El secretario de la Presidencia advirtió que el Frente Amplio no puede fijar posición sin conocer el proyecto y los instrumentos que pretende habilitar Economía. La iniciativa permitiría colocar una mayor parte del ahorro de los trabajadores fuera del país, mientras crecen las críticas por el apartamiento de lo acordado en el Diálogo Social.
Una propuesta que todavía no muestra sus límites
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, puso cautela sobre la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas de ampliar las inversiones de las AFAP en el exterior y sostuvo que el gobierno deberá explicar con precisión qué instrumentos pretende autorizar y bajo qué condiciones se administrará el riesgo.
“Siempre es un riesgo invertir en el exterior, tenemos que ver cuáles son los instrumentos”, afirmó Sánchez. El jerarca aclaró que todavía no está en condiciones de acompañar o rechazar la iniciativa porque el Poder Ejecutivo no presentó el proyecto de ley ni se conocen aspectos decisivos como el nuevo porcentaje permitido, los mercados habilitados, el tipo de activos y los mecanismos de control.
Sánchez reconoció, además, que las AFAP constituyen un asunto que “genera mucho debate en el Frente Amplio”. Por eso adelantó que la discusión de fondo comenzará cuando exista un texto concreto que permita evaluar qué riesgos se asumirán con el dinero acumulado por los trabajadores y qué garantías ofrecerá el Estado.
La respuesta marca una diferencia de énfasis con el ministro Gabriel Oddone, quien viene defendiendo la necesidad de diversificar las colocaciones. Economía sostiene que concentrar la mayor parte de los fondos en títulos uruguayos también implica un riesgo y que una apertura internacional podría aumentar la rentabilidad de las cuentas individuales. Sin embargo, hasta el momento el MEF solamente anunció una “ampliación gradual de los activos elegibles en el exterior”, sin informar cuál será el nuevo límite ni qué inversiones adicionales podrán realizarse.
Más de US$ 4.500 millones ya están fuera del país
Las AFAP ya pueden invertir en el exterior. La legislación vigente autoriza la colocación de hasta el 15% de los fondos previsionales en determinados activos, principalmente valores de renta fija emitidos por organismos internacionales de crédito o gobiernos extranjeros con muy alta calificación crediticia.
El artículo 123 de la Ley 16.713 establece que las inversiones deben cumplir criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación y compatibilidad de plazos. También limita las colocaciones externas a instrumentos sujetos a regulación y supervisión del organismo competente.
Los fondos administrados por las cuatro AFAP superan actualmente los US$ 28.000 millones. Al cierre del 30 de junio, aproximadamente US$ 4.541 millones estaban invertidos en el exterior, una cifra muy próxima al máximo permitido. El resto permanece mayoritariamente colocado en deuda pública uruguaya, depósitos, fideicomisos, proyectos de infraestructura y otros instrumentos del mercado local.
Oddone argumenta que el límite del 15% fue diseñado cuando el sistema administraba alrededor de US$ 3.000 millones y que hoy, con un fondo casi diez veces mayor, la concentración en Uruguay reduce las posibilidades de obtener mejores rendimientos. Las AFAP también reclaman desde hace años una apertura hacia acciones y fondos internacionales, con el argumento de que ofrecerían una rentabilidad superior en el largo plazo.
Pero una mayor rentabilidad esperada no equivale a una rentabilidad asegurada. La apertura hacia instrumentos variables también expone los ahorros previsionales a crisis financieras, caídas bursátiles, variaciones cambiarias, conflictos internacionales y decisiones adoptadas en mercados sobre los que Uruguay tiene escasa capacidad de incidencia.
Además, una salida significativa de fondos podría disminuir los recursos disponibles para financiar inversiones productivas, infraestructura, vivienda y deuda pública dentro del país. El propio anuncio oficial reconoce ese problema y sostiene que cualquier apertura deberá proteger el financiamiento de las inversiones nacionales.
Un debate que atraviesa al Frente Amplio
La discusión no comenzó ahora. En 2010, durante el gobierno de José Mujica y bajo el impulso del entonces ministro de Economía, Danilo Astori, se habilitó a las AFAP a colocar hasta un 15% de sus fondos fuera del país.
En 2023, el gobierno de Luis Lacalle Pou intentó ampliar esa posibilidad dentro de la reforma de la seguridad social. La propuesta no prosperó por la oposición del Frente Amplio y de Cabildo Abierto, que reclamaron mayores garantías y advirtieron que no podía entregarse un cheque en blanco a las administradoras privadas.
El asunto vuelve ahora con una dificultad política adicional. El Diálogo Social había recomendado crear un organismo público que centralizara la administración de las cuentas individuales, dejando a las AFAP únicamente la tarea de invertir los fondos. Luego de mantener reuniones con administradoras, actores financieros e inversores, el MEF y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto resolvieron no avanzar con esa estructura.
En su lugar, el gobierno propone mantener el vínculo directo entre las AFAP y sus afiliados, desarrollar una ventanilla única para los trámites jubilatorios, modificar el sistema de asignación de nuevos afiliados, reducir las comisiones entre 5% y 10% y vincular una parte de esas comisiones con los rendimientos obtenidos. También pretende ampliar los activos disponibles en el exterior.
El cambio provocó fuertes cuestionamientos dentro del Frente Amplio. El senador socialista Gustavo González sostuvo que con la nueva orientación “se blindan las AFAP” y reclamó cumplir los compromisos alcanzados con el movimiento sindical. Óscar Andrade, del Partido Comunista, afirmó que el acuerdo fue desplazado por presiones de sectores financieros.
El PIT-CNT también rechazó la decisión y convocó a un paro general parcial para el 11 de agosto, cuya plataforma incluye el cuestionamiento al incumplimiento de los consensos alcanzados en el Diálogo Social sobre seguridad social. La central mantiene su oposición al régimen de ahorro individual administrado por empresas privadas.
El propio Sánchez reconoció que el cambio fue un “blooper” político porque generó un problema para el Frente Amplio en su relación con las organizaciones sociales. Al mismo tiempo, defendió los objetivos de reducir las comisiones y vincularlas con la rentabilidad, pero evitó respaldar la apertura internacional hasta conocer el contenido completo de la iniciativa.
El punto central no es solamente si una cartera diversificada puede obtener mejores resultados estadísticos. También está en discusión quién controla el ahorro previsional obligatorio, cuánto riesgo puede asumirse con recursos que pertenecen a los trabajadores y qué parte de esos fondos debe permanecer en Uruguay para contribuir al desarrollo productivo nacional.