Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la presidencia el 7 de junio, después de más de un mes de conteo, actas observadas, fallas logísticas y denuncias de fraude sin pruebas concluyentes. El resultado vuelve a mostrar un país fragmentado, con instituciones electorales bajo presión y una campaña que se encamina hacia una definición tensa.

Perú ya tiene segunda vuelta presidencial. Después de más de un mes de incertidumbre, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó oficialmente los resultados de la primera vuelta y confirmó que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, competirán por la presidencia el próximo 7 de junio.

La definición llegó tarde, con el sistema electoral bajo observación pública y con un clima político cargado de sospechas. La Oficina Nacional de Procesos Electorales había terminado de contabilizar el 100% de las actas presidenciales el viernes 15 de mayo. Fueron 92.766 actas en total. Keiko Fujimori obtuvo 2.877.678 votos, mientras que Roberto Sánchez alcanzó 2.015.114. Ninguna fórmula logró superar la mitad de los votos válidos, por lo que corresponde una segunda elección entre las dos candidaturas más votadas.

Durante semanas, el conteo avanzó entre actas observadas, revisiones de los jurados electorales especiales y críticas al desempeño de la ONPE. El proceso dejó expuesta una fragilidad institucional que ya no puede leerse solo como un problema técnico. En un país marcado por la inestabilidad política, cada demora electoral se transforma rápidamente en sospecha, cada error operativo abre espacio para teorías de fraude y cada candidato derrotado enfrenta la tentación de desconocer el resultado.

Una elección cerrada y un sistema bajo presión

El margen que llevó a Roberto Sánchez a la segunda vuelta fue estrecho. El candidato de Juntos por el Perú superó por poco más de 21.000 votos a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien quedó en tercer lugar y cuestionó el proceso. Las autoridades electorales no encontraron elementos suficientes para sostener las denuncias de fraude, pero el daño político ya estaba instalado.

Uno de los episodios más sensibles ocurrió durante la propia jornada electoral. Por problemas en el traslado del material, miles de ciudadanos no pudieron votar en el horario previsto. La ONPE informó luego que se instalaron las mesas que no habían funcionado el día anterior en locales de Lima, una situación excepcional que alimentó el malestar y dio combustible a los sectores que ya desconfiaban del conteo.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, terminó renunciando el 21 de abril. En su salida reconoció problemas técnicos y operativos, aunque rechazó la existencia de fraude. Más tarde, la investigación fiscal sobre lo ocurrido agregó otro elemento de tensión a un proceso que ya venía golpeado por el descrédito.

Perú arrastra desde hace años una crisis de representación política, con presidentes que caen, congresos enfrentados al Ejecutivo, partidos débiles y una ciudadanía que vota muchas veces más por rechazo que por adhesión. La elección de 2026 no escapó a esa lógica.

Fujimori y Sánchez: dos caminos para un país agotado

Keiko Fujimori llega otra vez a una segunda vuelta presidencial. Es su cuarto intento por alcanzar la presidencia. Su apellido sigue dividido entre quienes lo asocian con orden y seguridad, y quienes lo vinculan con autoritarismo, corrupción y heridas abiertas desde los años noventa. La candidata de Fuerza Popular vuelve a apoyarse en un discurso de mano dura frente al crimen, uno de los temas que más preocupa a la población peruana.

Roberto Sánchez aparece en la otra vereda. Exministro, congresista y referente de Juntos por el Perú, logró entrar al balotaje con apoyo fuerte en zonas del sur andino y sectores rurales. Su candidatura recoge parte del voto que se sintió representado por Pedro Castillo y por una demanda de mayor presencia estatal, descentralización y revisión del modelo económico.

La segunda vuelta no se presenta como una elección sencilla. Los dos candidatos cargan altos niveles de rechazo. Fujimori representa para una parte importante del electorado el regreso de una derecha dura con pasado autoritario. Sánchez, por su parte, deberá enfrentar temores empresariales, ataques desde la derecha y cuestionamientos judiciales que ya empezaron a marcar la campaña.

El problema para Perú es que la disputa no se ordena únicamente entre derecha e izquierda. También se organiza alrededor del miedo: miedo al crimen, miedo al autoritarismo, miedo a la inestabilidad, miedo al retorno de viejas prácticas políticas y miedo a un salto económico incierto. Ese clima reduce el margen para un debate programático serio.

Una democracia que vota, pero no termina de estabilizarse

Perú vota, cuenta y proclama resultados. Eso importa. Pero el caso también muestra que una democracia no se sostiene solamente con urnas abiertas. Necesita confianza pública, reglas aceptadas por ganadores y perdedores, organismos electorales sólidos y partidos capaces de representar algo más que liderazgos personales.

La proclamación oficial cierra una etapa, pero no resuelve el fondo del problema. El país llegará al 7 de junio con una segunda vuelta polarizada, un sistema electoral cuestionado y una ciudadanía cansada de gobiernos breves, crisis sucesivas y promesas incumplidas.

El próximo presidente o presidenta asumirá el 28 de julio para un mandato de cinco años. Lo hará en un país que en la última década tuvo una sucesión constante de mandatarios, con una economía que ha mostrado resistencia gracias a sectores como la minería, pero con una vida política cada vez más frágil.

La campaña que empieza ahora tendrá que decidir algo más que un nombre. Perú deberá elegir entre dos candidaturas muy distintas, pero también deberá medir cuánto daño dejó este proceso en la confianza democrática y cuánto margen queda para reconstruir autoridad sin caer en salidas autoritarias.

Fuentes

Jurado Nacional de Elecciones / Agencia Andina: proclamación oficial, votos obtenidos y fecha de segunda vuelta.