Foto ; Spc. Trey Woodard, Ejército de Estados Unidos.26 de marzo de 2026.Base Aeronaval Cristóbal Colón, Panamá.Crédito: U.S. Army / Spc. Trey Woodard / DVIDS.

Estados Unidos inició el despliegue de tropas en Panamá como parte de una expansión militar que contempla operaciones en otros países latinoamericanos. Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, el gobierno de Donald Trump amplía su presencia armada, incorpora nuevas capacidades de vigilancia y prepara intervenciones junto a fuerzas locales. La operación se inscribe en una estrategia de control regional que recupera prácticas históricas del intervencionismo estadounidense y coloca nuevamente la soberanía de América Latina frente a las decisiones militares de Washington.

Panamá: el punto de partida de una nueva expansión militar

El Pentágono comenzó a trasladar efectivos de la 10.ª División de Montaña del Ejército estadounidense hacia Panamá, en el marco de un operativo que prevé movilizar aproximadamente 600 soldados para realizar entrenamientos y ampliar las operaciones contra el narcotráfico en América Latina. Los primeros militares ya se encuentran en territorio panameño, donde funciona un centro de entrenamiento para operaciones en la selva.La investigación publicada por The New York Times el 14 de octubre, basada en declaraciones de funcionarios militares estadounidenses, revela que los efectivos pertenecen a un batallón con sede en Fort Drum, Nueva York, y que el despliegue forma parte de una reorganización más amplia de las capacidades del Pentágono en el hemisferio occidental. El plan contempla actividades posteriores en Colombia y Honduras, donde los soldados podrían colaborar con fuerzas locales y brindar apoyo a unidades de operaciones especiales que participan en acciones contra presuntas organizaciones del narcotráfico.La embajada estadounidense en Panamá rechazó la cifra de 600 militares y reconoció la presencia de 120 integrantes de esa misma división, actualmente destinados a un curso de entrenamiento que concluiría el 25 de octubre. La respuesta diplomática se concentra en el número de efectivos presentes y su actividad inmediata, mientras permanece planteada la cuestión de mayor alcance: la expansión de las operaciones militares estadounidenses en distintos países latinoamericanos.

El movimiento tampoco comenzó de manera aislada. En abril de 2025, Panamá y Estados Unidos suscribieron un memorando de cooperación en seguridad que permitió ampliar los entrenamientos conjuntos y el uso de instalaciones panameñas por personal militar estadounidense. El acuerdo incluyó la recuperación de capacidades de entrenamiento selvático y la preparación de ejercicios relacionados con la seguridad del Canal de Panamá. La discusión sobre el alcance de esa presencia extranjera generó cuestionamientos dentro del propio país centroamericano.Panamá ocupa una posición estratégica para Washington por su ubicación geográfica, su conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico y la importancia del canal para el comercio internacional. La instalación de capacidades militares en ese territorio tiene, por tanto, implicaciones que exceden cualquier operación policial contra el tráfico de drogas.La proyección hacia Colombia y Honduras amplía todavía más el alcance de la operación. El Pentágono también ha trasladado drones MQ-9 Reaper desde África hacia Colombia y Ecuador, aeronaves utilizadas para vigilancia, recopilación de inteligencia y, según su configuración, operaciones armadas. Paralelamente, la reorganización militar estadounidense contempla nuevas estructuras de coordinación para el hemisferio occidental con sede en Miami.

El resultado es una red regional de entrenamiento, inteligencia y capacidad de intervención militar cuyo desarrollo responde a una planificación estratégica de Washington. La lucha contra el narcotráfico aparece como el argumento que permite justificar su expansión ante los gobiernos latinoamericanos.

De la lucha contra el comunismo a la guerra contra las drogas

La historia latinoamericana ofrece antecedentes directos sobre el empleo de amenazas externas e internas para justificar la intervención estadounidense en los asuntos de otros países. Durante la Guerra Fría, la doctrina de seguridad nacional convirtió la lucha contra el comunismo en el fundamento político de una extensa colaboración militar y de inteligencia con las dictaduras de América Latina.

El Plan Cóndor articuló los aparatos represivos de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y otros países de la región. La cooperación entre servicios de inteligencia, los secuestros transfronterizos, las desapariciones forzadas y los asesinatos políticos conformaron un sistema de persecución que trascendió las fronteras nacionales. Los documentos desclasificados posteriormente mostraron que Washington conocía el funcionamiento de esa coordinación represiva y sus consecuencias.Medio siglo después, la justificación central de la presencia militar estadounidense ha cambiado. El narcotráfico y las organizaciones calificadas como narcoterroristas ocupan el lugar que antes correspondía a la amenaza comunista. Bajo esa definición, el gobierno de Trump ha extendido las posibilidades de actuación militar fuera de sus fronteras, convirtiendo una problemática criminal en un asunto de guerra y seguridad hemisférica.

La militarización ya tiene consecuencias humanas concretas. Desde septiembre de 2025, las Fuerzas Armadas estadounidenses ejecutan ataques contra embarcaciones sospechosas de participar en el transporte de drogas en el Caribe y el Pacífico. Human Rights Watch contabilizaba al menos 227 personas muertas hasta comienzos de septiembre de 2026 y denunció que estas operaciones constituyen ejecuciones extrajudiciales. La organización cuestiona que la simple sospecha de una actividad delictiva pueda justificar la eliminación física de personas sin investigación judicial ni garantías procesales.El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también cuestionó los ataques y reclamó su suspensión. La discusión trasciende la existencia de organizaciones criminales y alcanza una cuestión fundamental del derecho internacional: ningún Estado adquiere automáticamente la facultad de ejecutar personas en territorio ajeno o en aguas internacionales por atribuirles vínculos con el narcotráfico.

La experiencia de Panamá resulta particularmente significativa. El 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos invadió el país con aproximadamente 26.000 militares movilizados en la operación. Entre las justificaciones utilizadas estuvo la captura de Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico por la justicia estadounidense. La intervención terminó con el derrocamiento del gobernante panameño y dejó víctimas civiles, destrucción y una profunda marca en la historia nacional.Aquel episodio permite observar cómo una acusación relacionada con las drogas puede formar parte de la justificación de una intervención militar de gran escala. La operación actual presenta características diferentes, pero recupera una lógica de seguridad en la que Washington amplía su capacidad de actuar militarmente sobre territorios latinoamericanos.

Plan Cóndor 2: la soberanía frente a la doctrina imperial

La expresión Plan Cóndor 2 describe, desde una lectura política antiimperialista, la continuidad de una concepción estratégica que asigna a Estados Unidos un papel de autoridad militar sobre América Latina. Durante las dictaduras, esa concepción se desarrolló mediante alianzas represivas y operaciones clandestinas. En el presente, se expresa a través de acuerdos de seguridad, entrenamiento de fuerzas locales, sistemas de inteligencia, despliegues militares y operaciones armadas contra objetivos definidos por Washington.La diferencia de instrumentos no elimina el problema de fondo. La ampliación de la presencia militar estadounidense coloca a los países latinoamericanos ante relaciones profundamente desiguales. Una potencia con capacidad de proyectar fuerzas, tecnología de vigilancia y armamento sobre todo el continente establece prioridades de seguridad que pueden condicionar las decisiones de los gobiernos nacionales.

La colaboración entre Estados no constituye por sí misma una intervención ilegítima. El problema político aparece cuando esa cooperación se desarrolla bajo una asimetría que permite a una de las partes definir las amenazas, orientar las operaciones y disponer de medios militares muy superiores a los del país anfitrión. En esas condiciones, la frontera entre cooperación en seguridad y subordinación estratégica puede volverse cada vez más estrecha.

La política antidrogas estadounidense también presenta una contradicción histórica. Durante décadas, América Latina ha soportado las consecuencias de la persecución militar del narcotráfico, mientras el enorme mercado consumidor estadounidense continúa siendo uno de los motores económicos fundamentales de ese negocio. La violencia se desarrolla principalmente en los territorios productores y de tránsito, pero los beneficios de las redes criminales y los circuitos financieros que permiten sostenerlas requieren respuestas que van mucho más allá del despliegue de soldados.

La decisión de privilegiar operaciones militares por encima de políticas integrales de prevención, salud pública, investigación financiera y cooperación judicial expresa una determinada concepción del problema. Allí donde podrían fortalecerse instituciones civiles y mecanismos de desarrollo social, Washington propone ampliar su presencia armada y las capacidades operativas de sus aliados regionales.El envío de tropas a Panamá constituye un nuevo capítulo de esa orientación. Su importancia política reside tanto en el movimiento militar inmediato como en la posibilidad de extender esas capacidades a otros países latinoamericanos. La presencia estadounidense se reorganiza mediante centros de entrenamiento, drones, comandos regionales y operaciones que pueden pasar del asesoramiento a la intervención directa.

América Latina conoce las consecuencias de las doctrinas de seguridad impuestas desde el exterior. La memoria del Plan Cóndor y de la invasión de Panamá recuerda que la defensa de la soberanía, los derechos humanos y la autodeterminación constituye una cuestión inseparable de cualquier política de seguridad regional.El narcotráfico es un problema real que exige respuestas internacionales. Convertirlo en una autorización permanente para desplegar fuerzas militares extranjeras abre, en cambio, un escenario de creciente intervención sobre los países latinoamericanos. Esa es la dimensión política del nuevo movimiento del Pentágono: bajo la bandera de la guerra contra las drogas vuelve a expandirse una estructura de poder militar estadounidense sobre el continente.

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