El presidente boliviano Rodrigo Paz anunció que su gobierno buscará recuperar territorios bajo control de organizaciones sociales, entre ellos el Chapare, bastión político y sindical de Evo Morales. La decisión llega después de más de 50 días de bloqueos y abre un escenario delicado: Paz, fortalecido tras levantar las protestas mediante un estado de excepción, ahora apunta directamente contra la zona donde el expresidente permanece protegido por sus bases.

Paz endurece el discurso tras levantar los bloqueos

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, elevó el tono contra el Chapare, la región cocalera del departamento de Cochabamba que desde hace décadas funciona como el núcleo político, sindical y territorial de Evo Morales.

Durante un acto por el aniversario de la Policía, Paz afirmó que su gobierno recuperará los territorios que, según dijo, hoy no están plenamente bajo control del Estado. Luego, desde Presidencia se aclaró que la referencia apuntaba al Chapare, donde las organizaciones sociales vinculadas a Morales impiden desde hace meses que se ejecute una orden de captura contra el exmandatario.

El anuncio llega en un momento de fuerte tensión. Bolivia acaba de atravesar más de siete semanas de bloqueos de carreteras, protestas de sectores indígenas, obreros y cocaleros, escasez de combustibles, problemas de abastecimiento de alimentos y medicamentos, y un conflicto social que dejó al menos 14 muertos.

Paz decretó un estado de excepción para poner fin a los cortes de rutas. La medida permitió despejar caminos y restablecer parcialmente la circulación, pero también dejó una señal política clara: el gobierno está dispuesto a usar herramientas excepcionales para recuperar control territorial.

Ahora el foco se desplaza hacia el Chapare. Y eso convierte una crisis social en un posible choque directo con Evo Morales y con las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, una estructura que no es solo sindical: también es la base histórica de poder del expresidente.

Evo Morales sigue en Lauca Eñe y advierte que sus bases se defenderán

Evo Morales permanece en Lauca Eñe, en el corazón del Chapare, desde fines de 2024. Allí se refugió tras la emisión de una orden de captura en su contra por un caso de trata de menor, acusación que él niega y presenta como parte de una persecución política.

La situación judicial de Morales se convirtió en un punto de choque con el gobierno de Paz. Para el Ejecutivo boliviano, el expresidente no solo evade a la Justicia, sino que además habría alentado y financiado las protestas recientes. El gobierno incluso lo vinculó con recursos del narcotráfico, aunque hasta ahora no presentó pruebas públicas que sostengan esa acusación.

Morales, por su parte, niega haber organizado una desestabilización y sostiene que la protesta expresa el malestar social contra el rumbo económico del gobierno. En los últimos días, advirtió que una intervención en el Chapare podría traer “problemas” y afirmó que sus seguidores están organizados y dispuestos a defenderse.

Ese cruce verbal no es menor. El Chapare no es una región cualquiera dentro de Bolivia. Es una zona de alta organización cocalera, con fuerte identidad política, memoria de enfrentamientos con fuerzas estatales y un vínculo histórico con la figura de Morales desde antes de su llegada al poder en 2006.

Por eso, una operación del gobierno para ingresar al territorio y ejecutar una captura contra el expresidente podría derivar en una confrontación de alto riesgo. No se trata solo de detener a un dirigente político. Se trata de intervenir el principal bastión territorial de un movimiento social que todavía conserva capacidad de movilización.

El riesgo: pasar de la crisis social al enfrentamiento territorial

El gobierno de Rodrigo Paz parece salir fortalecido tras el levantamiento de los bloqueos. Pero esa misma fortaleza puede empujarlo a una apuesta más peligrosa: intentar resolver por la vía de la fuerza un conflicto que mezcla crisis económica, disputa judicial, fractura política y poder territorial.

La crisis boliviana no nació únicamente por Evo Morales. Las protestas también estuvieron atravesadas por el aumento del costo de vida, la falta de combustibles, el malestar por las medidas económicas, las negociaciones con organismos internacionales y la pérdida de confianza de sectores populares que se sienten golpeados por el ajuste.

Reducir todo el conflicto a la figura de Morales puede ser funcional para el gobierno, pero no alcanza para explicar el malestar social acumulado.

Al mismo tiempo, Morales tampoco es un actor pasivo. Desde el Chapare conserva influencia, marca línea política, habla con sus bases y mantiene una estructura territorial que ha sido decisiva en la política boliviana durante décadas. Su figura sigue dividiendo al país: para unos, representa al liderazgo indígena y popular que transformó Bolivia; para otros, encarna un poder personalista que se resiste a abandonar el centro de la escena.

La frase de Paz sobre recuperar territorios bajo control de organizaciones sociales instala una pregunta de fondo: ¿cómo recupera el Estado presencia en una región sin provocar un enfrentamiento con quienes la consideran su base histórica?

Esa es la zona crítica. Si el gobierno actúa con cálculo político y canales de negociación, puede intentar restablecer autoridad sin incendiar el conflicto. Si avanza embalentonado por el fin de los bloqueos y busca una demostración de fuerza en el Chapare, Bolivia podría entrar en una etapa mucho más grave.

El país ya viene de semanas de cortes, muertos, desabastecimiento y polarización. Una intervención directa en el bastión de Evo Morales podría abrir un nuevo capítulo de confrontación entre el Estado y el movimiento cocalero.

Bolivia no necesita otro pulso de fuerza que paguen los trabajadores, campesinos, barrios populares y familias atrapadas entre el ajuste económico y la disputa por el poder. Necesita resolver el conflicto judicial sin convertirlo en una operación política de alto riesgo, y enfrentar la crisis social sin criminalizar toda protesta.

El Chapare vuelve a estar en el centro de la política boliviana. Y lo que ocurra allí puede definir si el gobierno de Rodrigo Paz consolida autoridad o si abre una crisis territorial de consecuencias imprevisibles.

---