A un año exacto de la firma del tratado, el Parlamento suizo dio luz verde al acuerdo comercial entre la EFTA y el Mercosur. La Cámara Baja, que lo había rechazado en junio, cambió su voto después de incorporarse un paquete de 517 millones de francos para el sector agrícola. Uruguay ya aprobó el tratado y avanzó en el depósito de su instrumento de ratificación. El acuerdo, sin embargo, todavía no está vigente y en Suiza permanece abierta la posibilidad de un referéndum.

De 96 votos contra el acuerdo a 118 a favor

El giro se produjo este miércoles 16 de setiembre, exactamente un año después de que los cuatro países del Mercosur y los cuatro integrantes de la Asociación Europea de Libre Comercio firmaran el tratado en Río de Janeiro. El Consejo Nacional suizo, la Cámara Baja, aprobó el acuerdo por 118 votos contra 66 y 10 abstenciones. En junio había ocurrido prácticamente lo contrario: la misma cámara había rechazado el proyecto por 96 votos contra 86, con nueve abstenciones en la votación consignada entonces.

El cambio no ocurrió porque se renegociara el tratado con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El elemento decisivo estuvo dentro de Suiza. Entre ambas votaciones se construyó un paquete de medidas para amortiguar el impacto que la mayor apertura a productos agropecuarios sudamericanos podría generar sobre la producción local. El Consejo de los Estados, Cámara Alta, aprobó el lunes el acuerdo por 35 votos contra 7 y tres abstenciones y estableció 517 millones de francos para apoyar al sector agrícola entre 2028 y 2033. La propuesta original del gobierno suizo era de apenas 158 millones.

La cifra finalmente acordada tampoco alcanza los 880 millones de francos que sectores agrícolas habían reclamado inicialmente para el período 2028-2035, pero resultó suficiente para modificar la correlación parlamentaria. Dentro de los 517 millones se contemplaron 480 millones destinados a créditos de inversión y otros 37 millones para promoción comercial, incluida una porción vinculada a la promoción de exportaciones agrícolas. La secuencia mostró que la liberalización comercial no llegó al Parlamento suizo como una operación sin costos internos: para construir una mayoría fue necesario incorporar políticas públicas específicas para uno de los sectores que advertía riesgos económicos por la apertura.

Un mercado de casi 300 millones de personas y más del 97% de las exportaciones

El tratado vincula a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Las negociaciones comenzaron formalmente en 2017, atravesaron 14 rondas y fueron cerradas en julio de 2025. El documento se firmó el 16 de setiembre de ese año en Río de Janeiro y establece una zona comercial que abarca casi 300 millones de personas y economías con un producto bruto combinado superior a los US$ 4,3 billones. Más del 97% de las exportaciones de ambos bloques obtendrán mejoras en las condiciones de acceso a mercado.

No se trata únicamente de una reducción de aranceles. El acuerdo comprende comercio de bienes y servicios, inversiones, propiedad intelectual, compras públicas, competencia, reglas de origen, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, solución de controversias y disposiciones sobre comercio y desarrollo sostenible. Para las exportaciones del Mercosur aparecen entre los sectores con mejores condiciones de acceso productos agropecuarios como carne bovina, carne aviar, vinos, miel, maíz y aceites vegetales.

En el caso específico de Suiza, el acuerdo concede ventajas arancelarias a cerca del 98% de sus exportaciones hacia el Mercosur y el gobierno helvético calcula un ahorro aproximado de 155 millones de francos anuales en derechos aduaneros. A cambio, Suiza concederá 25 contingentes bilaterales para productos agrícolas considerados sensibles, entre ellos carne y vino. Es precisamente esa apertura la que explica parte de la resistencia de los productores suizos y el paquete económico incorporado durante el trámite parlamentario.

Uruguay ya hizo su parte y ahora espera que avance la EFTA

Para Uruguay, la votación suiza tiene una significación adicional. El Parlamento uruguayo ya aprobó el tratado mediante la Ley N.º 20.500 del 26 de junio de 2026. El Poder Ejecutivo avanzó posteriormente en el procedimiento internacional y el 10 de agosto designó al representante encargado de depositar el instrumento de ratificación. Uruguay había colocado desde el comienzo al acuerdo con la EFTA entre las prioridades de su estrategia de apertura comercial y buscó completar con ese bloque el acceso preferencial a los principales mercados europeos.

El proceso suizo también dejó expuesto otro debate. Las propuestas destinadas a endurecer las condiciones vinculadas con deforestación, trabajo forzoso y otros aspectos ambientales y laborales encontraron mayores resistencias que las compensaciones económicas destinadas a la agricultura. Socialdemócratas y verdes mantuvieron objeciones al acuerdo, y durante el último tratamiento de la Cámara Baja se planteó además destinar 25 millones de francos a medidas contra la deforestación. Paralelamente, una alianza de organizaciones anunció su intención de impulsar un referéndum sobre el tratado.

La aprobación parlamentaria suiza, por lo tanto, constituye un avance decisivo pero no equivale todavía a la entrada en vigor del acuerdo EFTA-Mercosur. El propio registro de la EFTA continúa consignándolo como pendiente de vigencia. En el sistema suizo determinados tratados internacionales pueden ser sometidos a referéndum facultativo si se reúnen 50.000 firmas válidas dentro de los 100 días posteriores a la publicación oficial, o si lo solicitan ocho cantones. Para Uruguay, que ya completó su aprobación legislativa, la atención pasa ahora por el avance de los procedimientos internos de los demás socios hasta que estén dadas las condiciones jurídicas para comenzar a aplicar las preferencias comerciales negociadas hace más de una década.