El Ejecutivo prepara una Rendición de Cuentas con reasignaciones internas, recortes en gastos de funcionamiento y cambios tributarios. La prioridad oficial será financiar infancia, seguridad, educación y atención a personas en situación de calle, sin modificar las metas fiscales.
Una Rendición que no será de “gasto cero”
El gobierno presentará al Parlamento una Rendición de Cuentas con incremento de recursos, pero también con recortes en gastos considerados prescindibles dentro del funcionamiento estatal. Según informó el Ministerio de Economía y Finanzas, el proyecto tendrá como ejes infancia, seguridad, educación y atención a personas en situación de calle.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, sostuvo que no será una Rendición de Cuentas de “artículo único” ni de “gasto cero”. El planteo oficial es mantener los compromisos fiscales ya asumidos, pero abrir espacio presupuestal mediante reasignaciones, racionalización de gastos de funcionamiento y ajustes en la eficiencia tributaria.
En ese marco, según informó la diaria, el gobierno incluirá recortes en viáticos para viajes y servicios de catering en todos los ministerios. La medida todavía no aparece como decreto promulgado ni como ley aprobada: deberá verse en el articulado definitivo de la Rendición de Cuentas, que será enviado al Parlamento.
El dato político no es menor. El Ejecutivo busca mostrar que el ajuste no irá sobre las políticas sociales, sino sobre gastos administrativos, viajes, servicios contratados y partidas que pueden ser revisadas. En un país donde cada peso público tiene impacto social, el mensaje es claro: si hay restricción fiscal, la prioridad debe estar en las necesidades básicas y no en el confort burocrático.
Infancia en el centro: más transferencias y nuevo esquema
La principal novedad social de la Rendición será la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia. El objetivo es unificar programas hoy separados, simplificar el acceso, reducir errores de exclusión y mejorar el monto que reciben los hogares con niños y niñas.
Según la información oficial del MEF, el nuevo esquema apunta especialmente a la primera infancia, con énfasis en niños y niñas de 0 a 3 años pertenecientes a los primeros cinco deciles de ingresos. En 2027 ingresarían más de 50.000 niños y niñas al nuevo régimen, con un aumento promedio de las transferencias de 82% para ese grupo.
Los montos propuestos muestran el sentido de la reforma. Para el primer decil, la transferencia pasaría de $ 5.371 a $ 10.000. Para el segundo decil, de $ 4.400 a $ 10.000. Para el tercero y cuarto decil, se ubicaría en $ 6.600. Para el quinto decil, pasaría a $ 3.300.
El gobierno estima que, con la implementación plena del nuevo sistema, podría reducirse en 25% la pobreza en la población de 0 a 3 años. Esa cifra es clave porque coloca el debate presupuestal en un terreno concreto: no se trata solo de números fiscales, sino de cuánto invierte el Estado en los primeros años de vida, cuando se define buena parte de la desigualdad futura.
Además de las reasignaciones, el Ejecutivo prevé obtener recursos mediante cambios en el tratamiento tributario de los autos eléctricos. Según el adelanto de la diaria, esa modificación permitiría recaudar unos 16 millones de dólares, destinados a financiar parte de las transferencias a la infancia.
Recortar gastos superfluos no es achicar el Estado
La Rendición también prevé recursos para seguridad, educación y situación de calle. En seguridad, el gobierno anunció la creación de 300 cargos de policía ejecutiva, fortalecimiento del sistema penitenciario e inversiones en movilidad, tecnología, equipamiento e infraestructura.
En educación, se prevén recursos para ANEP, ampliación de becas de la Universidad de la República y de UTEC, además de medidas ya aprobadas en el Presupuesto Nacional, como la extensión del bono escolar y el aumento de becas de educación secundaria.
Para personas en situación de calle, el proyecto asignará fondos destinados a fortalecer el Programa Calle y la respuesta estatal ante una problemática que no puede resolverse únicamente con refugios de emergencia. La situación de calle es una expresión extrema de desigualdad, precarización laboral, crisis habitacional, problemas de salud mental y rupturas familiares. Requiere presupuesto, coordinación y presencia estatal sostenida.
Desde una mirada social, recortar viáticos, viajes y catering no equivale a “achicar el Estado”. Al contrario: puede ser una forma de ordenar prioridades para que el Estado llegue mejor donde más se necesita.
Una cosa es debilitar servicios públicos, salarios, prestaciones o derechos. Otra muy distinta es revisar gastos administrativos que no afectan directamente la protección social. Si el ajuste se concentra en lo superfluo y los recursos se trasladan a infancia, educación, seguridad pública y situación de calle, el criterio va en una dirección defendible: menos privilegio burocrático, más política social.
El proyecto todavía deberá pasar por el Parlamento. Allí se verá el detalle real del recorte, los montos exactos, los artículos concretos y la posición de cada partido. También se sabrá si las medidas anunciadas tienen respaldo suficiente o si quedan diluidas en la negociación legislativa.
Por ahora, el gobierno marca una orientación: cumplir metas fiscales, evitar una Rendición de gasto cero y financiar prioridades sociales con reasignaciones internas y cambios tributarios. La discusión que viene será si esos recursos alcanzan, si los recortes son reales y si el Parlamento acompaña una señal que pone a la infancia por encima del gasto político-administrativo.