Un fallo concursal determinó que el ganado reclamado por inversores integra la masa de República Ganadera, aunque figurara en registros oficiales a nombre de particulares. A la vez, el traslado del fiscal Alejandro Machado abre una etapa de transición en la investigación penal.
La situación de los damnificados por República Ganadera sumó nuevos elementos de preocupación en el plano judicial. Por un lado, una resolución del concurso rechazó el planteo de inversores que reclamaban ser propietarios de ganado y pretendían separar esos animales de la masa concursal. Por otro, el traslado del fiscal Alejandro Machado a la Fiscalía Especializada en Cibercrimen genera incertidumbre sobre los tiempos de la causa penal.
El fallo de la jueza concursal María Constanza Farfalla concluyó que los titulares de determinados contratos no son propietarios del ganado, pese a que en algunos casos figuraran en documentación vinculada al Ministerio de Ganadería y en registros del Sistema Nacional de Información Ganadera. La decisión mantiene esos activos dentro del concurso, por lo que no podrán ser separados para adelantar pagos a determinados grupos de damnificados.
Un fallo que cambia las expectativas de cobro
El punto central de la resolución está en la naturaleza de los contratos firmados entre República Ganadera y los inversores. La Justicia entendió que los documentos de “capitalización ganadera” y “administración de ganado” no acreditan propiedad real sobre animales concretos, sino que encubren operaciones financieras o préstamos con promesa de rentabilidad.
Para los damnificados, el golpe es fuerte. Muchos inversores entendían que la existencia de guías, declaraciones o datos en el SNIG respaldaba la titularidad sobre ganado específico. Sin embargo, el criterio judicial fue otro: si no existe individualización clara de los animales y si el contrato pactaba una renta fija sin depender del resultado productivo, no se configura una compraventa ganadera real.
La jueza también señaló diferencias relevantes entre el ganado declarado por la empresa y el stock efectivamente encontrado. Según la información judicial citada por la prensa, República Ganadera había declarado 65.278 cabezas, mientras el conteo presentado por la sindicatura arrojó 19.271. Esa distancia refuerza uno de los puntos más sensibles del caso: la dificultad para saber qué activos existen, dónde están y qué respaldo efectivo tenían las inversiones.
La liquidación también quedó en suspenso
La situación concursal se complejizó además por una decisión del Tribunal de Apelaciones Civil de 7° Turno, que revocó la liquidación de República Ganadera y ordenó realizar la junta de acreedores para tratar la propuesta de convenio presentada por la empresa.
Ese cambio fue recibido con malestar por parte de damnificados que buscan una liquidación rápida de los bienes disponibles. La preocupación es sencilla: cuanto más se extiende el proceso, mayor puede ser el deterioro de los activos y menor la posibilidad de recuperar parte del dinero perdido.
El tribunal sostuvo que la propuesta de convenio debía ser considerada por los acreedores antes de avanzar hacia la liquidación. En términos jurídicos, la junta de acreedores no es un trámite menor, sino el espacio donde se forma la voluntad colectiva de quienes integran el concurso.
Una causa penal que cambia de manos
En paralelo, la causa penal también entra en una zona de transición. Alejandro Machado, fiscal de Delitos Económicos de 1° Turno, venía trabajando sobre la investigación de República Ganadera y otros expedientes de alto impacto público. Su traslado a la Fiscalía Especializada en Cibercrimen implica que el caso deberá pasar a otra conducción.
Según la información disponible, Diego Pérez asumirá la Fiscalía de Delitos Económicos de 1° Turno y quedará a cargo de expedientes sensibles, entre ellos República Ganadera, Cardama, la compra de la estancia María Dolores y actuaciones vinculadas al caso Marset. Mientras se concreta esa transición, la sede será subrogada por otro fiscal.
Para los damnificados, el cambio llega en un momento delicado. La Fiscalía venía analizando un informe de la Secretaría Antilavado para definir si, además de eventuales delitos de estafa y apropiación indebida, correspondía avanzar sobre posibles hipótesis de lavado de activos.
El caso deja planteada una discusión de fondo sobre la protección de los ahorristas, la transparencia en los negocios que captan dinero del público y los límites de un modelo que se presentó durante años con apariencia productiva, respaldo ganadero y rentabilidades fijas en dólares. La Justicia civil ya marcó un criterio fuerte: los contratos no alcanzan para probar propiedad sobre las vacas. La investigación penal deberá determinar ahora si detrás del colapso hubo responsabilidad delictiva y hasta dónde llega.