A casi una semana de la segunda vuelta presidencial, Perú sigue sin resultado definitivo. Keiko Fujimori aparece al frente por un margen estrechísimo, mientras Roberto Sánchez y Juntos por el Perú reclaman una revisión exhaustiva ante denuncias de irregularidades, actas observadas e impugnaciones en el país y en el exterior.
Una elección definida por miles de votos bajo revisión
La segunda vuelta presidencial en Perú entró en una zona de máxima tensión política e institucional. En la noche de este sábado, la página de la Oficina Nacional de Procesos Electorales mostraba a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, con 9.072.289 votos, equivalente al 50,051%, frente a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 9.053.801 votos, equivalente al 49,949%, con el escrutinio al 98,435%.
La diferencia, cercana a los 18.000 votos, mantiene la definición abierta. De un total de 92.766 actas, 91.423 figuraban como contabilizadas y 1.343 permanecían pendientes de revisión por los Jurados Electorales Especiales, bajo la categoría de observadas o impugnadas. Allí se concentra buena parte de la disputa: errores materiales, reclamos de los partidos y cuestionamientos sobre mesas donde cada voto puede alterar el resultado final.
La propia ONPE informó el viernes que había finalizado el procesamiento del 100% de las actas pendientes, pero aclaró que no se puede proclamar una fórmula ganadora hasta que termine el análisis de las actas observadas por parte de la justicia electoral. En una elección tan cerrada, esa revisión no es un trámite menor: puede requerir el examen papeleta por papeleta y extender el anuncio oficial.
Juntos por el Perú reclama reconteo total y denuncia irregularidades
Roberto Sánchez planteó públicamente a Keiko Fujimori una solicitud conjunta para pedir a los organismos electorales una revisión exhaustiva y un reconteo total de los votos de la segunda vuelta. El candidato de izquierda sostuvo que una medida de ese tipo daría estabilidad, certeza y confianza a la ciudadanía, cualquiera sea finalmente el resultado.
La propuesta fue rechazada por Fujimori, en un gesto político que profundizó las sospechas de Juntos por el Perú sobre el manejo del proceso. La fuerza de Sánchez denunció presuntas irregularidades en Lima, en mesas del exterior y en zonas donde Fuerza Popular obtuvo ventajas significativas. También acusó al fujimorismo de buscar la anulación de votos en regiones del sur, históricamente más favorables a las candidaturas populares y de izquierda.
Juntos por el Perú presentó pedidos de nulidad sobre unas 2.700 mesas en Estados Unidos, Argentina y Perú. Además, impulsó un recurso para invalidar 1.751 mesas de sufragio en Lima y en regiones del norte como Lambayeque, Amazonas y Áncash, donde afirma haber detectado indicios graves, concordantes y sistemáticos de manipulación de actas y patrones repetitivos de votación en beneficio de Fuerza Popular.
La denuncia política no se limita al resultado numérico. La dirigencia de Juntos por el Perú cuestionó que se modificaran condiciones del proceso durante la jornada, al dejar de lado el registro digital de actas y pasar a un sistema físico. En un balotaje resuelto por márgenes mínimos, cualquier cambio operativo sin garantías suficientes golpea la confianza pública.
Movilización popular y presión institucional en Lima
Este sábado, ciudadanos y militantes de Juntos por el Perú, llegados desde distintas regiones, se movilizaron en el centro de Lima para exigir transparencia en el conteo y respeto a la voluntad popular. La marcha llegó hasta las inmediaciones del Jurado Nacional de Elecciones, bajo fuerte presencia policial.
La protesta expresó el temor de amplios sectores populares ante una posible definición institucional que no agote todas las instancias de revisión. En Perú, la memoria reciente de crisis presidenciales, destituciones, persecución judicial y enfrentamientos entre poderes del Estado carga de mayor gravedad cualquier sospecha sobre el conteo electoral.
El reclamo de nulidad también enfrenta una barrera económica. En Perú, anular una mesa electoral cuesta 1.375 soles, unos 404 dólares. El JNE rechazó inicialmente el pedido de Juntos por el Perú por no haber completado el pago exigido, que ascendería a unos 2,4 millones de soles. Ante eso, el partido convocó a sus simpatizantes a realizar aportes solidarios para financiar la defensa del voto.
Mientras tanto, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, pidió al presidente interino José María Balcázar y a las fuerzas de seguridad reforzar el control del orden interno en la capital. La solicitud se produce en una ciudad que ya se encuentra bajo estado de emergencia, prorrogado por 60 días, oficialmente por el avance del crimen organizado.
La pregunta de fondo es política y democrática: si la diferencia es mínima, si hay actas observadas, si existen impugnaciones cruzadas y si una parte importante de la ciudadanía exige revisar voto por voto, la salida más sólida no puede ser cerrar el proceso a las apuradas. En Perú, la legitimidad del próximo gobierno dependerá de que cada sufragio sea contado, revisado y defendido con transparencia.