A un día de la segunda vuelta presidencial, un tribunal peruano resolvió que Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, pase a juicio oral por una causa vinculada al financiamiento partidario. La decisión no lo baja de la elección frente a Keiko Fujimori, pero golpea la campaña en el tramo final de una disputa marcada por el empate técnico, el voto indeciso y el temor a una nueva ofensiva política desde el poder judicial y parlamentario.

Una decisión judicial en plena víspera electoral

Perú llega a la segunda vuelta presidencial con un ingrediente de máxima tensión política. A pocas horas de que la ciudadanía defina quién gobernará el país entre 2026 y 2031, la Justicia resolvió enviar a juicio oral a Roberto Sánchez Palomino, candidato de Juntos por el Perú, por una causa vinculada a presuntas irregularidades en la información de aportes partidarios presentada ante la autoridad electoral.

La resolución fue dictada por el juez Adolfo Farfán tras una audiencia virtual. La Fiscalía sostiene que existen elementos para avanzar hacia el debate oral por presunta falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportes. La defensa de Sánchez rechaza el señalamiento y el candidato denunció que la decisión aparece en el peor momento posible: justo en la víspera de una elección extremadamente cerrada.

El dato jurídico central es que la medida no impide su participación en el balotaje. Sánchez sigue habilitado para competir contra Keiko Fujimori. Pero el impacto político es evidente. En una campaña definida por márgenes mínimos, cualquier movimiento judicial, mediático o institucional puede alterar percepciones, alimentar dudas y condicionar a sectores indecisos.

Sánchez reaccionó públicamente con dureza. Sostuvo que la resolución fue breve, que ni él ni sus abogados conocían todavía los fundamentos completos y vinculó la decisión con un intento de frenar una candidatura en crecimiento. Su mensaje buscó instalar una idea clara: si una candidatura popular crece, aparecen mecanismos de presión que no logran derrotarla en las urnas.

El voto indeciso y la campaña contra el voto en blanco

La segunda vuelta peruana se juega en un escenario de empate técnico. Los últimos sondeos disponibles ubican a Sánchez y Fujimori en una diferencia mínima, dentro de los márgenes de error, con un porcentaje importante de ciudadanos que declara intención de votar en blanco, anular el voto o decidir a último momento.

Ese sector se volvió decisivo. En Perú, el voto blanco o viciado no es un gesto neutro en términos políticos. En una elección tan pareja, puede favorecer indirectamente a la candidatura con mayor estructura, respaldo mediático y capacidad de movilización conservadora. Por eso organizaciones sociales, colectivos de derechos humanos y referentes progresistas salieron a cuestionar la campaña que impulsa la abstención activa o la anulación del voto.

El argumento es político y también histórico. Para esos sectores, Keiko Fujimori no representa una candidatura de derecha más, sino la posibilidad de restaurar un esquema de poder asociado al autoritarismo, la impunidad, la concentración parlamentaria y la ofensiva contra derechos fundamentales. Su partido, Fuerza Popular, tuvo un papel central en los últimos años de crisis institucional, bloqueo legislativo y respaldo político a decisiones muy cuestionadas del Congreso.

Sánchez, por su parte, intenta presentarse como una salida democrática frente a ese poder acumulado. Su candidatura no está libre de cuestionamientos ni tensiones internas, pero logró convertirse en el punto de reunión de sectores populares, rurales, progresistas y antifujimoristas que no quieren permitir el regreso de Fuerza Popular al Ejecutivo.

Un resultado que puede tardar semanas en quedar firme

La jornada electoral de este domingo se desarrolla con más de 27 millones de ciudadanos convocados a votar dentro y fuera del país. El proceso comenzó antes en el exterior por la diferencia horaria, con los primeros sufragios de peruanos residentes en Oceanía y Asia. En territorio peruano, la votación se organiza bajo fuerte despliegue de seguridad, observación nacional e internacional y un clima político cargado.

Las autoridades electorales prevén que los primeros resultados oficiales comiencen a conocerse durante la noche del domingo, una vez cerrado el horario de votación y procesadas las primeras actas. Sin embargo, el resultado definitivo podría demorarse varias semanas debido al tratamiento de actas observadas, impugnaciones y recuentos obligatorios en determinados casos.

Ese punto agrega un factor de riesgo político. Perú ya vivió procesos electorales atravesados por denuncias de fraude, presiones mediáticas y discursos destinados a desconocer resultados adversos. En una elección tan cerrada, la demora en la proclamación final puede convertirse en terreno fértil para operaciones, denuncias cruzadas y movilización de sectores que no acepten el desenlace.

Fujimori llega a esta elección con su discurso de orden frente al caos, apoyada en el recuerdo del gobierno de su padre, Alberto Fujimori, reivindicado por sus seguidores por la estabilización económica y la derrota de grupos armados, pero condenado por amplios sectores por violaciones de derechos humanos, corrupción y autoritarismo.