Abelardo de la Espriella suspendió el traspaso con el gobierno de Gustavo Petro un mes antes de asumir y el terremoto encontró a Colombia con la principal agencia de desastres sin nueva conducción, sin reuniones de transición y sin conocimiento directo del estado de sus recursos. El choque político tuvo consecuencias concretas: más de 24 horas después del sismo todavía no existía una cifra nacional unificada y el nuevo director de la UNGRD recién asumió más de dos días después. Mientras comunidades pobres del Pacífico esperaban rescate, agua y electricidad, el nuevo gobierno avanzaba en un acelerado realineamiento con Estados Unidos e Israel.

El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el oeste colombiano el 10 de agosto dejó al país frente a una catástrofe que ya ronda los 300 muertos, supera los 4.000 heridos y destruyó alrededor de 12.500 viviendas. El epicentro estuvo en San José del Palmar, Chocó, aunque Cali, Pereira, Manizales y numerosos municipios del occidente también sufrieron graves daños. Cinco días después seguían existiendo desaparecidos, poblaciones aisladas y miles de personas fuera de sus hogares.

Colombia tenía capacidades de búsqueda y rescate, Fuerzas Armadas, bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y equipos USAR preparados. Esa estructura permitió rescates masivos en Cali y otras ciudades y una reacción muy superior a la registrada meses antes durante los terremotos de Venezuela. El problema apareció en otro nivel: el nuevo gobierno había decidido llegar al poder sin completar el mecanismo diseñado precisamente para saber qué Estado recibía, qué recursos tenía disponibles, quién tomaba cada decisión y qué problemas estaban pendientes.

El empalme convertido en campo de batalla

El origen inmediato de la ruptura estuvo en la crisis política posterior a las elecciones. Gustavo Petro desconoció la victoria electoral de De la Espriella y denunció un fraude sin presentar pruebas públicas; las misiones de observación de la Unión Europea y el Centro Carter habían respaldado la transparencia del conteo. De la Espriella respondió el 7 de julio suspendiendo unilateralmente las reuniones de empalme, calificó al gobierno saliente de «golpistas y corruptos» y ordenó a su equipo abandonar las mesas. El gobierno de Petro suspendió después su participación.

La disputa dejó de ser solamente una pelea política el 10 de agosto. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, organismo encargado de coordinar una emergencia de esta magnitud, recibió el terremoto todavía bajo la dirección de Javier Pava, funcionario del gobierno anterior. David Tamayo, elegido por De la Espriella para sustituirlo, jamás había realizado una reunión de empalme con quienes dirigían la institución. La propia información disponible mostraba además una estructura debilitada por la salida de subdirectores y funcionarios y por años de escándalos de corrupción.

El resultado quedó expuesto desde las primeras horas. Más de 24 horas después del terremoto el Gobierno todavía carecía de una cifra nacional unificada sobre muertos, heridos, desaparecidos y daños. La sala nacional de crisis estaba en Bogotá, mientras De la Espriella había iniciado su presidencia con la intención de gobernar buena parte del tiempo desde Barranquilla y debió trasladarse a la capital para reunir a los responsables de los organismos involucrados.

Tamayo tomó posesión formal de la UNGRD recién el 12 de agosto a las 16.23, más de dos días después del terremoto. Su primera tarea oficial fue precisamente articular el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo con el Gobierno, las autoridades territoriales y los organismos operativos que ya trabajaban sobre una tragedia en marcha.

En Chocó las horas valían vidas

La desigualdad colombiana convirtió ese desorden en algo mucho más grave. Chocó registra los mayores niveles de pobreza y pobreza extrema del país: 67,4% y 44,9%, respectivamente. El terremoto golpeó así una región de mayoría afrocolombiana e indígena, con infraestructura precaria, problemas históricos de conectividad y servicios públicos insuficientes.

En Quibdó, el Hospital San Francisco de Asís llegó a operar con una sobreocupación del 245%, mientras numerosas familias permanecían sin agua, electricidad o vivienda segura. En otras comunidades del Pacífico los rescatistas oficiales demoraron hasta el miércoles en llegar y habitantes removieron escombros con sus propias manos. Reuters documentó además zonas de Buenaventura todavía inaccesibles, falta de servicios básicos y dificultades provocadas por grupos armados que controlaban accesos y hasta partidas de alimentos.

La diferencia dentro del propio país quedó a la vista. Cali recibió rápidamente equipos especializados y consiguió rescatar decenas de personas, mientras localidades pobres y aisladas atravesaron buena parte de las primeras 72 horas con capacidades muy inferiores. Ese período concentra las mayores posibilidades de hallar sobrevivientes bajo estructuras colapsadas. Tras superarlo, los operativos comenzaron a pasar progresivamente de búsqueda de personas a remoción de escombros.

También hubo una discusión sobre la asistencia extranjera. Durante las primeras horas Colombia rechazó el ingreso de equipos internacionales de rescate por recomendación de la conducción todavía heredada de la UNGRD, que sostenía que los 23 grupos USAR nacionales resultaban suficientes y reclamaba otro tipo de ayuda. Tras el cambio de director comenzaron a aceptarse brigadas extranjeras, más de 50 horas después del terremoto.

Washington recuperó rápidamente su lugar

La emergencia coincidió con otro proceso desarrollado a enorme velocidad: el realineamiento internacional del nuevo gobierno. De la Espriella llegó al poder como aliado político de Donald Trump y había hecho campaña prometiendo una ruptura frontal con buena parte de la política exterior de Petro. Apenas iniciado su mandato, Colombia autorizó operaciones militares conjuntas con Estados Unidos contra organizaciones vinculadas al narcotráfico e ingresó al denominado Escudo de las Américas.

En los mismos días del terremoto, Bogotá reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán sirios ocupados, convirtiéndose en el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, en adoptar esa posición. El gobierno también inició el restablecimiento pleno de las relaciones con Israel y anunció otros cambios que revierten decisiones tomadas durante la administración Petro.

La selección de aliados apareció incluso en la asistencia internacional. Hasta este fin de semana Colombia había aceptado personal procedente de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador. Washington elevó su aporte económico para la emergencia de 15,5 a 26,5 millones de dólares y De la Espriella habló durante diez minutos con Trump, le pidió suspender temporalmente los aranceles a los productos colombianos y definió la alianza con Estados Unidos como un «imperativo»

El terremoto encontró así dos Colombias funcionando al mismo tiempo. Una movilizó rescatistas, bomberos, médicos, voluntarios y capacidades estatales acumuladas durante décadas, salvando decenas de vidas. La otra llegó al cambio de gobierno después de convertir el empalme técnico en una extensión de la guerra política, recibió la principal institución de emergencias sin que sus nuevas autoridades conocieran directamente su funcionamiento y utilizó sus primeros días para acelerar un alineamiento estratégico con Washington.

En Chocó, entretanto, la discusión tenía otra escala: agua, electricidad, una cama de hospital, maquinaria para remover concreto y equipos capaces de llegar antes de que terminaran las horas decisivas bajo los escombros.

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