Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentaron en el debate presidencial antes de la segunda vuelta del 7 de junio. La candidata de Fuerza Popular apostó a un discurso de seguridad, inversión y control del Estado; el postulante de Juntos por el Perú respondió con críticas al poder parlamentario, defensa de derechos sociales y cuestionamientos al modelo que dejó al país atrapado en crisis institucional, desigualdad y desconfianza democrática.

Un debate marcado por la crisis política peruana

Perú entra en la recta final de una segunda vuelta cargada de tensión política, memoria reciente y hartazgo ciudadano. Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, postulante de Juntos por el Perú, debatieron este domingo 31 de mayo en Lima, a una semana del balotaje presidencial previsto para el 7 de junio.

El encuentro tuvo cuatro ejes centrales: seguridad ciudadana; fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos; educación y salud; y economía, empleo y reducción de la pobreza. Pero más allá del formato, el debate dejó en evidencia que la elección peruana no se define solo entre dos candidaturas. También expresa una disputa más profunda sobre el Estado, la democracia, el poder económico, la memoria de los últimos años y el lugar de los sectores populares en el futuro del país.

Fujimori abrió su participación con una idea repetida por la derecha regional: presentar la elección como una decisión entre “orden” y “caos”. Esa fórmula busca instalar miedo, asociar todo cambio con inestabilidad y reducir la discusión pública a una promesa de autoridad. Sánchez, en cambio, apeló al compromiso de “no defraudar al pueblo” y apuntó contra lo que definió como una “dictadura congresal” conducida por las fuerzas que dominaron el Parlamento en los últimos años.

La escena resume buena parte del dilema peruano. De un lado, el fujimorismo intenta volver al Ejecutivo con un discurso de mano dura, seguridad jurídica e inversión privada. Del otro, Juntos por el Perú busca presentarse como una salida de izquierda frente a un sistema político que, tras años de vacancias, gobiernos débiles, represión, pactos parlamentarios y crisis social, dejó a la población entre la desconfianza y la necesidad urgente de respuestas.

Seguridad, derechos humanos y el peso de la memoria reciente

En seguridad ciudadana, Fujimori propuso reforzar el control de fronteras, fortalecer el sistema de inteligencia, modernizar la Policía Nacional y ampliar unidades de flagrancia. También planteó que las Fuerzas Armadas asuman un papel más fuerte en zonas sensibles y que las personas privadas de libertad realicen trabajos para cubrir parte de su manutención.

Sánchez respondió desde otro ángulo. Planteó la necesidad de limpiar la Policía de mandos corruptos, combatir las redes de corrupción interna y enfrentar las leyes que, según su sector, favorecieron la impunidad del crimen organizado. Su enfoque puso el acento en la relación entre inseguridad, corrupción institucional y abandono social, no únicamente en el despliegue represivo.

El cruce más fuerte apareció en torno a Pedro Castillo, Dina Boluarte y las muertes ocurridas durante las protestas sociales. Fujimori buscó vincular a Sánchez con Castillo y con sectores considerados radicales por la derecha peruana. Sánchez defendió su cercanía política con el expresidente encarcelado y acusó al fujimorismo de haber sido parte del blindaje político a Boluarte frente a las investigaciones por la represión.

Ese intercambio fue uno de los momentos más duros del debate. Fujimori intentó ubicar a Sánchez en el campo del caos castillista. Sánchez respondió con una crítica directa al papel del fujimorismo en la inestabilidad peruana: “Basta de vacancias y gobiernos tan frágiles que ha impuesto la señora del caos”, lanzó durante el debate.

El bloque de Estado democrático y derechos humanos mostró una diferencia central. Sánchez cuestionó las reformas impulsadas desde el Congreso y defendió mecanismos de participación ciudadana, derechos humanos y una mirada más fuerte sobre el Sistema Interamericano. Fujimori, en cambio, llevó la discusión hacia promesas de acceso a servicios básicos, títulos de propiedad, programas de empleo y reorganización del Estado.

La tensión de fondo es clara: Perú no solo discute quién gobernará desde julio. También discute qué hacer con un Congreso que en los últimos años se convirtió en un poder decisivo, muchas veces por encima de gobiernos elegidos, y con un sistema político que normalizó la caída de presidentes como si la voluntad popular pudiera administrarse desde acuerdos parlamentarios.

Dos proyectos frente a un país golpeado por pobreza, desigualdad e incertidumbre

En educación y salud, Fujimori prometió telemedicina nacional, ampliación de fondos para enfermedades de alto costo, cobertura oncológica, construcción y modernización de instituciones educativas, recuperación de programas alimentarios y duplicación de Beca 18. Su mensaje buscó combinar gestión, infraestructura y asistencia social bajo un enfoque de orden administrativo.

Sánchez cuestionó la viabilidad presupuestal de esas promesas y sostuvo que la educación superior debe ser reconocida como un derecho universal. También propuso reconocer la deuda social con el magisterio, fortalecer la atención gratuita en el primer nivel de salud y ampliar los centros de salud mental comunitarios.

En economía, empleo y pobreza, el candidato de Juntos por el Perú anunció un fondo de 15.000 millones de soles para crédito a emprendedores, con asistencia técnica. También advirtió que la pobreza ya no se concentra únicamente en zonas rurales, sino que se extendió con fuerza hacia áreas urbanas. En esa línea, defendió programas sociales y una mirada productiva con presencia estatal.

Fujimori respondió desde una agenda de estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica e inversión privada. Propuso reforzar la autonomía del Banco Central, reformar entidades como Sunat y Sunafil, reactivar Prompyme y destrabar grandes proyectos de inversión paralizados. También ofreció facilitar trámites para emprendimientos y presentar su candidatura como garantía de previsibilidad para el mercado.

El contraste es nítido. Fuerza Popular propone ordenar el país desde arriba, con énfasis en autoridad, inversión privada, control institucional y seguridad. Juntos por el Perú propone revisar el modelo, fortalecer derechos sociales, ampliar el papel del Estado y abrir un proceso de transformación democrática con mayor peso de las regiones, las comunidades y los sectores populares.

La disputa llega a una elección ajustada. Las encuestas conocidas antes del debate mostraban una ventaja corta de Fujimori sobre Sánchez, pero también un porcentaje alto de ciudadanos indecisos o inclinados al voto blanco, viciado o a la abstención. Ese dato refleja algo más profundo que una simple duda electoral: expresa la desconfianza acumulada de una sociedad que vio pasar presidentes, crisis, denuncias, represión y promesas incumplidas.

El domingo 7 de junio, Perú elegirá entre dos caminos con fuertes cargas históricas. El fujimorismo vuelve a pedir una oportunidad en nombre del orden. La izquierda de Juntos por el Perú intenta convertir el malestar social en una alternativa de gobierno. En medio queda un país agotado por la inestabilidad, golpeado por la pobreza y obligado una vez más a decidir bajo presión, miedo y esperanza.

Fuentes Jurado Nacional de Elecciones de Perú
Diario Oficial El Peruano