El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo elimina casi la mitad de las vacantes presupuestadas del instituto. Los recursos liberados contribuirán a financiar una partida anual de 200 millones de pesos para atender a personas en situación de calle. La comunidad científica reclama que las políticas sociales no se sostengan debilitando otra función esencial del Estado.
Dieciocho cargos científicos para financiar programas sociales
El artículo 285 del proyecto de Rendición de Cuentas asigna 200 millones de pesos anuales al Ministerio de Desarrollo Social para fortalecer los dispositivos destinados a personas en situación de calle. El dinero permitirá ampliar proyectos de convivencia, atención durante las 24 horas, detección temprana, derivación y acompañamiento de quienes viven a la intemperie o atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.
La necesidad de reforzar esas políticas no está en discusión. El problema aparece en la forma elegida para financiar parte de la partida. El proyecto suprime cargos vacantes de distintas dependencias del Ministerio de Educación y Cultura y del Ministerio de Ambiente, entre ellos 18 puestos pertenecientes al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.
La eliminación comprende un cargo de investigador jefe, dos de investigador asistente, varios puestos técnicos, un preparador, personal administrativo, un técnico de bioterio, un técnico informático, cinco cargos de especialistas y un puesto de mantenimiento y oficios. No son 18 trabajadores que serán despedidos inmediatamente, porque se trata de vacantes que actualmente no están ocupadas. Sin embargo, su eliminación impide convocar futuros concursos, sustituir a quienes se jubilan y regularizar funciones permanentes que hoy son realizadas mediante contratos temporales.
El Clemente Estable tiene 86 cargos presupuestados, pero solamente 46 están ocupados. Las otras 40 plazas permanecen vacantes porque durante años no se habilitaron los recursos necesarios para realizar los llamados. Si el artículo se aprueba sin modificaciones, el instituto perderá 18 de esas 40 vacantes: un 45% de los puestos disponibles y más de una quinta parte de toda su estructura presupuestada. El organismo quedaría con 68 cargos, de los cuales únicamente 46 tienen actualmente una persona designada.
Vacantes que existen porque no se autorizaron los llamados
La existencia de cargos sin ocupar puede presentarse desde una planilla como un ahorro disponible, pero no significa que esas funciones sean innecesarias. Parte de las vacantes surgió por jubilaciones y retiros de investigadores y técnicos que no pudieron ser sustituidos. Otras fueron creadas para regularizar a personas contratadas a término que realizan tareas permanentes indispensables para el funcionamiento del instituto.
La reducción afecta mucho más que los puestos estrictamente identificados como investigadores. La actividad científica necesita técnicos de laboratorio, personal de bioterio, especialistas en informática, administrativos, mantenimiento, preparación de materiales y operación de equipamiento. Sin esa estructura, los equipos de investigación no pueden sostener experimentos, cuidar animales utilizados bajo protocolos científicos, procesar muestras, mantener bases de datos ni operar plataformas tecnológicas de alta complejidad.
El Clemente Estable fue fundado en 1927 y se aproxima a cumplir cien años. Es una institución pública dedicada exclusivamente a la generación de conocimiento en neurociencias, microbiología, genética, biología molecular, salud y ciencias ambientales. También forma estudiantes de grado y posgrado, participa en proyectos con universidades y organismos públicos, presta servicios tecnológicos y desarrolla actividades de divulgación y trabajo territorial.
Sus investigaciones abarcan problemas concretos del país: enfermedades infecciosas, salud de las abejas, calidad del agua, biodiversidad, cambio climático, producción agropecuaria, funcionamiento del sistema nervioso y desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico. El instituto también dispone de plataformas de microscopía, secuenciación genética, química analítica, citometría y proteómica que son utilizadas por equipos científicos externos.
La eliminación de vacantes limita la posibilidad de renovar generaciones, mantener esas instalaciones y retener personal especializado. La ciencia no puede sostenerse únicamente mediante contratos anuales, becas y esfuerzos individuales. Los conocimientos acumulados se pierden cuando una jubilación no es reemplazada o cuando una técnica formada durante años debe abandonar el organismo por falta de estabilidad.
Las políticas sociales y la ciencia pública no deben competir por los mismos recursos
El destino de los 200 millones de pesos es socialmente prioritario. Uruguay necesita una respuesta más amplia para quienes viven en la calle, con alojamiento digno, salud mental, atención de adicciones, acompañamiento laboral y soluciones habitacionales. Pero financiar esa política mediante la eliminación de capacidades científicas instala una oposición que no debería existir.
Atender a las personas en situación de calle y sostener la investigación pública son responsabilidades del mismo Estado. Una política humanista no puede obligar a elegir entre proteger a la población más vulnerable y conservar los equipos que investigan enfermedades, ambiente, producción y biodiversidad. El gasto social no debería construirse recortando instituciones públicas que también trabajan para mejorar las condiciones de vida de la sociedad.
La decisión resulta además contradictoria con el discurso oficial sobre el fortalecimiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Mientras se anuncian programas para vincular el conocimiento con las políticas públicas, la propia Rendición elimina cargos de una institución que ya funciona con poco más de la mitad de su plantilla presupuestada.
El Consejo Directivo del Clemente Estable solicitó al Parlamento que reconsidere el artículo. El reclamo no pide retirar los 200 millones destinados a la población en situación de calle, sino encontrar otra fuente de financiamiento y conservar las vacantes. El proyecto aún puede ser modificado durante la discusión parlamentaria.