La Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por Uruguay, no habla solamente de sobres, contratos o expedientes. También coloca bajo la lupa la aceptación de objetos de valor, dádivas, favores, promesas o ventajas por parte de funcionarios públicos. Esa definición alcanza de lleno a un presidente en ejercicio.
La norma internacional aprobada por Uruguay define como funcionario público a cualquier funcionario o empleado del Estado, “incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado”. Y en su artículo VI establece que la Convención se aplica al “requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad”.
La discusión pública se abrió ahora por Yamandú Orsi y la compra de una camioneta Hyundai Santa Fe. Según la información divulgada por el programa Así nos va y luego recogida por distintos medios, el presidente compró el vehículo pocos días antes de asumir, el 21 de febrero de 2025, por US$ 54.000, pese a que el precio de lista del modelo rondaba los US$ 78.990. La diferencia fue de unos US$ 25.000. Presidencia habló de una “gentileza” de la empresa vendedora, Oliva Automotores, representante de Hyundai en Uruguay. También se informó que el pago se realizó mediante la entrega de un Hyundai 2020 propiedad de Orsi y una transferencia bancaria.
El argumento utilizado desde el gobierno fue que Orsi todavía no era funcionario público en el momento de la compra. Pero esa discusión, usada hoy por la oposición para golpear al presidente actual, abre una puerta que vuelve directo al gobierno anterior. Porque en el caso de Luis Lacalle Pou no había zona gris temporal: era presidente en ejercicio. No era electo, no estaba por asumir, no negociaba una transición. Ya ocupaba el sillón presidencial.
El pescado congelado que llegó desde Emiratos
El episodio más incómodo ocurrió en 2022 y quedó expuesto a partir del caso Astesiano. Según información surgida de los chats del entonces jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, desde Emiratos Árabes Unidos se coordinó el envío de una carga de pescado congelado destinada a Luis Lacalle Pou.
La cifra no era menor: 454 kilos de pescado. El propio Lacalle Pou confirmó públicamente que se trataba de pescado y, consultado por el destino del cargamento, respondió que era “para comerlo”.
El cargamento había llegado al Aeropuerto de Carrasco a fines de febrero de 2022. Según la información publicada en aquel momento, fue enviado desde Emiratos Árabes Unidos luego de contactos mantenidos durante la visita oficial de Lacalle Pou a la Expo Dubái. En los mensajes conocidos, Astesiano aparecía coordinando aspectos prácticos de la recepción del envío.
El dato central no es solamente la cantidad. Lo grave es el circuito. Un regalo enviado desde una monarquía extranjera al presidente de la República, gestionado desde el entorno presidencial, con participación del jefe de custodia y con ingreso bajo una modalidad que motivó pedidos de informes sobre la intervención de Cancillería y los controles sanitarios.
El diputado frenteamplista Gustavo Olmos pidió explicaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Ganadería. La pregunta era directa: bajo qué normativa ingresó al país una valija diplomática o carga diplomática con 454 kilos de pescado congelado, si Cancillería conocía el contenido, si se realizaron controles sanitarios y qué papel tuvo Presidencia en la gestión.
La frase de Olmos marcó el punto político del caso: la valija diplomática está pensada para documentos, no para productos destinados al consumo personal del presidente de la República. Menos aún en una cantidad que obligó a buscar dónde guardar el cargamento.
Presidencia, un frigorífico privado y meses de pescado almacenado
El pescado no terminó en una heladera doméstica ni en una dependencia estatal preparada para recibirlo. Parte del cargamento fue almacenado en un frigorífico privado, Santa Clara. Según relató su director, Jorge López, recibió un llamado del entonces secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para consultar si podía guardar el pescado porque había llegado para el presidente y no tenían dónde conservarlo de forma adecuada.
Primero retiraron algunas cajas. Después pasaron meses. El propio empresario contó que se encontró con Delgado en un evento y le preguntó qué iban a hacer con el pescado, porque la vida útil del producto congelado no era eterna. La respuesta, según su relato, fue que consultaría con Lacalle Pou. Luego se habilitó la donación.
Parte de los 454 kilos terminó en ollas y merenderos. Los últimos 80 kilos fueron donados a un comedor comunitario. El destino final puede haber sido socialmente útil, pero no borra el recorrido institucional previo: un regalo internacional al presidente, una coordinación informal desde su entorno, ingreso diplomático, almacenamiento privado y explicación pública tardía.
No era una cortesía menor. No era una caja de bombones protocolar. Eran 454 kilos de pescado enviados al presidente de la República por una autoridad extranjera.
El avión privado de De Narváez
Antes del pescado, otro episodio ya había mostrado una relación problemática entre Presidencia y favores privados. En diciembre de 2021, Lacalle Pou viajó al Congo para visitar a los cascos azules uruguayos en un avión prestado por el empresario argentino Francisco de Narváez.
El viaje iba a realizarse en una aeronave de la Fuerza Aérea, pero finalmente el presidente utilizó el avión privado del empresario. De Narváez tenía y tiene fuertes intereses económicos en Uruguay, con empresas conocidas en áreas comerciales, farmacéuticas, de indumentaria y comercio electrónico.
Un avión privado no es un mate, una lapicera ni un saludo protocolar. Es una logística de alto valor: aeronave, combustible, tripulación, permisos, coordinación y disponibilidad. En el lenguaje común se puede presentar como préstamo. En clave de ética pública, encaja dentro de una categoría más amplia: favor, ventaja o beneficio otorgado a un presidente en funciones por un empresario con intereses económicos en el país.
La misma vara que hoy se quiere aplicar sobre un descuento comercial debe mirar también ese tipo de favores. El Código de Ética en la Función Pública no se agota en la palabra “regalo”. También habla de ventajas, favores y beneficios, directos o indirectos.
La yegua de la Cámara de la Construcción
En octubre de 2024, ya en el último tramo de su mandato, Lacalle Pou recibió otro regalo público: una yegua obsequiada por la Cámara de la Construcción durante el almuerzo por el Día de la Construcción, realizado en el Club de Golf.
El regalo fue presentado en tono distendido. El presidente de la Cámara, Alejandro Ruibal, anunció el obsequio, mostró imágenes del animal y luego la yegua fue presentada a Lacalle Pou. Se informó que era una yegua criolla, mansa, de cuatro años, colorada con patas blancas. El propio Lacalle bromeó con el color del animal y dijo que era “de la coalición”.
El episodio fue público y hasta simpático en la superficie. Pero la ética pública no depende de la simpatía del momento. La Cámara de la Construcción representa a un sector directamente vinculado con obra pública, inversión estatal, contratos, infraestructura, licitaciones y decisiones del gobierno. Un regalo de ese sector al presidente en ejercicio no es un gesto neutro. Es un mensaje político y empresarial, entregado al jefe del Poder Ejecutivo en plena función.
La construcción fue, además, uno de los sectores más vinculados al discurso de gestión del gobierno de Lacalle Pou. Obras, rutas, contratos, inversión privada y asociación público-privada ocuparon un lugar central en su relato de gobierno. En ese contexto, recibir una yegua de parte de las gremiales empresariales del sector no puede quedar reducido a una anécdota campera.
La vara que cambia según quién gobierna
El caso Orsi puso arriba de la mesa una discusión necesaria: qué puede aceptar un presidente, un presidente electo o cualquier jerarca del Estado; qué debe rechazar; qué debe transparentar; qué debe registrar; qué debe donar inmediatamente; y qué tipo de relación se construye entre poder político, empresas privadas y gobiernos extranjeros.
Pero esa discusión no puede empezar en 2025 ni detenerse en una camioneta Hyundai. Si la oposición quiere invocar la Convención Interamericana contra la Corrupción, el Código de Ética Pública y la prohibición de obsequios o ventajas, entonces debe mirar también el expediente político completo del gobierno anterior.
Lacalle Pou recibió 454 kilos de pescado congelado enviados desde Emiratos Árabes Unidos mientras era presidente. Viajó en un avión privado prestado por un empresario con negocios fuertes en Uruguay. Recibió una yegua de parte de la Cámara de la Construcción en pleno ejercicio del cargo. En todos esos episodios hubo algo más que cortesía: hubo beneficios, favores, regalos o ventajas alrededor de la Presidencia de la República.
La ética pública no puede funcionar como un reflector dirigido solamente al adversario. Si la palabra “gentileza” genera sospecha en una compra de Orsi, también debe generar preguntas frente a un avión privado, una carga diplomática de pescado congelado o una yegua entregada por una cámara empresarial al presidente en funciones.
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