Quatroges

La paz también hace negocios: petróleo ruso, amigos de Trump y una negociación de miles de millones

Una investigación publicada este sábado por The New York Times reveló que las conversaciones entre Washington y Moscú para intentar poner fin a la guerra en Ucrania se ampliaron hasta incorporar una operación multimillonaria sobre los activos internacionales de Lukoil, una de las mayores petroleras rusas. El negocio todavía no está cerrado y requiere la aprobación de Estados Unidos y del Kremlin. Pero alrededor de la mesa aparecen inversores vinculados comercialmente con el entorno de Jared Kushner y Steve Witkoff, los dos hombres enviados por Donald Trump a negociar con Vladimir Putin. No existe evidencia de que Kushner o Witkoff vayan a obtener un beneficio personal. Lo que sí aparece documentado es una zona donde diplomacia, petróleo, sanciones y negocios privados comienzan a superponerse.

De negociar la guerra a negociar petróleo

La investigación, firmada por Anton Troianovski y Eric Lipton y construida a partir del testimonio de ocho personas conocedoras de las conversaciones, describe una negociación que comenzó alrededor de la guerra de Ucrania pero terminó incorporando una operación comercial de enorme escala.

En juego están los activos internacionales de Lukoil: yacimientos petroleros, refinerías y estaciones de servicio distribuidos por diferentes países. La propia compañía valoró a comienzos de este año esa cartera internacional en unos 20.000 millones de dólares, aunque todavía se desconoce cuál sería el precio final de una eventual venta.

El dato políticamente más relevante es dónde apareció el negocio. Según las fuentes consultadas por The New York Times, Putin planteó personalmente la operación durante su reunión del 5 de septiembre en el Kremlin con Witkoff y Kushner. La propuesta habría sido presentada como una forma de demostrar a los rusos que todavía era posible hacer negocios con Estados Unidos.

Los enviados estadounidenses consideraron que una operación de esas características podía contribuir a recomponer la relación con Moscú y, al mismo tiempo, favorecer una reducción de los precios internacionales de la energía. El problema es que el levantamiento de las restricciones estadounidenses sobre los activos de Lukoil también incrementaría inmediatamente su valor.

No es un detalle menor. Estados Unidos sancionó a Lukoil hace aproximadamente un año como mecanismo de presión sobre Putin para detener la guerra. Esas mismas sanciones obligaron a la compañía rusa a desprenderse de buena parte de su cartera internacional. Ahora Washington posee una capacidad decisiva sobre quién puede comprar esos activos porque cualquier operación necesita autorización del Departamento del Tesoro.

La guerra produjo las sanciones. Las sanciones forzaron la venta. Y la venta abrió un negocio de miles de millones de dólares.

Una trama donde todos se conocen

El grupo que actualmente aparece mejor posicionado para quedarse con los activos está encabezado por el multimillonario estadounidense Todd Boehly, copropietario de Los Angeles Dodgers. Boehly aportó un millón de dólares a MAGA Inc., organización política vinculada a Trump, y otro millón, a través de su empresa Eldridge Industries, para la investidura presidencial.

Pero la red continúa.

Uno de los potenciales grandes accionistas sería un conglomerado de Qatar controlado por los hermanos Moutaz y Ramez Al-Khayyat. Ambos participaron de la toma de posesión de Trump en 2025 y posteriormente establecieron una sociedad con Jared Kushner e Ivanka Trump para financiar un complejo turístico de lujo en Albania.

Otro inversor relevante sería un fondo de Abu Dabi controlado por el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, asesor de seguridad nacional de Emiratos Árabes Unidos. Tahnoon controla, además, otro fondo que adquirió una participación importante en World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas vinculada a la familia Trump y cofundada por Steve Witkoff.

El mismo jeque participa también en la supervisión de Lunate, uno de los principales accionistas de la firma de capital privado que Kushner creó después de abandonar la Casa Blanca al terminar el primer mandato de Trump. En términos comerciales, eso convierte a Tahnoon en socio de Kushner.

Y hay un participante adicional: el propio Estado estadounidense.

La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, DFC, proyecta intervenir en la operación. Un funcionario del organismo sostuvo que una eventual adquisición contribuiría a fortalecer la seguridad económica estadounidense, avanzar los objetivos de política exterior y reducir los precios de la energía.

La administración confirmó además que Witkoff y Kushner participaron directamente en la negociación de las condiciones financieras correspondientes a la inversión del gobierno estadounidense.

Todo esto exige una precisión fundamental: The New York Times afirma que no encontró indicios de que Kushner o Witkoff vayan a obtener personalmente ganancias de la operación. La portavoz de Witkoff niega cualquier conflicto de intereses y asegura que el negociador no posee participación financiera en el negocio.

Pero el cuestionamiento planteado por la investigación es diferente: alrededor de quienes negocian la política exterior estadounidense aparecen empresarios y fondos que mantienen o han mantenido relaciones comerciales con ellos o con sus familias.

Hui Chen, exfiscal del Departamento de Justicia estadounidense y especialista en cumplimiento corporativo, calificó esas conexiones como preocupantes y planteó la pregunta que sobrevuela toda la operación: hasta qué punto los intereses privados existentes pueden influir en la evaluación gubernamental de los distintos compradores.

Cuando la paz y los negocios se sientan a la misma mesa

La negociación de Lukoil permite observar algo más amplio que una compraventa petrolera.

Witkoff y Kushner han defendido la idea de que reconstruir las relaciones económicas entre Rusia y Occidente puede funcionar como incentivo para que Putin acepte un acuerdo sobre Ucrania. Desde esa perspectiva, los negocios no serían una consecuencia posterior de la paz, sino una herramienta utilizada para alcanzarla.

El enviado económico de Putin, Kirill Dmitriev, ha participado activamente de esos contactos. Viajó recientemente a Nueva York y Washington y mantuvo reuniones con funcionarios estadounidenses. Reuters confirmó esta semana que las conversaciones incluyeron tanto la guerra de Ucrania como posibles iniciativas energéticas entre Rusia y Estados Unidos.

El petróleo agrega otro incentivo. Las refinerías internacionales de Lukoil producen diésel y combustible de aviación en un momento de fuerte presión sobre los mercados energéticos. Para Washington, liberar esos activos podría incrementar la oferta y contribuir a contener los precios.

Para los compradores, en cambio, existe una oportunidad extraordinaria: adquirir activos castigados por las sanciones estadounidenses cuyo valor podría aumentar en cuanto esas mismas sanciones fueran levantadas.

Y para Putin, según las fuentes citadas por The New York Times, el acuerdo tendría además un valor político: mostrar que Rusia puede volver a hacer negocios con Estados Unidos.

Por eso la operación Lukoil obliga a mirar las negociaciones sobre Ucrania desde otro lugar. Mientras públicamente se habla de guerra, paz, sanciones y seguridad internacional, alrededor de la misma mesa se discuten activos petroleros valorados en decenas de miles de millones de dólares.

El acuerdo todavía puede fracasar. Debe superar la aprobación del Departamento del Tesoro estadounidense, requiere el consentimiento ruso y su estructura definitiva ni siquiera está resuelta.

Pero algo ya quedó expuesto: en la negociación entre Washington y Moscú, la frontera entre política exterior y negocios se volvió extraordinariamente estrecha. Y cuando quienes hablan de paz también deciden sobre sanciones capaces de multiplicar el valor de activos codiciados por empresarios relacionados con su propio entorno, la pregunta sobre los conflictos de intereses deja de ser secundaria.

No demuestra corrupción ni prueba un beneficio personal de los negociadores. Pero sí plantea una cuestión de transparencia elemental: quién negocia, para quién negocia y quién termina haciendo negocio cuando la geopolítica decide que llegó el momento de volver a hablar de paz.


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