El MGAP autorizó en los últimos seis años 100 aplicaciones de pesticidas a menos de 300 metros de centros educativos. El dato golpea con más fuerza al compararlo con relevamientos anteriores: desde 2011 ya existía una normativa que fijaba distancias de protección, pero las excepciones crecieron hasta transformarse en una señal preocupante sobre el modelo productivo, los controles del Estado y la protección real de niños y niñas rurales.

El dato central no es solamente que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca haya autorizado aplicaciones de pesticidas cerca de centros educativos. Lo más grave es la concentración reciente: en los últimos seis años se otorgaron 100 permisos a privados para aplicar productos fitosanitarios a menos de 300 metros de escuelas y otros centros educativos.

Desde 2011, Uruguay cuenta con una normativa que prohíbe las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios a menos de 500 metros de centros educativos y las aplicaciones terrestres mecanizadas a menos de 300 metros. La misma resolución, sin embargo, dejó abierta una puerta: la Dirección General de Servicios Agrícolas puede modificar la distancia en casos específicos, previa evaluación técnica.

La excepción, entonces, quedó escrita dentro de la propia regla. Y los datos conocidos ahora muestran que esa puerta no fue menor ni marginal. Un relevamiento anterior había identificado 117 autorizaciones entre 2011 y 2024 para fumigar a menos de 300 metros de centros educativos. La información divulgada ahora señala que 100 permisos fueron otorgados solamente en los últimos seis años. Aunque las bases y los cortes temporales puedan no ser exactamente idénticos, la señal política y ambiental es fuerte: el uso de excepciones se aceleró.

Una norma de protección debilitada por sus propias excepciones

La distancia de 300 metros no surgió por capricho. Fue fijada porque la aplicación de fitosanitarios cerca de centros educativos implica riesgos. Si no existiera riesgo, no haría falta regular distancias, horarios, condiciones de viento, tamaño de gota, tipo de boquilla ni categorías toxicológicas.

El trámite oficial para aplicar a menos de 300 metros exige documentación técnica, fotografía aérea, identificación de padrones, ubicación del centro educativo y participación de un ingeniero agrónomo. También establece condiciones: no utilizar productos de las categorías toxicológicas más altas, aplicar fuera del horario escolar o en días sin asistencia estudiantil, respetar límites de viento y usar mecanismos antideriva.

Esas exigencias muestran que el Estado conoce el peligro. Pero también muestran una contradicción: la protección de una escuela puede terminar dependiendo de un trámite presentado por quien necesita aplicar el producto para sostener una actividad privada.

El problema no está solo en cada permiso individual. Está en la acumulación. Cien autorizaciones en seis años indican una política administrativa sostenida. No parece un recurso excepcional para situaciones muy puntuales. Parece un mecanismo instalado para compatibilizar producción agropecuaria con presencia escolar en territorios donde la frontera entre cultivo y comunidad se volvió cada vez más estrecha.

Las escuelas rurales no pueden ser el borde débil del modelo productivo

Una escuela rural no es un punto incómodo en el mapa productivo. Es una institución pública, un espacio de cuidado, un centro comunitario y muchas veces el último signo de vida colectiva en zonas atravesadas por despoblamiento, concentración de tierra y presión de monocultivos.

Allí estudian niños y niñas. Allí trabajan maestras, auxiliares y funcionarios. Allí circulan familias, vecinos y comunidades que muchas veces no tienen la misma capacidad de defensa que una empresa agropecuaria, un propietario de campo o un técnico contratado para gestionar permisos.

Por eso, el debate no puede reducirse a si el expediente estaba completo o si la solicitud cumplía los requisitos formales. El punto de fondo es otro: qué vida se protege primero. Si la prioridad es cuidar a la niñez rural, la escuela debe ser el centro de la política pública. Si la prioridad es no incomodar al modelo productivo, la distancia de protección empieza a achicarse caso a caso hasta perder sentido.

Uruguay necesita producir. El país vive en parte de su agro, de sus exportaciones y de su capacidad de generar trabajo en el territorio. Pero producir no puede significar naturalizar que se apliquen pesticidas cada vez más cerca de los lugares donde estudian niños y niñas. La riqueza que genera el campo no puede sostenerse sobre comunidades expuestas a riesgos que otros deciden desde lejos.

Una señal del período reciente

El dato de los 100 permisos en seis años también debe leerse políticamente. No se trata de una discusión abstracta sobre agricultura. Es una señal concreta del período reciente, en el que las autorizaciones excepcionales se volvieron frecuentes y el control estatal parece haber funcionado más como administrador de permisos que como barrera firme de protección.

El Estado no puede limitarse a recibir solicitudes, revisar formularios y conceder excepciones. Tiene que preguntarse por el efecto acumulado de esas decisiones. Una autorización puede parecer técnicamente defendible en un expediente. Cien autorizaciones en seis años dibujan otra cosa: un patrón.

Ese patrón abre preguntas que el país debería responder con información pública clara. Cuántas escuelas fueron afectadas. En qué departamentos. Qué empresas solicitaron permisos. Qué cultivos estaban involucrados. Qué productos se usaron. Qué controles de campo se hicieron antes, durante y después de cada aplicación. Qué participación tuvieron ANEP, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ambiente. Qué información recibieron las comunidades educativas.

Controlar más, publicar más, proteger primero

La Institución Nacional de Derechos Humanos ya había señalado la importancia de abordar este tema desde una perspectiva de derechos, salud y ambiente. Ese enfoque es el que debería guiar la discusión actual. No alcanza con mirar la producción. Hay que mirar también la exposición, la desigualdad territorial y el derecho de niños y niñas a estudiar en un ambiente sano.

El nuevo gobierno tiene margen para revisar esta política y corregirla. Puede transparentar todos los permisos, publicar mapas accesibles, coordinar controles con ANEP, Salud Pública y Ambiente, revisar la pertinencia de mantener excepciones tan amplias y fortalecer la información directa a las comunidades educativas.

Fuentes

la diaria — Resolución N° 188/011 sobre distancias de aplicaciones en cercanías a centros educativos
Portal gub.uy —