La consigna de mano dura que Luis Lacalle Pou instaló antes de llegar a la Presidencia se convirtió en parte de una política de seguridad que amplió las facultades policiales, endureció las penas y colocó la represión del delito en el centro del discurso oficial. Durante aquellos cinco años hubo jóvenes muertos por disparos policiales, adolescentes heridos, denuncias de violencia institucional y un crecimiento sostenido del encarcelamiento. El balance del período dejó casi 16.000 personas presas, cárceles hacinadas, decenas de muertes bajo custodia y niveles persistentemente elevados de homicidios. Ahora, desde la oposición, vuelve a escucharse la misma consigna.
Cuando el discurso convirtió la seguridad en una confrontación
En febrero de 2018, Luis Lacalle Pou reclamaba una señal de autoridad frente a la delincuencia y resumía su planteo con una expresión que terminaría instalándose en el lenguaje político uruguayo: «Falta que alguien diga que se terminó el recreo». La frase condensaba una concepción de la seguridad pública basada en la confrontación, la firmeza y la necesidad de recuperar un orden presuntamente perdido. Un año después, Guido Manini Ríos incorporaba ese mismo lenguaje a su campaña electoral, enfrentando a la denominada «gente de bien» con los «malandras», una división que transformaba un problema social complejo en una disputa entre ciudadanos merecedores de protección y personas señaladas como una amenaza.
Jorge Larrañaga, futuro ministro del Interior, completaba aquella orientación política con su permanente reivindicación de una Policía más respaldada y dotada de mayores atribuciones. La seguridad se convirtió en una de las principales herramientas de confrontación con los gobiernos del Frente Amplio y en una promesa electoral que asociaba el restablecimiento de la autoridad con el endurecimiento de la respuesta estatal. En aquel discurso, las causas sociales de la violencia, la exclusión y las desigualdades quedaban desplazadas por la imagen de un delincuente al que había que someter mediante una política de mayor rigor.
La sociedad uruguaya ya había conocido episodios que mostraban hasta dónde podía llegar la violencia ejercida contra quienes eran considerados sospechosos. El 16 de febrero de 2019, Felipe Cabral, conocido artísticamente como Plef, fue asesinado de un disparo en la cabeza en Punta Gorda, cuando había regresado a fotografiar un grafiti realizado en una vivienda desocupada. Tenía 29 años. La investigación se concentró en un vecino de avanzada edad que murió meses después. El asesinato del artista provocó indignación y abrió una discusión sobre el uso de armas, la intolerancia y las reacciones violentas ante conductas consideradas indebidas.
El 6 de enero de 2020, pocas semanas antes de que Lacalle Pou asumiera la Presidencia, Fernando Daniel Dávila Cabrera, conocido como «El Tato», murió en el Mac Center Shopping de Paysandú. Tenía 30 años y había ingresado al establecimiento después de un intento de hurto y una persecución. Un guardia de seguridad y un militar lo redujeron y mantuvieron inmovilizado boca abajo, presionando su cuerpo contra el suelo. Durante varios minutos pidió que lo soltaran y gritó «Me muero, me muero». Falleció por asfixia mecánica. Los dos responsables terminaron condenados por homicidio y, años después, la Suprema Corte de Justicia también estableció responsabilidad civil de la empresa administradora del shopping. El episodio había colocado ante la sociedad una pregunta profundamente humana: cómo puede terminar muerto alguien que ya se encuentra reducido y sometido.
El 1.º de marzo de 2020, la coalición encabezada por Lacalle Pou llegó al gobierno con la promesa de modificar radicalmente la política de seguridad. Cuatro meses después fue promulgada la Ley de Urgente Consideración, la LUC, que introdujo cambios en la legítima defensa, la actuación policial y el régimen penal. Su artículo 49 incorporó una presunción de legitimidad para las actuaciones policiales, salvo prueba en contrario. El mensaje político que acompañaba esas reformas era de respaldo a la autoridad y de ampliación de sus herramientas de intervención. Las advertencias de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos apuntaron al aumento de la discrecionalidad policial, a la extensión de las penas y a los riesgos de una política de seguridad concentrada en el castigo.
El «se acabó el recreo» ya formaba parte de una política de gobierno. La autoridad policial había sido elevada a símbolo de un nuevo orden y el respaldo político a sus actuaciones ocupaba un lugar central en la comunicación oficial. En ese escenario comenzaron a sucederse hechos que dejarían muertos, heridos y denuncias por abusos en distintos puntos del país.
Las balas, los jóvenes y una autoridad que también reprimió
El 7 de julio de 2020, Guillermo Marenales, de 20 años, caminaba con amigos por Carrasco Norte cuando dos policías que custodiaban una vivienda intervinieron. Después de un intercambio verbal, los funcionarios utilizaron sus armas. Los jóvenes estaban desarmados y Guillermo recibió un disparo por la espalda cuando intentaba escapar. Murió después de buscar refugio debajo de un arbusto. Las cámaras de vigilancia registraron movimientos posteriores de los efectivos, que fueron vistos recogiendo objetos del suelo. El autor del disparo recibió en 2023 una condena de cinco años y seis meses de prisión por homicidio a título de dolo eventual, mientras otro funcionario fue condenado por abuso de funciones.
En setiembre de ese mismo año, un joven llamado Jhonatan fue baleado en la cabeza durante un operativo de la Brigada Especial para la Prevención y Represión del Abigeato en Artigas. Circulaba en motocicleta junto a otro muchacho después de haber faenado ilegalmente tres ovejas. Murió el 26 de setiembre. El ministro Jorge Larrañaga salió públicamente a respaldar la intervención policial, defendió la actuación del funcionario y cuestionó las versiones que señalaban que el joven había recibido un disparo por la espalda. La investigación posterior desembocó, en setiembre de 2024, en una condena de cuatro años de prisión para el policía que disparó, por homicidio y lesiones graves a título de dolo eventual, y otra condena para un funcionario por encubrimiento y abuso de funciones.
El respaldo ministerial inicial a aquella intervención constituye uno de los episodios más significativos de la relación entre el discurso político y la actuación de las fuerzas de seguridad. La palabra del ministro no fue la de un observador distante: fue la de la máxima autoridad política de una institución cuyos funcionarios estaban siendo investigados por la muerte de un joven. La defensa pública del procedimiento antecedió a una resolución judicial que terminaría estableciendo responsabilidades penales.
En octubre de 2020, nuevamente en Artigas, una persecución policial contra un automóvil que había evitado un control de tránsito terminó con una descarga de entre siete y nueve disparos. Dentro del vehículo viajaban seis personas, cuatro de ellas menores de edad. Un adolescente de 16 años recibió un balazo por la espalda que pasó a escasos centímetros de su médula espinal. Sobrevivió después de una intervención quirúrgica, pero sufrió secuelas. El funcionario responsable del disparo fue condenado por lesiones graves. La huida de un control de tránsito había terminado en una intervención armada que puso en peligro a varios menores.
La noche del 1.º de noviembre de 2020, un operativo policial desalojó una concentración en la plaza Líber Seregni de Montevideo. Hubo once detenidos, disparos con munición de goma y denuncias de agresiones contra jóvenes. Organizaciones antirracistas cuestionaron el procedimiento y señalaron particularmente el trato recibido por personas afrodescendientes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por el uso de la fuerza y recordó la obligación estatal de proteger los derechos de reunión y expresión. El gobierno defendió la actuación policial en el contexto de las disposiciones sanitarias vigentes.
En febrero de 2021, un procedimiento en Malvín Norte terminó con varias personas heridas por disparos de munición no letal. La Institución Nacional de Derechos Humanos examinó testimonios y registros audiovisuales y concluyó que había existido un empleo abusivo de la fuerza policial y vulneraciones al derecho a la integridad personal. También cuestionó que los funcionarios se retiraran sin proporcionar asistencia a las personas heridas. La resolución exigió medidas de reparación y actuaciones destinadas a impedir la repetición de procedimientos semejantes.
El 10 de abril de 2021, otro joven de 24 años, Jonatan, murió durante una persecución policial que culminó en avenida Italia y Centenario, en Montevideo. Un funcionario disparó desde la ventana de un patrullero que circulaba junto al vehículo de la víctima. Las cámaras registraron posteriormente a otro policía recogiendo una vaina servida y ocultándola en su bolsillo. También se investigó la actuación de un jerarca que permitió retirarse a los involucrados sin realizar las comprobaciones correspondientes sobre sus armas. El autor del homicidio fue condenado a siete años de penitenciaría y otros dos funcionarios recibieron penas de cuatro años y de tres años y tres meses por encubrimiento. Las condenas quedaron firmes en 2025.
En julio de 2022, en Durazno, la muerte por ahogamiento de un joven después de una persecución policial dio lugar a denuncias sobre el procedimiento y la asistencia recibida. El episodio llegó a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tramitó los planteos de su entorno. El caso incorporó otra dimensión a las preocupaciones sobre las intervenciones policiales: las obligaciones de cuidado y asistencia cuando una persecución termina con una persona en peligro.
En agosto de 2023, dos jóvenes fueron interceptados durante un control en el centro de Maldonado. Uno de ellos fue golpeado por un funcionario policial. La Institución Nacional de Derechos Humanos constató vulneraciones de derechos y señaló que una discusión verbal no habilitaba a los agentes a responder mediante violencia física. En enero de 2024, tres jóvenes que esperaban un vehículo solicitado mediante una aplicación en Montevideo fueron interceptadas y revisadas por policías. Después tuvieron dificultades para presentar una denuncia y recibieron comentarios inapropiados de una funcionaria sobre su vestimenta. El organismo de derechos humanos terminó constatando una vulneración de su derecho a denunciar.
En Paysandú, otro episodio expuso el ejercicio arbitrario de la autoridad sobre el espacio público. Dos policías obligaron violentamente a un hombre a abandonar una plaza. Durante el procedimiento utilizaron fuerza física y uno de ellos le arrojó líquido en el rostro y el torso. Ambos fueron condenados por violencia privada agravada y el Tribunal de Apelaciones confirmó las condenas en diciembre de 2024. La permanencia de una persona en una plaza había terminado en una intervención policial que los tribunales consideraron delictiva.
Estos episodios recorrieron departamentos, cuerpos policiales y situaciones muy diferentes. Hubo disparos mortales, adolescentes heridos, controles violentos, denuncias de discriminación y maniobras de encubrimiento. El registro oficial del Ministerio del Interior contabilizó cinco homicidios cometidos por funcionarios en abuso de funciones durante 2020, la cifra anual más elevada de la serie estadística comprendida entre 2013 y 2025. Los nombres de las víctimas y las actuaciones posteriores de los responsables forman parte de la historia de un período en que el poder político convirtió la firmeza policial en una de sus principales señas de identidad.
Más presos, cárceles hacinadas y una violencia que no desapareció
Cinco años después, el balance de aquella política de seguridad dejó una realidad que excede los episodios individuales de violencia policial. El gobierno que había prometido terminar con el recreo de los delincuentes concluyó su mandato con una población penitenciaria enormemente superior a la que encontró, cárceles sobrepobladas, muertes bajo custodia y un número de homicidios que continuaba situándose entre los niveles más elevados de la historia reciente. La expansión de la respuesta penal fue considerablemente más visible que cualquier transformación profunda de las condiciones sociales que alimentaban la violencia.
Según la serie oficial del Ministerio del Interior, Uruguay tenía un promedio anual de 11.034 personas privadas de libertad en 2019. En 2024 esa cifra llegó a 15.922. Fueron casi 4.900 personas más, un incremento superior al 44% en cinco años. El país alcanzó una tasa de encarcelamiento cercana a 445 personas cada 100.000 habitantes, una de las más elevadas del mundo y la mayor de América del Sur. El crecimiento de la población carcelaria se venía produciendo desde décadas anteriores, pero se aceleró durante el período de la coalición, acompañando reformas que endurecieron penas y restringieron alternativas al encarcelamiento.
La LUC tuvo efectos particularmente relevantes sobre los delitos vinculados al microtráfico de drogas. El endurecimiento de las penas y las restricciones a medidas alternativas afectaron especialmente a mujeres de sectores populares, muchas de ellas madres y sin antecedentes penales. La población penitenciaria femenina creció de manera acelerada y los informes de derechos humanos señalaron la presencia mayoritaria de mujeres condenadas por delitos de drogas en distintas unidades. En 2024, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura constató situaciones críticas de hacinamiento en establecimientos femeninos, con dormitorios deteriorados, problemas de humedad e instalaciones sanitarias insuficientes.
La expansión del encarcelamiento desbordó la capacidad de las instituciones. Los informes del comisionado parlamentario describieron celdas superpobladas, falta de actividades educativas y laborales, condiciones materiales degradadas y obstáculos para acceder a la atención sanitaria. En numerosos establecimientos, la prisión se convirtió en un ámbito donde la convivencia estaba atravesada por el encierro prolongado, la falta de recursos y la violencia cotidiana. La respuesta estatal aumentaba la cantidad de personas privadas de libertad sin desarrollar al mismo ritmo las condiciones necesarias para su rehabilitación.
Las consecuencias también se midieron en vidas. Durante 2024 murieron 57 personas bajo custodia penitenciaria. De ellas, 36 fueron clasificadas como muertes violentas, incluidos 18 homicidios y 15 suicidios. En 2021 se habían registrado 86 fallecimientos, el número más alto de la serie, en un año condicionado también por la pandemia. Los informes del comisionado parlamentario identificaron deficiencias asistenciales, fallas institucionales y condiciones de reclusión que comprometían gravemente la integridad de las personas encarceladas. En diciembre de 2023, la muerte de seis reclusos en el COMCAR volvió a colocar la emergencia penitenciaria en la discusión pública y motivó nuevas actuaciones de los organismos de derechos humanos.
La violencia también permaneció en las calles. El Anuario de Estadísticas Criminales publicado en 2026 establece que durante 2020 hubo 341 homicidios, en 2021 se registraron 307, en 2022 fueron 383, en 2023 se produjeron 381 y en 2024 nuevamente 383. El máximo histórico de la serie corresponde a 2018, con 420 homicidios, mientras que 2019 había cerrado con 394. La reducción de rapiñas y hurtos durante el quinquenio, destacada por las autoridades de entonces, convivió con una persistencia de la violencia letal que la política de mano dura no consiguió reducir de manera sostenida.
Los homicidios continuaron golpeando especialmente a barrios populares y territorios atravesados por el narcotráfico, la circulación de armas y la disputa de organizaciones criminales. La violencia cotidiana siguió afectando a familias que vivían en contextos de desigualdad y exclusión. La promesa de recuperar el control mediante mayores facultades policiales y penas más severas encontró allí uno de sus límites más evidentes: detener a más personas y prolongar las condenas no resolvió la violencia que atravesaba a las comunidades más vulnerables.
La contradicción también alcanzó a los propios trabajadores de la seguridad. Mientras el discurso gubernamental insistía en respaldar a quienes debían ejercer la autoridad, los sindicatos policiales reclamaban mejores condiciones laborales, atención a la salud mental, controles sobre el vencimiento de chalecos antibalas y equipamiento adecuado. El Ministerio del Interior informó que durante la administración se habían distribuido 19.000 chalecos, junto con uniformes, cascos y armamento, pero las organizaciones sindicales continuaron cuestionando aspectos de la dotación y las condiciones de servicio.
La cuestión salarial mostró otra distancia entre el reconocimiento político y la realidad de los trabajadores. El gobierno concedió ajustes generales y aumentos específicos, entre ellos una mejora del salario mínimo policial en 2023. También aprobó incrementos nominales para los grados militares inferiores, con partidas iniciales de entre 600 y 810 pesos mensuales según el grado en el presupuesto de 2020. Sin embargo, la discusión por las remuneraciones, las diferencias entre escalafones, las contrataciones precarias y las condiciones de trabajo siguió abierta. La Policía recién alcanzó en 2026, durante la administración siguiente, su primer acuerdo formal de negociación colectiva en el ámbito de los Consejos de Salarios.
En materia de salud mental, las cifras presentadas en 2024 también reflejaron una situación alarmante. Un informe del Ministerio del Interior registró cien suicidios de funcionarios policiales entre 2019 y 2023. El Sindicato Único de Policías cuestionó las explicaciones institucionales y reclamó una respuesta más profunda frente al sufrimiento psicológico, las situaciones de acoso, los conflictos laborales y las dificultades de acceso a asistencia especializada. La institución que era presentada como protagonista de la recuperación de la autoridad también estaba integrada por trabajadores sometidos a presiones, riesgos y problemas que reclamaban políticas de protección y cuidado.
El contraste adquiere especial importancia al observar las prioridades del discurso de seguridad. Durante años se insistió en ampliar atribuciones, endurecer penas y fortalecer la capacidad represiva del Estado. En paralelo, la prevención social de la violencia, la rehabilitación penitenciaria, las condiciones laborales del personal y la protección de los derechos humanos continuaron mostrando dificultades estructurales. La construcción política de una autoridad más fuerte no estuvo acompañada por resultados equivalentes en reducción de homicidios o en condiciones dignas dentro de las cárceles.
La historia de aquellos cinco años no se agota en sus cifras. Están también Guillermo Marenales, muerto después de recibir un disparo por la espalda; Jhonatan, baleado en Artigas durante un operativo policial; Jonatan, asesinado durante una persecución en Montevideo; el adolescente de 16 años alcanzado por una bala policial; las personas heridas en Malvín Norte; los jóvenes detenidos en plaza Seregni y quienes sufrieron otras intervenciones violentas. Son historias que colocan rostros y vidas detrás de una política construida alrededor de la autoridad, la sospecha y la represión.
En febrero de 2026, ya fuera del gobierno, Guido Manini Ríos volvió a recuperar la consigna de su campaña y afirmó que «el recreo no se acabó nunca». El señalamiento retomaba la misma representación de la delincuencia utilizada años antes para reclamar mayor autoridad. Entre aquella promesa electoral y su reiteración posterior transcurrieron cinco años de gobierno de la coalición, una reforma legislativa de la seguridad pública, homicidios policiales documentados, condenas y pronunciamientos de organismos de derechos humanos.
El período de Luis Lacalle Pou dejó una enseñanza política que atraviesa el debate sobre la seguridad pública: el endurecimiento del lenguaje y la ampliación de las facultades represivas pueden producir un Estado con mayor capacidad de castigar, pero no garantizan una sociedad menos violenta. Al concluir aquel gobierno había miles de personas más encarceladas, un sistema penitenciario en crisis, trabajadores de la seguridad con demandas pendientes y cientos de homicidios cada año. La consigna que prometía terminar con el recreo continúa formando parte del discurso de quienes gobernaron entonces. Las cifras, los testimonios y las vidas perdidas permanecen como parte de su balance histórico.