
Ninguna potencia adquiere el derecho a bombardear un país, capturar a sus autoridades, apropiarse del control de sus exportaciones y seleccionar desde el extranjero quién debe gobernarlo.
Expertos de Naciones Unidas calificaron la intervención estadounidense como una violación clara del artículo 2.4 de la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de los Estados.
También advirtieron que la operación estableció un precedente peligroso para América Latina y para todo el sistema internacional: la posibilidad de que una potencia invoque acusaciones penales o intereses de seguridad para intervenir militarmente, sustituir autoridades y administrar los recursos de otra nación.
La democracia venezolana no puede reconstruirse mediante una tutela colonial. Tampoco puede surgir de decisiones adoptadas en el Despacho Oval, mensajes privados de WhatsApp o cuentas bancarias controladas por el Tesoro estadounidense.
Corresponde al pueblo venezolano decidir su futuro, elegir sus autoridades y establecer el destino de sus recursos naturales.
El reportaje del New York Times deja al descubierto una realidad que Washington ya casi no intenta ocultar. Trump dijo que Estados Unidos dirigiría Venezuela. Rubio admitió que posee una influencia enorme sobre lo que sus autoridades pueden hacer. Seis meses después, el dinero, el petróleo, los nombramientos y hasta las entrevistas pasan por Washington.
El llamado gobierno a control remoto ya no es una interpretación política. Es el funcionamiento cotidiano de una soberanía intervenida.